La sentencia de Bankia abre la puerta a que Rato obtenga la semilibertad
El expresidente de la entidad financiera cumple una condena de cuatro años y medio por las tarjetas 'black'.
Tras su absolución por la salida a bolsa de Bankia, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato tiene ahora vía libre para obtener el régimen de semilibertad, ya que a finales del pasado año cumplió más de un cuarto de la condena que le mantiene en prisión.
Rato, que fue vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, era uno de los 34 acusados de un delito de estafa a inversores y falsedad contable por una supuesta manipulación de las cuentas del banco para su salida a bolsa, por el que la fiscalía pedía para él ocho años y medio de prisión.
Sin embargo, desde octubre de 2018 cumple una pena de cuatro años y medio de cárcel por el uso indebido de tarjetas de crédito de Caja Madrid, una de las siete entidades financieras que conformaron Bankia y que él presidía.
Pese a que desde diciembre pasado podía haber accedido a ese régimen de semilibertad, este beneficio le ha sido denegado hasta ahora con el argumento de que aún estaba pendiente de la sentencia por la salida a bolsa de Bankia.
En España, la “semilibertad”, por lo general, se suele conceder a los reos que hayan cumplido al menos un cuarto de su condena, aunque también puede decretarse a tenor de otros aspectos como la personalidad, el historial individual, familiar o social del interno, la duración de las penas o el medio al que retorna.
Ahora, una vez conocida la sentencia por la salida a bolsa de Bankia y la absolución de Rato por parte de los tribunales, el que fuera ex director gerente del FMI tiene vía libre para acceder a ese beneficio penitenciario y poder abandonar la prisión, de la que ha salido en contadas ocasiones.
Aún así, Rodrigo Rato sigue teniendo abierto otro frente judicial desde 2015, cuando un juzgado de Madrid inició una investigación sobre el origen de su patrimonio, pendiente aún de juicio y en la que se enfrenta a cuatro años de prisión y a una multa de 2,5 millones de euros.