La posible supresión de la acusación popular: una reforma inaceptable
Más vale prevenir que lamentar así que, ante las posibilidad de que el PP y afines logren finalmente impedir que partidos políticos, sindicatos y entidades vinculadas a las fuerzas políticas puedan ejercer la acusación popular para denunciar comportamientos delictivos y casos de corrupción política que indignan a la ciudadanía, debemos, no solo argumentar, sino tratar de ganar la batalla mediática que impida una reforma del todo punto inaceptable.
Y es que el PP ha propuesto a Ciudadanos tal medida y, si atendemos a los precedentes inmediatos, no deberíamos dar por supuesto que la formación naranja vaya a rechazarla, por lo que, ante la posibilidad de que esté planteándose aceptarla, toca argumentar y ganar la batalla de la opinión pública e impedir que tal propuesta salga adelante. Desde la Plataforma Ahora hemos enviado sendas cartas a los principales grupos políticos del Congreso de los Diputados, explicándoles que deben abandonar o impedir (con su voto) tal (des)propósito.
Es indudable el mal uso que de la acusación popular han hecho entidades como Manos Limpias o Ausbanc, pero esta circunstancia no justifica en modo alguno que se suprima la institución: sería, como apuntaba recientemente un usuario de las redes sociales, "como vaciar la bañera con el niño dentro". La cuestión no es dilucidar si esos abusos de derecho son o no aceptables, puesto que no cabe ninguna duda de que no son aceptables en absoluto y de que el Estado de Derecho ha de reaccionar con todos los instrumentos que la legalidad vigente otorga, sino impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para que los corruptos tengan miedo y los ciudadanos... al menos esperanza.
La acusación popular se recoge en el artículo 125 de nuestra Constitución Española. Su eventual mala utilización se debe fundamentalmente a la situación de extensísima corrupción existente en España y de que nuestras instituciones siguen siendo muy poco transparentes. En general, la acusación popular se ha demostrado en los últimos tiempos como instrumento efectivo para luchar contra la corrupción política, siendo en ocasiones la única vía para incoar grandes causas penales contra los corruptos que, sin dicho instrumento, jamás habrían salido a la luz. Así, entre otros, podemos recordar el caso Bankia y el papel fundamental que desempeñó UPYD como partido político que, personado como acusación popular, se querelló contra la entidad financiera por múltiples irregularidades. Si la reforma que ahora se pretende aprobar hubiera estado en vigor por aquel entonces, ni éste ni otros muchos casos de corrupción política y financiera hubieran sido destapados. Parece obvio que es esto lo que se pretende (taparlo todo y que la denuncia judicial se limite a la acción de la Fiscalía, controlada por el Gobierno) y no otra cosa, puesto que otras excusas parecen olvidar o hacer que olvidemos que las querellas sólo se admiten a trámite o siguen adelante si el juez ve indicios de delito.
Por tanto, deben rechazarse las intenciones de aquellos que pretenden reformar la acusación popular para impedir que pueda ser ejercitada por partidos políticos o sindicatos. Habida cuenta de que su derogación implicaría una reforma constitucional, lo que se pretende es utilizar un subterfugio más rápido y sencillo con el objetivo de constreñir de facto la posibilidad de ejercer la acusación popular y dificultar así la lucha contra la corrupción política. Si Ciudadanos acepta tal propósito, cometería un (otro) gravísimo error.
Es cierto que la acusación popular no puede convertirse en el gran cajón de sastre que cubra las carencias de nuestro proceso penal. Pero si la acusación popular ha cobrado durante las últimas tres décadas tamaña importancia, se debe principalmente a una clamorosa dejación de funciones por parte del Ministerio Fiscal en relación a su cometido. Así, la acusación popular (no confundir con la particular, como por ahí hemos leído), se ha terminado incluso convirtiendo en el único resorte ciudadano tangible en la lucha contra la corrupción política. Es lamentable encontrarnos con un Ministerio Fiscal que, en demasiadas ocasiones, hace las veces de abogado defensor de delincuentes, de la misma forma que es inaudito que las carencias provocadas por la politización del Ministerio Público tengan que suplirse siempre y por defecto por la acusación popular. No es el uso de ésta, sino el abuso y las carencias del ordenamiento jurídico en su conjunto las circunstancias determinantes de muchos de los escándalos que han copado los titulares de prensa en los últimos tiempos.
La solución a las anomalías que señalamos es corregirlas, no seguir mirando a las musarañas o pretender cercenar instituciones perfectamente útiles. En vez de corregir las grandes lagunas de nuestro sistema, se vuelve a lanzar una (otra) gran cortina de humo para, en última instancia, mantener el sistema como está... y vuelvan a ganar los inmovilistas que prefieren que nada importante cambie en España o que todo cambie a favor de sus intereses partidarios o sectarios.
En definitiva, la reforma pendiente de nuestro ordenamiento jurídico no es limitar la acusación popular, sino despolitizar todas y cada una de las instituciones que se han revelado manifiestamente secuestradas y tomadas por el poder político. Entre ellas, el Ministerio Fiscal. Cuando tales reformas sean aprobadas y se reconduzca la actuación del Ministerio Fiscal dentro de los parámetros de normalidad constitucional exigible, la acusación popular volverá a ser usada con mesura y ponderación, y dejará de ser el único cauce posible para luchar contra la insoportable corrupción política.
No se trata de desjudicializar la política, como señalan algunos, ni de sacar a pasear inofensivos autobuses propagandísticos, como promueven otros..., es hora de ganar en transparencia y de despolitizar la Justicia. Es la vía directa para regenerar y perfeccionar nuestra muy mejorable democracia.
