Las claves de la nueva Ley de Movilidad
Se abre la puerta a que los ayuntamientos establezcan tasas de circulación en zonas de bajas emisiones.
Giro de timón a la movilidad en España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que contempla la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.
El texto normativo también recoge la reordenación del transporte de viajeros regular por carretera a través de un nuevo mapa concesional en el que ya se está trabajando con las comunidades autónomas.
El objetivo de ese replanteamiento es mejorar el servicio es que el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, de forma más competitiva y con un mejor servicio, según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Igualmente, la nueva norma reconoce la importancia estratégica del transporte de mercancías como un servicio indispensable.
Reducir 8.000 millones de euros de ineficiencias
La ley, que el Gobierno espera que entre en vigor el año que viene, también pretende reducir las ineficiencias de gasto en las inversiones de transporte. El Ejecutivo las cifra en 8.000 millones de euros en una década.
Para ello, se pretende mejorar la calidad en las decisiones de gasto haciendo un análisis que garantice la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones.
Otro de los pilares de la Ley de Movilidad Sostenible es la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, con la que, según el Gobierno, se facilitará la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Planes de movilidad en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes
Otro de las propósitos del texto normativo es acelerar la descarbonización del transporte con ciudades pensadas para las personas y no para los coches. Con ello, como ya se ha mencionado, se abre la posibilidad de que los ayuntamientos puedan implementar tasas a la circulación de ciertos vehículos en zonas de bajas emisiones. También se ordena que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán tener planes de movilidad sostenibles.
Por otro lado, a las empresas de más de 500 empleados se les exige contar con planes de movilidad sostenible al trabajo y a las compañías de transporte se les pide que calculen la huella de carbono y que comuniquen la misma a los usuarios.
Asimismo, la ley apostará por la digitalización y la innovación. Lo hará a través de “un nuevo espacio de datos; un sandbox (entorno de pruebas) de movilidad para evaluar proyectos innovadores y una ventanilla única para que los vehículos autónomos puedan hacer pruebas en vías públicas”, ha precisado Raquel Sánchez.
