Las aguas putrefactas del Canal de Isabel II no solo desembocan al otro lado del charco

La presidencia de Ignacio González volvió putrefactas las aguas del Canal de Isabel II. Durante los siete años que el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid presidió la empresa pública, la fiscalización de cuentas brilló por su ausencia. La detención este miércoles del delfín madrileño de Esperanza Aguirre, y de otras 11 personas, confirma las múltiples sospechas que desde hace cinco años señalan a la gestora del agua por presuntas irregularidades.

El agujero multimillonario en el Canal de Isabel II durante el mandato de Ignacio González (2003-2012) supera la presidencia de Esperanza Aguirre y salpica a su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Hasta 60 millones de euros salieron de las arcas públicas del Canal para enriquecimiento personal de Ignacio González y su entorno y supuesta financiación ilícita del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Uno a uno, estos son los cuatro delitos que se imputan a Ignacio González y a los otros once detenidos por lo que ya era un secreto a voces, sobre todo en la Asamblea de Madrid, donde la oposición procuraba día sí y día también requerir información en caliente sobre la empresa pública el Canal de Isabel II. Y desde donde la socialista Mercedes Gallizo denunció las dificultades impuestas por la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a las investigaciones de la oposición.

El Canal compró empresas en América Latina muy por encima de su valor en el mercado, adquisiciones que se hicieron a través de una empresa opaca con sede en Uruguay, vinculada al bufete Mossack Fonseca, origen de los Papeles de Panamá, y siempre a través de pagos procedentes de bancos suizos. Pero no solo.

La Fiscalía Anticorrupción asumió a principios de marzo el caso Canal. El mérito es de la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad de Madrid. Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid presentaron en los primeros días del pasado mes un amplio dossier sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de Emissao Engenharia e Construcao, una operación que supuso un desfalco de 35 millones de euros y en la que se podría haber cometido un delito penal por la compra fraudulenta de la sociedad brasileña, una filial por la que pagó 21 millones de euros -un año después valía cuatro veces menos- y que cerró en julio de 2016. Aquel mes, el Canal de Isabel II cerró diez de sus 20 empresas en América Latina, porque "tenían poca actividad" o porque la misma no era "razonable y compatible" con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable de la empresa pública, Ángel Garrido, quien continúa en el cargo. Y al que la oposición exige que comparezca de inmediato en la Asamblea.

La compra de la brasileña Emissao Engenharia se realizó, según fuentes judiciales, a través de una Empresa opaca radicada en Uruguay, que aparece en los Papeles de Panamá, con pagos procedentes de bancos suizos, lo que podría revelarse como un delito de malversación de caudales públicos.

Pero la red latinoamericana no es el único agujero negro en el Canal durante el mandato de Ignacio González, y, para muchos, la máquina registradora del Partido Popular en Madrid. Pasen y lean:

1. TIRA DEL HILO DEL 'ESPIONAJE'

Los viajes de Ignacio González a Latinoamérica eran una constante en sus primeros años al frente del Canal. Uno de sus viajes destapó el llamado caso de los espías, por el que se realizó seguimiento a varios cargos del Partido Popular, aunque el expresidente regional sostiene todavía hoy que solo el suyo quedó acreditado. Ignacio González viajó a Colombia por cuenta del Canal de Isabel II en 2009, allí se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe y aprovechó para comprobar el estado en el que se encontraban las sociedades del Canal.

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Poco después, se reveló que el espionaje había sido ordenado desde la Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid. De aquel espionaje nacieron dos informes policiales con fotografías y documentos privados del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid al que se le intentaban atribuir conductas delictivas o irregulares.

2. Y SIGUE LA PISTA DEL 'PISITO'

La primera imputación que pesa sobre Ignacio González fue aquella otra del dúplex en Estepona. En 2011, el delfín aguirrista era investigado por su ático de lujo en la localidad malagueña que primero alquiló y luego compró por 770.000 euros, muy por debajo de su precio de 1,3 millones. La adquisición se hizo a través de una sociedad en Panamá, propiedad del futuro hombre en América Latina del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez. Una denuncia del sindicato policial SUP fue el detonante de las pesquisas. La denuncia apuntaba a que el ático era en realidad un pago en especie.

3. INASSA

La trama empresarial tejida por la gestora del agua de Madrid en Iberoamérica es extensa. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). Su actividad principal "es la gestión de los procesos del ciclo integral del agua" y tiene participación en otras empresas, en quiebra o cuyo funcionamiento se desconoce, en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Brasil, Venezuela, México y Uruguay.

De esas 20 empresas, solo cinco se dedicaban a la gestión del ciclo integral del agua, abastecimiento y saneamiento. Además, de las 20 empresas solo seis están participadas íntegramente por el Canal.

Ignacio González, en el video difundido por la cadena SER sobre el supuesto espionaje en Colombia.

El 14 de noviembre de 2013, Soluciones Andinas adquirió el 75% de Emissao Engenharia e Construçoes, con sede en Río (Brasil) y especializada en ingeniería de obra pública relacionada con el mantenimiento, explotación, distribución y saneamiento del agua. Esa compra se ejecutó con Edmundo Rodríguez como presidente de Inassa. Para realizar la adquisición de Emissao, Canal Extensia prestó 14,4 millones a Soluciones Andinas y siete millones a Inassa. En esos momentos, el presidente de la Comunidad era Ignacio González y el presidente del Canal, Salvador Victoria, imputado en la actualidad en el caso Púnica.

4. EL CANAL Y LA 'PÚNICA'

Según la investigación del juez Eloy Velasco, Ignacio González empleó el Canal para otras tareas muy distintas de las de servir agua a los madrileños. Así, pagó a las empresas del imputado en la trama PúnicaAlejandro de Pedro (Eico y Madiva) por sus trabajos de reputación en Internet para mejorar la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid como su expresidente Ignacio González. Así se desprendió de la declaración que prestó en octubre de 2014 ante la Guardia Civil el hermano de Alejandro de Pedro, Adrián de Pedro, quien señaló que "la facturación ficticia que se está pagando de Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel II", según constaba en el sumario de la trama.

El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ya señaló en su auto del 25 de junio de 2016 que los pagos ordenador por el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, antes presidente del Consejo del Canal, con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II lo eran "sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid". Mano derecha de Ignacio González, Salvador Victoria, lo recordamos, también está investigado en el marco de la Púnica.

5. LOS PAPELES DE PANAMÁ

El hombre en América Latina de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, llegó a Inassa en el año 2006 de la mano del hombre que entonces era vicepresidente del Gobierno regional y por lo tanto también presidente del Canal. Además de mentor del pisito en Estepona de Ignacio González, el exdirectivo de Inassa fue uno de los espiados en el famoso viaje que González realizó a Colombia a finales del verano de 2008, y que motivó una denuncia judicial del propio expresidente de la Comunidad. Su sucesora, Cristina Cifuentes, lo destituyó nada más conocer que operaba con tres sociedades involucradas en los papeles de Panamá. Edmundo Rodríguez Sobrino, también detenido este miércoles, es consejero del diario La Razón, desde el que se coaccionó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que cerrara la boca ante la trama de corrupción.

Otro directivo del Canal de Isabel II en los papeles de Panamá. Ángel Rondón Rijo, tiene el 35% de AAA Dominicana, empresa participada por el Canal, montó una firma offshore en Panamá utilizando las dos mismas sociedades que sirvieron a su vez para el duplex marbellí de Ignacio González, imputado por esta operación de compraventa en un juzgado de Estepona. Ángel Rondón es accionista de Dominicana desde que esta se constituyó en abril de 2000. Ignacio González fue presidente del Canal entre 2003 y 2012. Socio estratégico del Canal en República Dominicada, está investigado en su país de origen por corrupción relacionada con el caso Odebrecht, que tiene de vuelta y media a gran parte de la clase política latinoamericana.

6. CANAL GREEN GOLF

La idea de un campo de golf en las inmediaciones de la sede madrileña del Canal es de Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, también detenido este miércoles en la sede de la empresa pública Mercasa, donde es director de Operaciones. La operación le supuso unas ganancias de 30 millones de euros, según fuentes del caso. El del Canal Green Golf tampoco ha sido un camino de rosas.

La lucha judicial contra el campo de golf ha hecho honda huella entre los vecinos de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre obtuvo la licencia de obras para construir una instalación deportiva en los 118.944 metros cuadrados que el Canal de Isabel II tiene en Chamberí. El proyecto inicial destinaba parte de esta parcela a una zona verde de uso público, un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto. Pero durante las obras, el proyecto cambió: el complejo incluiría un campo de prácticas de golf de nueve hoyos y la construcción de nuevos pabellones para vestuarios, almacén y cafetería.

En diciembre de 2006, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, adjudicó la explotación del campo de golf un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret, participada en un 30% por su hermano Pablo González, también detenido este miércoles en el marco de la operación Lezo. Como guinda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó en enero pasado el derribo del campo de golf, que finalmente cerró en febrero.

7. LA CÁMARA DE CUENTAS

El Canal crea en 2012 Canal de Isabel II Gestión, una sociedad anónima dedicada a la prestación de servicios del Canal sin tener que atenerse a los condicionamientos que impone la figura del ente público sin fines de lucro. Esta particularidad a la que se suma otra relativa a los vínculos personales entre el Canal y la Cámara de Cuentas ha hecho que la fiscalización de las cuentas públicas de la gestora del agua de Madrid brillara por su ausencia. Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas, fue director gerente del Canal entre septiembre de 2001 y mayo de 2003.

Años después, Ildefonso de Miguel ocupa el puesto de director gerente del Canal. De Miguel está casado con Concha Ruano, consejera y fiscalizadora de la Cámara. El PSOE intentó reprobarla de su cargo por considerarla "falta de objetividad, independencia y rigor en el desempeño de su función". De Miguel, persona de máxima confianza de Ignacio González, dimitió en 2009, cuando fue convocado por el propio Consejo del Canal para explicar la adjudicación de un contrato de atención telefónica por 26 millones de euros que no supo explicar.

8. CANAL GESTIÓN

Con la constitución de Canal de Isabel II Gestión, la anterior administración autonómica llevó una gestión orientada al mercado, con pagos de dividendos y emisión de bonos incluida. Canal Gestión está participada en un 82,4% por la Comunidad de Madrid, a través del Canal, un 10% por el Ayuntamiento madrileño y el 7,6% restante repartido entre más de cien municipios de la región.

9. SOBORNOS A TRAVÉS DE EMPRESAS DEL CANAL

También se investiga a Ignacio González por el presunto pago de sobornos a través de empresas del Canal. En uno de los documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho de un directivo de la constructora Corsán se detallan 51 nombres, cargos y teléfonos de altos cargos (desde director general hasta jefe de departamento) de diversos organismos públicos, entre ellos el Canal de Isabel II. También Ángel Rondón pagó sobornos en República Dominicana con dinero de las arcas del Canal. La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó a través de Rondón 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir la adjudicación de obras.

10. 'OPERACIÓN TOSCA': HISPANAGUA

También se detuvo a varios empleados de la filial del Canal Hispanagua, empresa creada por el Canal de Isabel II en 1995, en el marco de la operación Tosca. Jaime Lafora, exresponsable del Área Comercial de Hispanagua, describió en su intervención ante la Asamblea de Madrid en octubre de 2016 un panorama de corrupción y amiguismo enorme en la entidad. A preguntas de los diputados en la Comisión del Estudio sobre el Endeudamiento, habló de contratos a dedo diseñados para cargos públicos y de obras que se facturaban varias veces al Canal para cuadrar las cuentas. Un procedimiento que denominó "meter los mayores clavos". Hispanagua se vio inmersa en un escándalo en 2008 cuando se detectaron problemas con las facturas de la compañía y un agujero de 700.000 euros

11. GSS VENTURE

La concesión a GSS Venture, participada en un 25% por el propio Canal Gestión, para prestar el servicio de atención al cliente fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad por presuntas irregularidades en el proceso. El director comercial del Canal en el momento de la adjudicación, Juan Ignacio Zubizarreta, era a la vez consejero de GSS. La adjudicación fue suspendida por el Tribunal Administrativo.

12. LA PRENSA DE LA CAVERNA

El presidente y el director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, han sido citados a declarar como investigados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Ambos están imputados en el marco de laoperación Lezo por supuestas coacciones en favor de un consejero del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido este miércoles por ser el hombre en Latinoamérica del Canal de Isabel II y persona muy próxima a Ignacio González.

Casals habría ordenado a Marhuenda que presionara a Cifuentes para no denunciar los abusos e irregularidades detectadas en en Canal de Isabel II o se le haría una campaña de desprestigio.

Edmundo Rodríguez es consejero del diario La Razón y controla un 23,9% del accionariado de la sociedad editora. El expresidente de Inassa (la matriz del Canal de la que dependen las sociedades suramericanas), fue destituido por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que se conociera que aparecía en los papeles de Panamá.

Según se desprende de la investigación, Marhuenda llega incluso a comunicar a Edmundo Rodríguez que han publicado noticias falsas contra Cifuentes y gente de su equipo como advertencia para que no denunciara el desfalco cometido en el Canal.