La paz fiscal que viene de Euskadi o por qué el Cupo vasco puede tambalear Gobiernos

El Gobierno y el PNV ratifican este miércoles el acuerdo sobre la Ley Quinquenal del Cupo. El Cupo vasco, el puño de hierro en las relaciones entre el Estado y el País Vasco, el guante de seda entre Gobierno central y autonómico. El acuerdo es una herramienta tan flexible que cada cinco años se convierte en un pulso entre ambas administraciones, ya que fija la cuantía que el País Vasco, que tiene su propio sistema de impuestos, aporta a las arcas nacionales por servicios que proporciona el Estado pero que recauda Euskadi. Se trata de compensaciones fiscales con las que se busca, además, equilibrar la carga impositiva de los ciudadanos españoles con indiferencia de su lugar de residencia.

El acuerdo sellado en mayo pasado a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, supone una rebaja de más de 500 millones en el Cupo, un cronograma de inversiones en la Y vasca ferroviaria para que esté operativa en 2023 y conectada con Francia en 2025, así como otros asuntos como bajar la factura eléctrica de las empresas de la región.

Por otro lado, el acuerdo también compensará a Euskadi con 1.400 millones en lugar de los 1.600 que el País Vasco reclamaba al Gobierno por discrepancias en las aportaciones del Cupo desde 2007. Esta es la razón de que el PNV hable de una paz fiscal de 15 años. Con ello, se refiere a los diez años de desavenencias entre el Gobierno central y el vasco.

¿QUÉ PAGA EL CUPO?

En este Cupo están incluidas las compensaciones del impuesto de producción de energía eléctrica que se recaudan en Euskadi, que rondan los 40 millones de euros. Además, hay que compensar las políticas activas de empleo y los impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, cerveza, y hidrocarburos y tabaco, que ascienden a 86 millones.

¿CÚANDO LO PAGA?

Para el bautismo del Cupo, toca esperar a su aprobación en el Congreso a partir de septiembre de este año para que entre en vigor en enero de 2018.

¿POR QUÉ ESTA DISTINCIÓN?

Al igual que Navarra, el País Vasco cuenta desde finales del XIX con un régimen económico y fiscal propio: el concierto económico, regulado en su Estatuto de Autonomía. Franco lo abolió en Guipúzcoa y Vizcaya. Por rebeldes. Pero los padres de la Constitución lo recuperaron para País Vasco y Navarra.

UN ZURZIDO ENTRE ADMINISTRACIONES

El cupo vasco es la puntada que cose las relaciones entre el País Vasco y la Administración central del Estado. Es el marco sobre el que descansan las relaciones financieras entre ambos Gobiernos y una excepción en el panorama internacional. De su grosor, dependerá su firmeza.

Las tres diputaciones forales vascas son las encargadas de recaudar todos los impuestos en el País Vasco. El IRPF, IVA, Sociedades, Especiales... y posteriormente reparten al Estado por los gastos acordados en el Cupo. Las diputaciones deciden cuál es el nivel de impuestos que deben pagar sus ciudadanos. El único requisito es que la carga de impuestos sea similar a la del resto del Estado. En el resto de autonomías el sistema funciona al revés, es la Agencia Tributaria la que recauda y reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica. Este sistema es el que actualmente está en vías de reforma.

Y como el País Vasco recauda y distribuye por su cuenta, el Estado le pide que aporte como pago por aquellos servicios que ofrece la Administración central. Abona así el 6,48% de las competencias no transferidas, como Defensa o Casa Real, así como la representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado, ministerios) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE). Este porcentaje se renegocia cada cinco años en función de cuánto gasta Gobierno central en cada partida de su exclusiva competencia, aunque en su día se fijó en función del peso de la economía vasca en el PIB español.

DE CONCESIONES Y COMPENSACIONES

En el tira y afloja de la negociación del Pacto que comprometió el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado en abril pasado, ambos Gobiernos han jugado a cartas con el siguiente resultado: además de cerrar en 1.300 millones la aportación regional a las cuentas del Estado, el Gobierno central ha pagado el apoyo del País Vasco a los Presupuestos con modificaciones en más de 20 artículos en la Ley del Concierto Económico que favorecen a la administración autonómica.

De este modo y entre otros cambios a futuro, se establece en el IRPF la regla competente para la exacción de retenciones de rendimiento de trabajo prestados en el extranjero, teletrabajo y personas trabajadoras del mar enroladas en embarcaciones radicadas en puertos de Euskadi.

En el Impuesto de Sociedades e IVA, se actualiza la cifra de umbral de volumen de operaciones para exigir el impuesto, que pasa de siete a diez millones de euros, de forma que se simplifica para las pequeñas empresas la tributación a una única administración.

Además, se atribuye a Euskadi en ambos impuestos la competencia sobre contribuyentes que tienen su domicilio fiscal en territorio común y que hayan realizado en Euskadi el 75% o más de su volumen de operaciones. Pedro Azpiazu explicó que, de este modo, se elimina 'la asimetría' por la que estos contribuyentes hasta ahora solo tributaban a Euskadi si realizaban todas sus operaciones en territorio foral.

Por otro lado, en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a partir de ahora, la tributación de los herederos vascos de personas fallecidas no residentes en España se realizará en Euskadi. Además, se tributarán también en la región las donaciones de inmuebles situados en el extranjero.

El acuerdo también contempla la constitución de un grupo de trabajo para que analice y delimite la aplicación en el Concierto Económico del nuevo régimen especial de IVA aplicable a los servicios de comercio electrónico de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión, y los prestados por vía electrónica.