La UE en tiempos de COVID-19: fronteras, migraciones, asilo

La UE en tiempos de COVID-19: fronteras, migraciones, asilo

Las fuerzas antieuropeas y eurófobas que no han dejado de crecer desde la Gran Recesión desatada en 2009 pescan ahora, con saña, en el río revuelto del pánico y de los miedos cruzados.

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La estremecedora pandemia de la covid19, su cataclísmico impacto sobre las constantes vitales económico-sociales de los Estados miembros (EEMM) de la UE, y la implacable crueldad de la recesión subsiguiente a la que ha sido definida como una “crisis exógena de manual” (en expresión de Antonio Costa, primer ministro portugués), en la que no hay “culpables” de sus padecimientos sino solamente víctimas, imponen a la construcción europea un stress test descomunal. Se trata, como se ha insistido en la narrativa progresista que ha acudido al envite de su explicación y respuesta, de un “desafío existencial” en el que la UE se juega su ser y su raison d´etre. En todas las lenguas de la UE, las voces del europeísmo han formulado con crudeza las mismas preguntas acuciantes: “¿Si no es ahora, entonces cuándo?”... “Si no hay UE frente a esto... ¿entonces, para qué está?”.

Y este reto (tan desconocido, sí, carente de precedentes en la entidad de su amenaza y carga de profundidad contra el proceso de integración supranacional que arrancó de las cenizas de la devastación tras la Segunda Guerra Mundial) es, tristemente, corolario de otros duros episodios. Una sucesión de eslabones de una crisis, la más larga y más profunda que haya sacudido a la UE. Concatenados, además, en irónica (y sangrante) simultaneidad temporal, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (1 diciembre 2009): así, la Gran Recesión (con las “crisis del Euro” y de la “deuda soberana”), la crisis de los refugiados, la ofensiva reaccionaria y tendencialmente antieuropea de los regímenes iliberales insertos en la propia UE (notoriamente, Hungría y Polonia), el Brexit... y, ahora, esto.

Toda crisis es game changer, pero también, por lo mismo, una oportunidad. Y de nosotros depende. De nuestra capacidad, astucia y determinación para extraer y deducir las lecciones de la experiencia, especialmente de las más duras, como esta que nos toca. Y de nuestra capacidad para sobrevivirla, demostrando resiliencia. Y de la voluntad de Europa -continuar haciendo juntos- de las instituciones, de los EEMM y de la ciudadanía (440 millones de ciudadanos/as europe@s).

En el específico ámbito del, así denominado, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, el ELSJ (Título V TFUE, arts. 67 a 89), conviene reiterar aquí que este área condensa -seguramente como ninguna otra- la densidad política y constitucional de la construcción europea. Por su objeto (derechos y libertades de ciudadanía europea, Rule of Law, fronteras, Schengen y libre circulación de personas, migraciones, refugiados, cooperación policial y judicial penal contra la criminalidad grave transnacional, Derecho penal europeo, Derecho procesal europeo y garantías comunes, Fiscalía Europea, Seguridad Interior...); y por su alcance, sobre materias y competencias que durante largos siglos estuvieron reservadas a la soberanía de los Estados miembros (EEMM).

Las fuerzas antieuropeas y eurófobas que no han dejado de crecer desde la Gran Recesión desatada en 2009 pescan ahora, con saña, en el río revuelto del pánico y de los miedos cruzados.

La crisis de la covid-19 ha venido a cuestionar, ¡y cómo!, mucho de lo que creíamos sólido en los pilares de la UE: el acervo, el acquis, pero también los objetivos todavía por alcanzar, incluso aquellos que estaban ya delineados en el horizonte mediato. Así, el impacto sísmico de la pandemia ha empeorado abruptamente el clima en que, a partir de ahora, y en lo sucesivo, habrán de desenvolverse las iniciativas legislativas pendientes de su tramitación y/o completamiento: los pending files heredados del anterior mandato del Parlamento Europeo (PE), 2014/2019.

Y ha deteriorado también el contexto en el que habrá que recibir y debatir desde el PE el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo (New Migration & Asylum Pact). Se trata, efectivamente, de una de las más esperadas iniciativas pendientes en la actual Legislatura 2019/2024. Un conjunto de medidas que ha sido, reiteradamente, anunciado y comprometido tanto por la presidenta de la Comisión, VDL, como por la Comisaria de Interior, Ylva Johanson, con vistas a su conversión en todo un paquete de leyes (actos legislativos, legislación europea) que actualicen y refuercen, allí donde sea oportuno, los actualmente vigentes Migration Package, Schengen Package, Asylum Package.

Para empezar, la pandemia (seguida por las medidas de emergencia, leyes excepcionales y estados de alarma adoptados por los respectivos gobiernos de los EEMM) ha causado una inevitable interrupción de la “normalidad” institucional y todos sus calendarios. De modo que, en primer lugar, primera consecuencia práctica de orden procedimental: el New Migration & Asylum Pact que debería haber sido presentado ante la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) a fines de marzo, ha sido sometido a un retraso que, con probabilidad, va a demorar hasta septiembre (tras el verano 2020) cualquier inicio efectivo del debate que suscite, y de la tramitación de las iniciativas a las que dé lugar.

Pero, en segundo lugar, y ya en el plano político, las fuerzas antieuropeas y eurófobas que no han dejado de crecer desde la Gran Recesión desatada en 2009 pescan ahora, con saña, en el río revuelto del pánico y de los miedos cruzados. Porque ambos sentimientos primarios y reactivos han resultado exacerbados, sin duda por la pandemia en todo lo relativo a la dimensión sanitaria de los servicios de Salud Pública de los EEMM. Pero también, y cómo, por su devastador impacto social, económico, político, psicológico y emocional. Así, forzoso es hablar, una vez más, de la exasperación de las desigualdades sociales tanto frente a la pandemia como frente a las medidas de emergencia decretadas, como asimismo es obligado dar cuenta de las angustias ante las incertidumbres y sus reacciones atávicas contra la globalización y la prevención desatada contra las fronteras abiertas.

De modo que, por un lado, reemerge -y se cree recrecida- una agresiva retórica contra cualquier invocación de la solidaridad. Una solidaridad que, no se pierda de vista, además de ser un valor constitutivo de la construcción europea (en su triple dimensión social, interterritorial e intergeneracional), lejos de despacharse como mero whishful thinking, es un mandato vinculante en el específico campo del ELSJ (art. 80 TFUE): confianza y reconocimiento mutuo entre Estados que comparten principios constitucionales comunes; solidaridad vinculante y responsabilidad compartida en la gestión integrada de las fronteras de la UE y en la gestión e integración de los flujos migratorios y las demandas de asilo. Contrariamente, asistimos, a lomos de la angustia social y los estragos de la covid-19, a una ofensiva que exalta, desacomplejada, esa insolidaridad de la que se duelen los EEMM con fronteras vulnerables ante el Mediterráneo, abandonados a su suerte por otros EEMM (negándose a “realojamientos” y/o “reasentamientos”),o a los que se da la espalda en las operaciones de salvamento marítimo (Search&Rescue, todavía hoy saltuarias y carentes de marco europeo y desembarcos seguros, safe Disembarkation), que siguen siendo obligadas ante el business model del tráfico de personas.

Migrantes y refugiados que son tristemente visualizados a menudo, con dolosa miopía, como si reportaran, solo por venir a nosotros, una “amenaza a la seguridad e identidad de la UE”.

Al mismo tiempo, por otro lado, se recrudece la deriva nacionalista y reaccionaria de los autodenominados “regímenes iliberales”, cada vez más despectivos ante los procedimientos de infracción incoados por la Comisión (infringement procedures, art. 258 TFUE), así como ante las sentencias del TJUE (contumazmente incumplidas) e incluso ante la activación del procedimiento especial del art. 7 TUE ante la reiteración de alarmas alrededor del “clear risk” (riesgo claro) de “serious breech” (violación grave y sistémica) de los principios de Rule of Law -Estado de derecho, Democracia y Derechos Fundamentales- solemnemente consagrados en el art. 2 TUE (los antes denominados “criterios de Copenague”).

Como trasfondo preocupante, la mirada negativa predominante en la UE contra el hecho migratorio y ante las demandas de asilo de las personas que huyen de la persecución desde la vecindad torturada de la UE tanto en Oriente Medio como en la frontera sur del Mediterráneo. Migrantes y refugiados que son, lamentablemente, visualizados a menudo, con dolosa miopía, como si reportaran, solo por venir a nosotros, una “amenaza a la seguridad e identidad de la UE”.

Y es que con ello se abunda y profundiza -todavía más, si cabe- esa aproximación negativa -incluso negacionista- que hace tiempo predomina en el enfoque de la UE a todo este campo de acción de la política europea, de su legislación (en que el PE es legislador, en pie de igualdad con el Consejo) y de su evolución esperable en el corto y medio plazo, en el contexto de la anunciada Conferencia sobre el Futuro de Europa, también a causa de la pandemia, arrancará en septiembre de este año 2020.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).