La reforma del CGPJ a examen: los expertos analizan su encaje constitucional y respeto a la independencia judicial

Durante las últimas semanas, el mundo judicial se ha revuelto ante la reforma planteada por el Partido Socialista y Unidas Podemos para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ni en el fondo ni en las formas la gran mayoría de juristas han dado su visto bueno al planteamiento de ambos partidos para modificar el sistema de elección de este órgano, que a través de su propuesta de ley, entre otras cosas, pretendía -en caso de no alcanzarse en una primera votación parlamentaria la mayoría de tres quintos requerida- someter a las Cámaras a una segunda votación para la que valdría una mayoría absoluta.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba durante el debate de la fracasada moción de censura contra su Ejecutivo que estaba dispuesto a paralizar la reforma para intentar llegar a un acuerdo con el PP. Pero, ¿qué es lo que ha provocado el rechazo casi generalizado hacia la iniciativa?

Lo propios magistrados, catedráticos y asociaciones judiciales no han ocultado su disconformidad. Este lunes, las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León -en un acto casi inédito- expresaban a través de un comunicado su “rechazo” y “preocupación” por una modificación normativa que entienden supone una “merma” de las garantías de independencia judicial.

“Rechazo” y “preocupación”

En la misma línea, desde que se conociera la propuesta de ley se han sucedido los pronunciamientos en este sentido. Siete vocales del Poder Judicial han forzado un pleno extraordinario en protesta el próximo día 28, mientras que tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas también se han posicionado en contra apuntando incluso hacia la inconstitucionalidad de la iniciativa.

“Bloquear un órgano constitucional como el CGPJ por parte de las fuerzas políticas, principalmente por parte del Partido Popular, es totalmente inaceptable”, señala Elviro Aranda, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

“Es una auténtica gamberrada política, no se puede tener una situación como esta en la que los vocales han cumplido su mandato hace dos años. Es algo totalmente inaceptable y un daño al sistema muy grave, pero la solución que le he han dado a este bloqueo UP y PSOE también está mal. Este problema no se soluciona así”, añade.

Los actuales miembros fueron elegidos durante el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta y su elección responde a aquella composición parlamentaria. La última renovación se pactó en noviembre de 2013, cuando Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia.

Tras aquel acuerdo, los 20 vocales del CGPJ se repartieron del siguiente modo: 10 elegidos por el PP, 7 por el PSOE, 1 por CiU, 1 por el PNV y 1 por IU. El conservador Carlos Lesmes es su presidente.

Sin embargo, a pesar de que su mandato caducó en diciembre de 2018, actualmente ejercen en funciones y han continuado realizando nombramientos de jueces del Tribunal Supremo.

¿Merma a la independencia judicial?

A partir de aquí, las garantías que ofrece la reforma para hacer efectiva una correcta separación de poderes son cuestionables.

Para Tomás Bastarreche, Doctor y profesor de Derecho constitucional y abogado penalista, la polémica es “totalmente instrumental”. ”¿Cuál es la incidencia del gobierno del Poder Judicial, o sea del CGPJ, en las decisiones judiciales que afectan al ciudadano de a pie? Imposible de medir, pero me atrevería decir que ninguna”, sentencia.

“Está polémica sólo se aviva por una de todas las competencias del CGPJ: la capacidad de nombramiento de distintos jueces. ¿A quién importa? A los aforados. Es decir a los políticos”, añade.  ”¿Por qué? Porque van a tribunales muy concretos y ahí, sorprendentemente, si parece importarles mucho quién manda, por qué manda, y quién le puso ahí. O sea, la miseria que se pone de manifiesto es doble: por un lado la de los políticos que creen que pueden manipular la voluntad de los jueces; y por otro la de los propios jueces, que supuestamente dada su cercanía al poder político que les puso se van a dejar corromper”, argumenta. ”¿Pero es eso verdad? No lo creo. A Bárcenas le acaban de caer 29 años, a su mujer 11, a Correa 59, y a Jesús Sepúlveda marido de Ana Mato 7”, recalca.

“La polémica es totalmente instrumental para acusarse de politiqueos sucios. Es montar un pollo y llenarse la boca para nada, porque ¿de verdad se creen que tienen el poder  de controlar las decisiones judiciales? Se pueden dar diversas influencias pero hay mucho más mamoneo del que realmente se da. La independencia judicial no se socava de ninguna manera por el Consejo”, asegura.

Para el experto, el debate politiza la justicia de un modo en el que ni siquiera está politizada: “Es un sistema que funciona bastante bien, que está bien equilibrado y con esto sólo se pretende tapar otros temas que importan más. Los nombramientos que ha hecho el Consejo en funciones, al menos los últimos, han gozado de un consenso amplísimo, y los ha habido de progresistas y conservadores”, recuerda. “Es decir, el propio Consejo ejerce mejor su labor de lo que este debate le hace parecer”.

“Politización del órgano de gobierno de los jueces”

Tres de las cuatro asociaciones judiciales españoles, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, en cambio, consideran que la reforma “choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013” y “ahonda en la politización del órgano de gobierno de los jueces”.

Sólo desde Juezas y jueces para la Democracia se desmarcan manifestando: “La independencia respecto del Poder Ejecutivo es tan básica para nosotros que sus decisiones o proyectos legislativos no nos perturban”.

“El mayor ejemplo de independencia judicial es no entrometerse en las labores del Ejecutivo y respetar la separación de poderes. La independencia se demuestra tanto en hechos como en apariencia no inmiscuyéndose en el choque de las fuerzas políticas cuando se trata de decidir este tipo de asuntos”, recoge la asociación progresista en contraposición a lo expuesto por sus compañeros.

Prendida la mecha, el anuncio ha llegado en la última semana hasta Bruselas. Desde la Comisión Europea ya se ha hecho una advertencia: “Estamos al tanto y observaremos con atención el desarrollo de la reforma”, ha expresado el Ejecutivo comunitario instando a no comprometer la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como “vulnerable a la politización”.

La constitucionalidad de la propia propuesta es otro de los asuntos que también despiertan recelo. “Sinceramente no creo que se corresponda con el espíritu de la Constitución”, comenta Aranda. “El artículo 122.3 deja abierta la posibilidad de que los magistrados, vocales y jueces puedan ser elegidos parlamentariamente o por jueces y magistrados, y el TC cuando dijo que era aceptable que los 20 vocales fueran elegido por las Cortes no decía explícitamente que tuviera que ser por mayoría de 3/5, pero se entiende que no tiene sentido que unos sí sean elegidos por mayoría absoluta y y otros por otro tipo de mayorías”, apunta.

“Sería francamente extraño que unos jueces gocen de un tipo de legitimidad parlamentaria y otros de otra, por una mayoría inferior para su elección”, coincide Bastarreche. “Pero lo que no deja de ser la propuesta de PSOE y UP es una chapuza jurídica. Sinceramente no creo fuera inconstitucional, pero es de difícil trago dada la redacción del 122 CE y sus mayorías”.

“Lo que en cambio sí me gusta de la propuesta es que el CGPJ “en funciones” no pueda ejercer las competencias como si estuviera correctamente nombrado. Es de perogrullo y forzaría las dimisiones”, matiza.

Está por ver cómo evolucionan las negociaciones que ya fracasaron durante los meses de verano.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, recuerda que para que estas prosperen deberán acordarse tres condiciones:

En caso de que finalmente siguiera adelante, la propuesta necesitaría el apoyo de los partidos de la investidura para salir adelante. Para ello, PSOE y UP aluden al escrito firmado a finales de septiembre por sus formaciones más ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromis, Teruel Existe y Nueva Canaria, exigiendo que se cumpliera el mandato legal de renovar el Poder Judicial. Todos los firmantes conformarían una mayoría total de 187 escaños.