La temporada de tifones y la violencia acechan a 720.000 niños rohingya en Myanmar y Bangladesh
Unicef reclama que se reconozcan los derechos de esta minoría musulmana, "atrapada en el limbo".
Unicef ha asegurado que se necesita actuar urgentemente para ayudar a más de 720.000 niños rohingya amenazados por la llegada de la temporada de tifones a Bangladesh o por la violencia continuada y la violación constante de sus derechos fundamentales en Myanmar.
La denuncia ha quedado plasmada, negro sobre blanco, en un informe lanzado seis meses después del comienzo del último éxodo de refugiados rohingyas hacia el sur de Bangladesh. Unicef advierte en él de que las fuertes lluvias que se prevén por la llegada de la temporada de tifones pueden inundar los campos de refugiados, que ya son frágiles e insalubres. Esto aumentaría el riesgo de contraer enfermedades transmitidas a través del agua y obligaría al cierre de clínicas, centros de aprendizaje y otras instalaciones para los niños.
Según el informe, alrededor de 185.000 niños rohingyas permanecen en el estado de Rakhine, en Myanmar, con miedo a la violencia y el horror que ha llevado a muchos de sus familiares y vecinos a huir. En Bangladesh hay unos 534.000 niños rohingya refugiados que llegaron el año pasado y en otras oleadas previas.
"Alrededor de 720.000 niños rohingya están atrapados, bien en la violencia y el desplazamiento forzoso en Myanmar, bien en los campos masificados de Bangladesh porque no pueden volver a casa", declara Manuel Fontaine, director de los programas de emergencias de UNICEF. "Esta no es una crisis que se solucione fácilmente, podría llevar años superarla si no se coordinan esfuerzos para abordar las causas subyacentes que la han motivado".
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A la deriva
Los rohingyas, que han sido expulsados de sus hogares y sus comunidades, se encuentran ahora a la deriva, atrapados en una especie de limbo y privados de sus derechos fundamentales mientras se enfrentan de nuevo a amenazas para su salud y sus vidas, señala el informe.
Unicef hace un llamamiento al gobierno de Myanmar para acabar con la violencia y abordar lo que califica como una crisis de derechos humanos del estado de Rakhine, que se manifiesta en la restricción de movimientos de los rohingyas y un acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y medios de subsistencia, con la consecuente dependencia de la ayuda humanitaria exterior.
El informe señala que el reconocimiento de los derechos fundamentales de los rohingyas generaría las condiciones necesarias para que los refugiados regresaran a sus hogares en Myanmar.
"Los rohingya no van a volver a no ser que se garantice su seguridad y se les conceda la nacionalidad, a menos que puedan mandar a sus hijos al colegio y vean la oportunidad de un futuro", afirma Manuel Fontaine, director del programa de Emergencia del organismo de la ONU.
Acceso inmediato
Desde agosto de 2017, la falta de acceso a muchos lugares del estado de Rakhine ha dificultado el trabajo de Unicef y otras agencias humanitarias. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia afirma que es "imprescindible" contar con un acceso inmediato y sin restricciones a todos los niños, así como esfuerzos a largo plazo para reducir la tensión entre comunidades y promover la cohesión social.
En Bangladesh la ayuda humanitaria dirigida y supervisada por el gobierno ha evitado el desastre, con 79.000 rohingya acogidos en comunidades locales. Unicef ha formado parte de una respuesta internacional masiva promoviendo la construcción de pozos y de miles de letrinas e iniciando una campaña de vacunación para proteger a los niños contra el cólera, el sarampión y otras enfermedades.