La reforma de la sedición del Gobierno reduce de 15 a 5 años la pena máxima

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Gobierno presentará hoy una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición sin esperar a corroborar que haya una mayoría en el Congreso para sacarlo adelante, tal como había exigido en estas últimas semanas.

En una entrevista en LaSexta, el líder socialista señaló que su Ejecutivo quiere reemplazarlo “por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas” y pasará a llamarse delito de “desórdenes públicos agravados”. “Las penas serán las penas que se están catalogando en democracias europeas, a las cuales nos queremos parecer”, dijo.

Según ha avanzado El País, la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registrarán este viernes en el Congreso hará desaparecer del código penal el delito de sedición, que marcaba penas de hasta 15 años de prisión, por esa nueva forma de delito cuya pena máxima será de cinco años, un tercio de lo tipificado hasta ahora. También reducirá la inhabilitación a un máximo de ocho años.

De forma concreta, el texto señala que “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”

Y añade que “los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.

Junqueras recibió la máxima condena por el procés: 13 años

La sentencia del procés por la celebración del referéndum ilegal del 1-O dictó una condena máxima para Orio Junqueras de 13 años de prisión por sedición y malversación y 13 de inhabilitación absoluta, y doce de prisión e inhabilitación para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Bajo el delito de “desórdenes públicos agravados”, la misma acción sería castigada ahora con un máximo de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación.

La reforma del delito del código penal sólo podrá salir adelante si logra el respaldo mayoritario del Congreso, algo que presumiblemente parece asegurado gracias al esperado voto a favor de ERC, JxCAT, Bildu, PNV, BNG, la CUP y Más País.

“Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos”, ha dicho Patxi López este viernes en rueda de prensa para defender dicha reforma. El portavoz socialista ha reiterado que el PSOE adopta las decisiones y hace política “independientemente del coste electoral” y ha recalcado que los votantes socialistas serán capaces de “entender lo que estamos haciendo, el por qué y los resultados”.

“Ahora, la mayoría de catalanes quieren permanecer en España y no salirse de ella. Ahora no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo independentista. Ahora la convivencia en Cataluña no está fracturada”, ha incidido tras lamentar la “tontería que dice Feijóo que con otro PSOE esto no pasaría”.

Castigar la ocultación de un cadáver

En la misma reforma, se abordarán otros “déficits y lagunas” que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia.

Dentro de los delitos contra la integridad moral se introducirá también una modalidad delictiva específica para la ocultación del cadáver y también para el contrabando con material de defensa o tecnología de doble uso.