La vuelta del curso político: estos son los temas que marcarán la agenda

Volver a empezar, otra vez. El curso político está a punto de arrancar y se presenta como uno de los más inciertos e importantes de la historia, con una pandemia que sigue azotando España con fuerza y con su derivada: una crisis económica, de consecuencias aún inciertas, que amaga con reflejar toda su crudeza este otoño en los principales indicadores económicos.

Los diputados, que están apurando sus vacaciones, enfrentarán desde sus escaños a partir de septiembre tres grandes temas que coparán la agenda política: la negociación de los presupuestos generales, la evolución del coronavirus y Cataluña, con unas elecciones autonómicas en el horizonte que el presidente, Quim Torra, convocará cuando más le convenga a Junts en su particular batalla con ERC por la hegemonía independentista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avisado a sus ministros de que vienen meses muy duros para su gabinete. Por eso, el líder socialista intenta llevar la iniciativa, como demuestra su agenda de la próxima semana. Sánchez empezará el lunes rodeado, en la Casa de América de Madrid, de los principales líderes empresariales y sindicales, también de otros líderes del mundo digital, de la ecología y del sector de los cuidados, para mostrar y pedir unidad.

La foto del jefe del Gobierno con los principales rostros del Ibex, de los sindicatos y de los sectores punteros del país meterá presión a la oposición, en especial al PP, para que no rechace de lleno un acercamiento al Ejecutivo en un momento en el que país está necesitado de un “mínimo común denominador”, como insiste el Gobierno.

El jefe de los populares, Pablo Casado, se verá con Pedro Sánchez dos días después, el 2 de septiembre, en Moncloa. La del jefe de la oposición será la primera cita de la ronda de contactos que mantendrá el líder socialista con algunos grupos del Congreso para tantear los apoyos que puede cosechar a los presupuestos que está elaborando el equipo que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez incidirá en esos encuentros, en los que también participará la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el del PNV, Aitor Esteban, en la importancia de alumbrar unas cuentas que pongan punto y final al reinado económico del PP. La ironía se hace cada día más patente e insostenible: PSOE y Podemos gobiernan con unas cuentas prorrogadas que diseñó, para el año 2018, el cerebro contable del Gobierno de Mariano Rajoy: Cristóbal Montoro.

El apoyo a los presupuestos, no obstante, no va a ser un camino de rosas para Sánchez, quien empieza a recibir la misma presión que antes de la formación del Gobierno de coalición. Mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hizo este viernes un llamamiento a los partidos que quieran negociar las cuentas a ceder para cerrar un acuerdo que no excluya a nadie, sus socios de Unidas Podemos marcaron una línea roja: con los naranjas, no. “Si pacta con Ciudadanos los presupuestos que no cuente con nosotros”, aventuró la coportavoz, Isa Serra.

El líder socialista tendrá que hacer de funambulista si quiere sumar a Ciudadanos al acuerdo presupuestario sin perder los 35 votos morados en la Cámara, algo que dejaría muy tocada la coalición entre PSOE y Podemos, que pautó en enero la forma de discrepar.

En caso de que Ciudadanos y morados se toleren y den un ‘sí’ a las cuentas, la suma de PP, Vox y el bloque independentista catalán (ERC, JxCat y CUP) no tumbaría los presupuestos generales si, además, Sánchez mantiene el resto de apoyos que le votaron en enero: PSOE, Podemos, PNV, Compromís, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canaria. El problema es que la pandemia está alterando todos los equilibrios y acuerdos.

Moncloa se apoyó en los 10 diputados naranjas para salvar algunas prórrogas del estado de alarma justo cuando la mayoría que alumbró la investidura de Sánchez quedó en el aire por el rechazo de ERC a colaborar con el Ejecutivo. Entonces, los republicanos consideraban que la extensión de la alarma, bajo la que operaba el mando único de Sanidad, suponía una invasión de las competencias de la Generalitat, lo que obligó al Ejecutivo a buscar otros apoyos.

La batalla entre ERC y el espacio posconvergente que encabezan Quim Torra y Carles Puigdemont prosigue. El botón para sacar las urnas lo tiene el ‘president’, a quien le llegará en septiembre la inhabilitación definitiva por el caso de los lazos amarillos. Mientras, los republicanos ya no pueden colocarse la medalla de la mesa de diálogo entre Govern y Moncloa que ha quedado arrasada por la ola del coronavirus y que ven condición sine que non para el si de ERC a las cuentas.

Naranja más rojo borra morado

El balón de oxígeno de los naranjas al Ejecutivo propició un entendimiento entre Sánchez y Arrimadas que ahora inquieta a Podemos y que los morados usan para presionar a su socio de Gobierno y marcar distancias sobre los presupuestos, como también ocurre con la crisis que siguió a la salida de España de Juan Carlos I y las investigaciones que cercan al rey emérito.

La crisis de la corona y la defensa cerrada que Sánchez hizo del pacto constitucional de 1978, con el que el PSOE, un partido de tradición republicana, se compromete a apoyar la monarquía mientras la democracia sea plena, dificulta también que ERC se siente a negociar las cuentas con los socialistas.

Los de Oriol Junqueras saben que la familia real es la diana de la animadversión independentista hacia el resto de España y no se pueden permitir ese acercamiento ahora que llegan las principales fechas de exaltación secesionista: la diada del 11 de septiembre y el aniversario del 1-O.

La moción de censura de Vox, la primera que enfrenta el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos solo 8 meses después de que se pusiera en marcha, también marcará el arranque del curso. Finalmente, Santiago Abascal será el candidato de la ultraderecha para sustituir a Sánchez después de amagar con presentar una figura alternativa que generara consenso para una “concentración nacional”, la misma que pedía Cayetana Álvarez de Toledo, la destituida portavoz popular en el Congreso.

El discurso de Vox servirá al Gobierno, previsiblemente, para apretar filas y reforzarse. La ofensiva ultra en la Cámara presionará al PP. Los de Pablo Casado aún tienen que asentar los cambios que ha propiciado la dirección del partido tras el éxito en las urnas el pasado 12-J de la línea ‘moderada’, que encarnan barones regionales como al gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juanma Moreno Bonilla.

La salida de Álvarez de Toledo de la portavocía en la Carrera de San Jerónimo y la entrada de Cuca Gamarra aleja a los populares de Vox por formas e ideología. Aunque está por ver si aun con esas el PP es capaz de marcar un perfil propio de oposición que le permita ofrecerse como alternativa no radical al Gobierno.

El PP también se tendrá que replantear sus relaciones con Ciudadanos, después de que los de Inés Arrimadas no hayan dudado en colaborar con el Gobierno, dejando al margen al PP. De momento, Casado ya le ha lanzado a Sánchez que no cuente con el apoyo de los 89 diputados conservadores a las cuentas si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no sale del Gobierno. Una apuesta de máximos que el propio Casado sabe que no va a ningún sitio.

La gestión de la epidemia también marcará el nuevo curso político. Con los casos diarios de contagios, hospitalizaciones y muertes en alza desde hace al menos un mes, el Gobierno ha logrado derivar la responsabilidad de la crisis sanitaria a las autonomías, a las que ofreció la posibilidad de pedir el estado de alarma y defenderlo en el Congreso a cambio de trabajar para que sea apoyado en la Cámara. Sánchez no está a dispuesto a asumir en solitario el coste político de los datos diarios de Sanidad. Además, cree realmente en el Estado autonómico y en la cogobernanza.

Con ese movimiento, el líder socialista lanzó la pelota al tejado de las comunidades más beligerantes con la gestión que hizo el Gobierno durante lo peor de la epidemia, como Madrid y Cataluña. Ambas regiones repicaron con fuerza para que Sanidad les diera capacidad para gestionar la crisis sanitaria. Pero ahora han quedado en evidencia y Sánchez lo está utilizando políticamente.

Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña tienen un problema común además de ser regiones con alta incidencia del virus: la falta de rastreadores para hacer un seguimiento de los casos. Por eso, Sánchez puso a disposición de Isabel Díaz Ayuso y de Quim Torra (también del resto de autonomías) 2.000 militares para engrosar los equipos de Salud Pública de las comunidades.

Lo cierto es que la segunda ola del coronavirus se ha adelantado, según el criterio de los epidemiólogos, que no esperaban, cuando decayó el estado de alarma, terminar el verano con la situación “preocupante” actual. Por eso, en el Gobierno se teme al otoño, con la apertura de los colegios, la vuelta al trabajo y la llegada de las gripes y los resfirados comunes que puedan entorpercer el seguimiento del coronavirus.

Mientras, las esperanzas de recobrar la normalidad están puestas en la llegada de una vacuna que Sanidad prevé “si todo va bien” a finales de año. España autorizó este viernes el primer ensayo clínico en el país de una fórmula para inmunizar a los ciudadanos de la empresa Johnson&Johnson. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, enfría los ánimos: la vacuna no será la panacea. Habrá que convivir con este virus durante años, aunque ya haya infectado a la política.