‘Adoctrinamiento’ en las aulas, la última batalla cultu-judicial de Ayuso

“Material sectario”, “especialmente dañino”, “gran carga ideológica”. En estos términos se ha referido en los últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al currículo de Bachillerato establecido por el Ministerio de Educación a través de la nueva Ley de Educación (LOMLOE). 

Este lunes, Ayuso anunció un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo central por este currículo y pidió su suspensión cautelar porque, según sostiene, “forma parte de un rediseño de España entera”. El recurso, de momento, ha sido admitido a trámite. 

En el sector educativo madrileño, el movimiento por parte del Gobierno regional ha sido acogido con “perplejidad”. Esteban Álvarez, presidente de Fedadi Madrid (Federación de Asociaciones de Directivos de Institutos Públicos), se confiesa “sorprendido”. “Sobre todo, lo que no entendemos es la fundamentación jurídica” que esgrime la Comunidad de Madrid, explica Álvarez. “Vemos que se citan los artículos de la LOMLOE y unos argumentos que creemos más bien políticos”, señala. 

Los conceptos que no acepta Madrid

En Fedadi esperan que el Supremo solicite al Gobierno madrileño “una fundamentación jurídica en la que basen el recurso”, pues hasta ahora los argumentos son, a su juicio, “bastante poco serios”. Madrid cita como polémicas, entre otras, las referencias a la “pluralidad identitaria” e “identidades nacionales”, a los “roles de género”, al “consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la igualdad de género” e incluso a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible, emergencia climática, mejora de la humanidad y el planeta”.

Para Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, este recurso “es muy grave”. “Están cuestionando que se estudie igualdad, discriminación, justicia, tolerancia… eso está en nuestra Constitución”, incide Galvín. En CCOO no ven que el recurso tenga “lógica educativa”, y posiblemente ni siquiera jurídica –dudan de su viabilidad–, de modo que lo achacan a los intereses políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.  

“Uno puede estar más o menos de acuerdo con algunas cosas del currículo, pero de ahí a ver base legal para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo hay una gran distancia, sobre todo cuando ninguna otra comunidad autónoma lo ha presentado”, opina, por su parte, Esteban Álvarez. “Todo esto nos produce cierta perplejidad”.   

Hay varios factores que llaman la atención en este movimiento. Uno es, como cita Esteban Álvarez, el hecho de que Madrid sea la única región que recurre el currículo, mientras que las demás gobernadas por el PP –Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León– han mantenido un perfil bajo. Otro es que el Ministerio de Educación sólo fija un 60% del currículo para comunidades sin lengua cooficial, como Madrid, mientras que las Consejerías de cada región estipulan el 40% restante. “Si la Comunidad de Madrid cree que falta algo [en el Real Decreto de enseñanzas mínimas], que lo complemente”, sugiere Isabel Galvín.

Hasta ahora, Madrid, como otras comunidades, no ha publicado su decreto autonómico para regular el currículo. “Madrid conoce los borradores del Ministerio desde enero, pero alega que no ha tenido tiempo”, comenta Esteban Álvarez.

Las editoriales, preocupadas

El pasado 1 de junio el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, anunció que se revisarán los libros de texto y se solicitará la retirada de aquellos que contengan “material sectario”. La Comunidad de Madrid ha pedido que, de cara al próximo curso, se sigan usando los del año pasado. Así, los libros pasaban a ser considerados vehiculizadores de ese supuesto adoctrinamiento.

La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) se reunió esta semana con la Consejería de Educación madrileña. Después publicó un comunicado en el que llamaba a la calma y explicaba que las editoriales han elaborado hasta el momento “prototipos” sobre la base de “los desarrollos curriculares establecidos en los reales decretos de enseñanzas mínimas” del Ministerio.

“A partir de estos criterios, si la inspección educativa, dentro del ejercicio técnico de sus atribuciones, detectara que algún libro o material incurre en alguna cuestión contraria a estos elementos fundamentales, somos los primeros en solicitar que se corrija”, destaca ANELE en la nota. La patronal editorial trataba de salir en defensa propia: sus materiales se basan en los currículos, están “sujetos al rigor científico” y “respetan los principios y valores contenidos en la Constitución”.

De nuevo, se estaba creando una polémica artificial, pues los libros no pasan, a priori, por las manos del Ministerio o las Consejerías. Son las editoriales las que elaboran los materiales escolares con la ley en la mano, pero ningún órgano tiene que “autorizar” esos contenidos, sino que es el claustro de cada centro el que consensúa la selección de los libros.

Desde 1998, con el Gobierno de José María Aznar, rige un Real Decreto sobre uso y supervisión de libros de texto que eliminó la “autorización previa” de los materiales escolares por parte del Ministerio. Esta norma pretendía reconocer de forma “más efectiva” la autonomía de los centros “para adoptar los libros de texto y demás material curricular”. 

Cuando un centro decide con qué editorial trabajar, esa elección “se incluye en la Programación General Anual, la aprueba el Consejo Escolar, y la visa la Inspección Educativa”, explica Isabel Galvín. Hasta este año el proceso era fiable y transparente, pero ahora las editoriales “están preocupadas”, asegura Galvín. “¿No van a poder vender sus libros en Madrid? ¿Van a tener que imprimir los libros a gusto de la presidenta?”, plantea. 

¿Y la libertad de cátedra?

El debate sobre los materiales escolares llega a rozar lo absurdo, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos los libros de texto han perdido presencia y relevancia en las aulas. “Hay muchos centros que trabajan por proyectos, o con otras metodologías con las que no utilizan libros de texto”, apunta Esteban Serrano, secretario de organización del sindicato de profesores ANPE Madrid.

“Más que libros de texto regulares, los docentes normalmente aportan materiales de elaboración propia”, coincide Álvarez. Y añade: “Lo que ocurre en las clases es competencia de cada profesor. Lógicamente, saben muy bien que tienen que cumplir unas normas básicas, pero el cómo lleva a cabo su labor docente forma parte de su libertad de cátedra y de la autonomía del centro”, recalca.     

Esteban Serrano insiste en “lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a las familias”. “Al margen de las polémicas, el profesor se ciñe a los contenidos curriculares sin ningún tipo de adoctrinamiento”, apunta Serrano. Y recuerda: “Aparte de los contenidos curriculares, hay una serie de valores, como el cuidado de la salud, la igualdad de sexos, la convivencia o igualdad de oportunidades, que el profesorado trabaja de forma transversal desde sus diferentes áreas”. Explica Serrano que estos elementos transversales se trabajan “desde siempre” con el fin de “formar con integridad a los alumnos de cara a la sociedad en la que viven”, independientemente de la ideología que tenga el Gobierno de turno.

En el sector educativo lamentan que se esté poniendo en duda al sistema educativo en su conjunto, lo cual puede generar un “daño irreparable”, en palabras de Isabel Galvín. “Todo esto acaba perjudicándonos a los profesionales, que lo que queremos es cierta estabilidad y un marco que nos permita trabajar con cierta coherencia”, afirma Esteban Álvarez, presidente de Fedadi Madrid. 

Álvarez recuerda que “la libertad de cátedra y la autonomía de los centros son derechos legales” contra los que la Comunidad de Madrid no puede luchar. “Nos parece un juego político lamentable que perjudica mucho a la labor docente”. 

Pierde la educación: “Es una cortina de humo”

En términos similares se expresa Esteban Serrano. “Se está utilizando la educación como arma política”, sostiene el secretario de organización de ANPE Madrid. “Es la primera vez en la historia que la Justicia tiene que dilucidar si un currículo es adecuado o no. Así se está desviando la atención hacia cuestiones que no son los verdaderos problemas que tiene el sistema educativo, como el fracaso escolar, el rendimiento académico de los alumnos, especialmente aquellos más desfavorecidos y con menos recursos, o la convivencia en los centros”, enumera Serrano. “Nos estamos perdiendo en otras cuestiones que van más dirigidas a la confrontación política que a la mejora de la educación”, zanja. 

“Está utilizando la educación para sus fines”, denuncia también Esteban Álvarez, de Fedadi. Álvarez sugiere que o bien este recurso es “una cortina de humo” para que no se hable de otras polémicas educativas en Madrid –las becas en Bachillerato y FP para familias ricas en centros privados– o bien es “un episodio más de la batalla política” que la Comunidad de Madrid ha declarado al Gobierno central.

“Confrontación” es una de las palabras en las que más hace hincapié Isabel Galvín, como antónimo del “consenso político” al que se debería aspirar en educación. “No podemos reducir al absurdo todo lo que plantea Ayuso. Tiene una cruzada ideológica muy fuerte y una agenda política muy fuerte, que va en la dirección contraria en la que deberíamos avanzar”, sostiene Galvín. “Si nuestra presidenta quiere situarse fuera del marco, cada vez es más complicado establecer consensos”, señala.  

“Se ha emprendido una deriva totalitaria”

Galvín se pregunta a qué referentes mira el Gobierno madrileño, teniendo en cuenta que ha llegado a cuestionar que el currículo de Bachillerato mencione los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un marco aprobado por la ONU que incluye desde la eliminación de la pobreza hasta la igualdad de género o la lucha contra el cambio climático. 

“Formamos parte de un gran contexto internacional democrático como es la Unión Europea. ¿En quién se mira este Gobierno? ¿En Trump? ¿En Orbán? ¿En países totalitarios fuera del marco europeo?”, plantea Galvín. El recurso contra el currículo de Bachillerato “es un paso muy contundente y preocupante”, advierte. “La presidenta ha emprendido una deriva totalitaria e intervencionista”.