Las claves de la ley que blinda el aborto en la sanidad pública

El curso político ha llegado con mucho movimiento. Y así seguirá. El Consejo de Ministros (con la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje a Alemania) ha aprobado este martes la reforma de la Ley del aborto, que busca blindar este derecho en la sanidad pública, entre otras medidas. España dará así un nuevo paso adelante en los derechos de las mujeres mientras en otros países van en retroceso.

La reforma, impulsada por Igualdad, permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años, se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después y se establecen las bajas por menstruación dolorosa pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.

Esta norma recibió luz verde por parte del Ejecutivo el pasado mayo y, tras recibir los informes preceptivos de la Fiscalía, CGPJ y Consejo de Estado, así como las aportaciones de otros ministerios, regresa al Consejo de Ministros para culminar esta primera fase de su tramitación, antes de pasar al Parlamento.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, de esta forma, “garantizamos el acceso al derecho a la educación sexual, y es una ley complementaría a la ley del ‘sí es sí’”, con el objetivo de “construir una arquitectura de políticas públicas verdaderamente feminista”.

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la eliminación de la exigencia de consentimiento parental para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo. También, suprime los tres días obligatorios de reflexión y pretende garantizar que las interrupciones voluntarias de embarazos se practiquen por norma general en centros sanitarios públicos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, cuando sólo el 15% de los abortos se llevan a cabo en la pública.

Además, incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.

Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula de igual forma que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.

Entre las medidas que recoge esta norma está también que los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita.

Pobreza menstrual

En una entrevista en Radiocable este lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que España será el segundo país del mundo tras Escocia en combatir la pobreza menstrual, ya que la futura ley contempla el reparto gratuito de productos de higiene en colegios, prisiones y centros públicos vinculados a los servicios sociales.

“Hay muchísimas mujeres en España que no pueden elegir los productos de higiene menstrual que querrían. Es una medida muy importante también para que la menstruación esté presente en el debate público, deje de ser un tabú y un estigma y que podamos hablar con normalidad porque es parte de nuestra salud”, ha resaltado.

Así, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes.

Además, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina. También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.

Finalmente, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.