La Santa Inqueersición vela por los derechos humanos

La locura de la autodeterminación del género y el sexo sólo tiene una posibilidad de triunfar socialmente. No nos referimos al triunfo en TikTok ni al triunfo en los consejos de redacción de la revista universitaria posmoderna Social Text. Queremos decir que sólo hay una posibilidad de que la gente que está en este momento comprando en un supermercado, yendo en metro hacia su trabajo o preparando la cena a sus hijos se encoja de hombros o asienta con indiferencia ante los dislates que se han presentado en este libro: la censura. No hay otra. Ya comentamos en el capítulo 3 que el transactivismo es el único movimiento social que intencionalmente busca tener poca presencia en los medios. Se intentará quizá promocionar mediáticamente su casuística, pero es seguro que no veremos en el prime time de una gran cadena generalista un debate sobre los detalles de las leyes aprobadas en el que se encuentren representados por igual partidarios y detractores.

Hay que impedir que lleguen a los grandes canales de comunicación las posturas racionalistas que puedan demostrar con tranquilidad y firmeza que el emperador está desnudo. No se les puede permitir el tiempo que siempre es necesario para desmontar el entramado de eslóganes emocionales y frases hechas donde se mece calentita la pereza intelectual. Ya hemos visto en el apartado anterior cómo el recurso a la transfobia ha convertido la polémica entre dos posturas políticas en la batalla final entre el bien y el mal. ¿Alguien de verdad puede proponer en serio que se invite al diablo a un debate? Qué sería de nosotros sin la observación insomne y el incansable ministerio de la Santa Inqueersición, tanto a través de la Subsecretaría de Sanciones Legales como mediante el Negociado de Linchamientos en las Redes.

Se puede aparecer en el programa más visto de la televisión nacional, entrevistado por uno de los periodistas más conocidos, y afirmar que la COVID-19 no existe y las vacunas forman parte de un plan de los Illuminati para controlar a la humanidad con un mando a distancia. Se puede defender el terraplanismo, que Federico García Lorca nació en Vic o que debemos a Francisco Franco que toda Europa no cayera en manos del bolchevismo.

Pero el proyecto de ley LGBTI+ que intenta aprobar Unidas Podemos prevé la creación de un comisionado vinculado al colectivo LGBTI+ que pueda interponer sanciones administrativas cuando estime que alguien ha colgado en las redes sociales o en los medios de comunicación un mensaje que discrepe de la teoría queer en aspectos como la inmutabilidad del sexo o la libre autodeterminación del género, ya que gracias a la falacia ad fobiam se entiende que dichos mensajes no están movidos por el entendimiento de su autor, sino por el odio que le consume por dentro contra las personas sexualmente divergentes. Y la violencia epistémica que implica razonar cae fuera del ámbito de la libertad de expresión.

Las sanciones previstas por la ley son verdaderamente convincentes de la teoría queer: un simple tuit puede llegar a costar dos mil euros a su autor si alguien declara haberse sentido ofendido en 280 caracteres y el Santo Comisionado estima tal sentimiento sin que la parte demandada pueda aportar una justificación objetiva, razonable y probada de su inocencia; la aplicación de una terapia psicológica que no vaya en la dirección de la terapia afirmativa podrá suponer una pena de ciento cincuenta mil euros y el posible cierre del negocio; contar en las aulas universitarias algunos de los argumentos contados en este libro puede suponer unas multas de cantidades similares —eh..., esto..., ¡glups!— . ¿Cómo es posible que si estas sanciones son razonables para proteger del odio a las personas trans, no haya reglamentación que aplique multas semejantes para proteger del odio a otros colectivos muchísimo más numerosos, tristemente objetivos habituales de discriminación, como las minorías étnicas o las personas discapacitadas?

A pesar de lo expuesto, el Negociado de Linchamientos en las Redes es todavía más eficaz que la Subsecretaría de Sanciones Legales en el celo con el que sirve a la Santa Inqueersición. ¿Cómo se podría trasladar al lector un panorama realista de lo que ocurre a diario en Twitter sin duplicar el número de páginas que inicialmente tenía previsto ocupar este libro? Son conocidísimos casos como los de J. K. Rowling, sometida a un aluvión de insultos y cancelaciones múltiples tras criticar el uso de la expresión personas que menstrúan como alternativa a mujer. No quedó nadie en Hogwarts sin defender que se le reventara la cabeza con un ladrillo.

Los propios actores que han arreglado su vida para siempre gracias a la escritora propusieron su muerte social y el exilio físico en la Isla del Diablo —bueno, todos no: Noma Dumezweni, actriz que desempeñaba por entonces un papel en un montaje teatral del West End londinense basado en Harry Potter, expresó inicialmente su apoyo a la escritora, si bien reflexionó y cambió de opinión para unirse al linchamiento, coincidiendo casualmente con la aparición de una tonelada de tuits que criticaban su apoyo a Rowling— . Tenía razón Karl Marx al decir que en la historia todo ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia: ochenta años después de los actos públicos de quema de libros en la Alemania nazi, Europa volvió a acoger actos organizados de quema de libros... de Harry Potter.

La lista de profesionales que han sufrido las inquinas de la Inqueersición ocuparía más páginas que el índice onomástico de este libro. Veamos un ejemplo del montón, uno de intensidad media, ni el más fuerte ni el más débil. Un día cualquiera en el Negociado de Linchamientos. En enero de 2021, una conocida actriz española — decir su nombre sólo puede perjudicarla — dio like a un tuit en donde se defendía la existencia de aseos públicos separados por sexos biológicos. No escribió la actriz el tuit ni lo comentó. No lo citó ni lo contestó. Sólo tocó con su índice el corazón que salía debajo del tuit y se perdió entre los miles de tuiteros que habían hecho lo mismo. Se fue a dormir —ninguno de los dos autores de este volumen tenemos la menor idea de si se fue a dormir o no; sólo lo decimos por añadir tempo dramático a la narración.

Cuando despertó a la mañana siguiente se había desatado tal furiosa campaña contra la actriz que algunos de los miles de tuits que se referían a ella incluían una foto de un bate de béisbol. Fue conmovedor el de un tuitero anónimo que lamentó no haber sabido unas semanas antes que la actriz era una terfa de mierda para haberla escupido cuando se cruzó con ella por la calle. ¡Por dar un like! También es cierto que la campaña provocó a su vez una contracampaña, y muchos usuarios de dicha red enviaron mensajes de apoyo. Eso sí, el número de compañeros de profesión artística que defendieron públicamente a la actriz se pudieron contar —con la inolvidable expresión del inolvidable Jaume Perich— con los dedos de una oreja. Que ser superguáis y supercomprometidos con la cultura y el progresismo no es incompatible con quedarse calladitos cuando ves pelar las barbas de tu vecino.

La diputada de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, intervino en el Parlamento andaluz en noviembre de 2020 vistiendo una camiseta en donde se leía «FCK TRF», guiño sutil que hasta un niño de cuatro años sabría hoy en día que significa «que os jodan, terfas». La Asociación Humanista Estadounidense retiró a Richard Dawkins el premio al Humanista del Año que le había concedido ¡veinticinco años atrás! por un tuit crítico con la ideología de género. En abril de 2021, la Mesa del Parlament catalán vetó por tránsfoba una pregunta del PSC, referida a unos dibujos animados de TV3 en los que se decía que hay niños con vulva y niñas con pene. La pregunta era: «¿Cuál es la base científica de presentar la sexualidad humana disociando los órganos sexuales del sexo de las personas?».

La Mesa consideró que dicha pregunta contenía expresiones ofensivas para la dignidad de las personas y atacaba sus derechos. Animamos al lector a que relea la pregunta, subraye las expresiones ofensivas y anote al margen la lista de derechos atacados. Un día cualquiera a cualquier hora —por ejemplo, en el preciso instante en el que se escriben estas líneas— alguien acaba de colgar en Twitter un tuit que dice: «He visto una terfa en un documental sobre gente trans y me han dado ganas de patearle la puta boca contra un bordillo». Ahora, estimado lector, multiplique esto por un millón. Todavía se ha quedado corto.

Una diputada de Adelante Andalucía, la Asociación Humanista Estadounidense, la Mesa del Parlament catalán y una tuitera anónima que acaba de apagar la tele, sosteniéndose unos a los otros las antorchas durante el mismo linchamiento. Son ejemplos de seres de luz desbordantes de amor en lucha incansable por los derechos humanos y la justicia social. Niñatos que han aprovechado que Milgram ha salido del laboratorio para duplicar la intensidad de las descargas y aplicarlas sin parar.

La sentimentalización de los debates se aloja en los argumentos «fóbicos», y éstos en la transfobia, y ésta en la transfobofobia, y ésta en la Inqueersición, y ésta en la censura y la cancelación del que se salga del dogma, formando una sucesión de matriuskas grotescas, que paralizan a científicos, medios, celebrities, profesores. Muchos no saben lo que está ocurriendo, muchos no quieren saberlo, muchos no querrían haberlo sabido. Volvemos al comienzo de este apartado: el transactivismo sólo tiene una posibilidad de no ser rechazado masivamente por la sociedad, que en su mayoría mantiene todavía contactos con la realidad proveedores de sensatez. Y esa única posibilidad es la censura.

(Este es un extracto del capítulo 10 del nuevo libro de José Errasti, bajo el epígrafe de ‘Transfobofobia e inqueersición’)