Las asociaciones y la izquierda piden una Ley de Memoria Democrática más ambiciosa

La Ley de Memoria Democrática pasa hoy su último trámite en La Moncloa y encara el debate en el Congreso. No será sencillo. Cuando comience ese camino, previsiblemente en abril, se encontrará con la oposición no ya de PP o Vox, esperable, sino de los grupos de izquierda y de las asociaciones memorialistas que, aplaudiendo la norma y sus aspiraciones de mejora respecto a la de 2007, sigue siendo insuficiente, a su entender.

Las entidades memorialistas, que el domingo pasado se reunieron ante la Cámara Baja en el 85º aniversario del golpe de estado de 1936, reclaman un articulado que “ponga fin a la impunidad del franquismo”, pero de veras. “Queremos que contenga el rechazo, la ilegalización y anulación de todas las sentencias del franquismo”, reclamó Pablo Mayoral, presidente de La Comuna-Presxs del franquismo, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

El portavoz de la Comisión Coordinadora de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, Arturo Peinado, también valoró que el texto legal “se queda corto”, ahondando en “la anulación de las sentencias franquistas, incluyendo una declaración de los tribunales represivos y de los consejos de guerra del franquismo, así como la judicialización de las fosas comunes del franquismo, que no sea con un sistema privatizado”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la ley hace algunos avances en materias como la eliminación de fundaciones que tienen como objetivos enaltecer a figuras que violaron derechos humanos. “España ha estado fabricando ignorancia. Es hora de que la ciudadanía sepa lo que ocurrió aquí”, señala Emilio Silva, su presidente, a la par que ensalza los avances en materia educativa.

Por otro lado, lamenta que en materia de desaparecidos “avanza de manera insuficiente” y recuerda los informes de Naciones Unidas que exigen que terminen con las diferencias de trato entre las víctimas de distintas violencias.

También echa en falta un comisionado para atender a las víctimas y lamenta que haya ayuntamientos que no quieran colaborar con la memoria democrática. “No estamos participando de las subvenciones porque consideramos perverso que haya familiares de desaparecidos que presentan proyectos al Estado y que compiten entre ellos por excluirse unos a otros. Esto es un derecho y tiene que ser tratado por el Gobierno. El Estado tiene que crear un organismo para escuchar a las familias”, apunta.

Además, Silva recuerda que hay un punto todavía pendiente, “que el Estado se disculpe con las miles de personas que se han muerto ignoradas por todos los gobiernos de la recuperada democracia”. En este sentido, denuncia que este abandono de los sucesivos gobiernos debería aparecer en la ley y reclama un “gran acto público” en el que se pida perdón por el abandono.

Más ambiciosa

Más “ambición” es lo que reclaman la mayoría de partidos en los que el Gobierno necesita encontrar apoyos para sacar sus leyes adelante, como es el caso de ERC, EH Bildu y Compromís. Unidas Podemos, por su parte, también la ve “insuficiente” y confía en que se pueda mejorar durante su trámite parlamentario.

ERC y EH Bildu consideran que el texto legal sigue negando la Justicia para “todas las víctimas” debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal para los crímenes del franquismo. Asimismo, la redacción actual de la norma “se queda corta, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva, debido a la Ley de Secretos Oficiales franquista”. Por ello, piden que sea “más ambiciosa”, aunque apoyan de inicio la tramitación parlamentaria de la norma.

Coinciden en reclamar, además, el retorno de los bienes requisados a republicanos, un patrimonio que fue a parar a manos de afectos al régimen franquista, que afecta a políticos, ciudadanos de a pie, sindicatos...

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado que su posición es “muy contraria” al texto que remite el Gobierno a las Cortes y que “ahora mismo” su partido no puede darle aval, salvo a favorecer su tramitación parlamentaria con el objetivo de que continúe el debate y se puedan aportar propuestas. Rufián reconoce “el paso adelante” que el proyecto de ley representa respecto a la Ley de Memoria Histórica, que no fue apoyada por ERC, por lo que cree que el tiempo les ha dado “la razón”, ya que los partidos de gobierno han entendido que tenían que ir más allá de esa ley de hace catorce años.

No obstante, a Rufián le parece que la justicia además de punitiva “tiene que ser restaurativa”, por lo que echa en falta en el proyecto de memoria democrática el retorno de todo el patrimonio a las familias represaliadas por el franquismo y también “algo tan sencillo como declarar a ese régimen ilegal”. También aboga por “un banco de ADN real” para “dignificar la memoria” de las más de 100.000 personas cuyos restos están “en las cunetas”.

El portavoz de CUP, Albert Botran, también ha considerado “muy insuficiente” el proyecto y ha incidido en que carece de medidas para que sea devuelto el patrimonio que fue requisado a muchas asociaciones, entre ellas sindicatos y partidos políticos, a raíz del golpe de estado del que se han cumplido 85 años.

El proyecto de ley “está muy por debajo de lo que sería una memoria antifascista y democrática”, ha resumido Botran, quien ve asimismo un “trato desigual” entre víctimas, con desventaja para las que los son de la violencia de estado o de grupos parapoliciales o de ultraderecha.

Para la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, el texto es positivo “pero claramente insuficiente” y “claramente mejorable”, por lo que van “a trabajar” en su trámite parlamentario. Entre sus carencias, Vidal ha citado la falta de compensaciones económicas para las víctimas o ampliar el período de la normativa para que las vulneraciones de derechos durante la transición sean consideradas crímenes de la dictadura.

Por el PDeCAT, su portavoz, Ferran Bel, ha dicho que no se pronunciarán hasta que puedan leer el texto definitivo, aunque ha admitido, por una parte, que era necesaria una nueva ley en este ámbito, por lo que apoyarán su tramitación, y por otra, que seguramente plantearán enmiendas.

En Más País tienen “una sensación agridulce”, han explicado fuentes de esa formación a Efe, ya que por un lado agradecen que por fin salga adelante el nuevo texto para una ley “necesaria” y que nivela al país “a la altura de las democracias avanzadas europeas que no tratan de ocultar su pasado violento ni de utilizarlo como arma política”, pero por otro lado “es tibia para el tiempo que ha tardado en cocinarse”, un año, y “no satisface muchas de las demandas de las víctimas y los acuerdos internacionales que España ha ratificado”.

En otra de las ruedas de prensa de este martes en el Congreso, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha opinado que la ley es “más necesaria que nunca para que no se pueda poner en entredicho un golpe de estado”. De ese modo Baldoví ha vinculado la aprobación del proyecto con las palabras del exministro de la UCD Ignacio Camuñas, quien este lunes dijo en un acto del PP en presencia de su presidente, Pablo Casado, que el alzamiento militar de 1936 “no fue un golpe de estado” sino “un fracaso de todos los españoles”.

El diputado de Compromís ha lamentado que Casado “ni levantara una ceja ni apostillara nada” ante ese negacionismo de un golpe de estado, en un “silencio significativo”. Coincide Botran en que Casado “con su silencio asiente” y que esa “mentalidad franquista” pervive en el PP.

Sobre la negación de Camuñas, Rufián ha indicado que “a Casado cada vez más le marca la agenda Ayuso”, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por eso, a su juicio, tiende “a rodearse de esos personajes” que dicen lo que él no se atreve a decir, pues “los salvajes están envalentonados” por los éxitos de Vox.