La pata coja

El populismo es una de las patas sobre las que se sostiene la mesa del Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE y Podemos. Cuando se tratan ahí asuntos fundamentales del estado de derecho, la mesa cojea, y es normal, porque le falla esa pata. Es lo que ha ocurrido con la reciente reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El respeto a la separación de poderes ―la distancia debida entre el Ejecutivo, el legislativo y el judicial― es una prueba de fuego para las democracias y la española empieza a presentar debilidades muy preocupantes sobre problemas que vienen de lejos. Los partidos y los Gobiernos tienen en nuestro país influencia excesiva sobre entidades regulatorias y de control, sobre el tejido asociativo, y desde luego, sobre el poder que debe controlar al poder judicial.

Las amenazas no veladas por parte del líder de Podemos contra jueces concretos van contra los jueces españoles en general y han sido advertidas como un mensaje claro de búsqueda de sometimiento lacayo, al estilo de lo que hacen los populismos cuando ocupan el poder. Hasta tal punto es así que estamos asistiendo a un hecho sin precedentes en la historia democrática de España. Tres de las cuatro organizaciones judiciales más importantes del país ―que aglutinan a 2.500 jueces, la mitad de toda la judicatura― han redactado un escrito de seis folios dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynder, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del estado de derecho en España.

Hablamos de miles de jueces que activan la señal de alarma que también nosotros llevamos detectando desde hace ya más de medio año, en cuanto los partidos en el Gobierno anunciaron sus intenciones. Ya en octubre pasado nos dirigimos a la Comisión Europea para avisarle del peligro de esta reforma. Volvimos a hacerlo en diciembre, en enero y en este mismo mes de abril para respaldar la iniciativa de estos profesionales de la judicatura.

Y el mensaje ha llegado: tras reunirse con Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, Vêra Jourová declaró el lunes que la reforma del CGPJ de limitación de competencias cuando está en funciones “en principio” encaja con el estado de derecho, pero que eso “hace aún más apremiante la necesidad de elegir a los nuevos miembros del Consejo”. Y subrayó lo importante: cualquier cambio legal debe hacerse “tras haber realizado amplias consultas”.

Jourová le pidió a Campos que no se tramite la propuesta del PSOE y Podemos sobre la renovación de vocales y aparentemente tuvo éxito: “El ministro me aseguró que la reforma para el sistema de elección de los miembros de CGPJ no será llevada adelante por el Gobierno”.

¿Alguna duda sobre cómo interpretar la posición de Bruselas? De nuevo Jourová hablando de su conversación con el ministro de Justicia: “Le he recordado nuestra posición clara de que es importante abordar el problema [de la renovación] del Consejo y garantizar a la vez que no sea percibido como vulnerable a la politización”.

El poder de los jueces, la independencia de su poder, la separación de poderes… todo ello forma parte de las defensas del sistema democrático frente a los gobernantes y las tentaciones de abuso que puedan tener. Por eso mismo, es la pieza más apetitosa para los políticos depredadores que, en tiempos de crisis, tienen más oportunidades de cobrársela.

Los problemas más serios para la elección del Consejo General del Poder Judicial han sido políticos, siguiendo la estela de la preocupación de la comisaria; se han debido a la alta politización del sistema de elección. La participación del Congreso y del Senado en la designación de una parte del CGPJ contamina el proceso y lo convierte en un intercambio de cromos entre los dos partidos grandes, que se buscan mutuamente y acuerdan ―esto sí que lo acuerdan― los nombres.

La nueva reforma profundiza en esa politización. Esto no estaba en el espíritu constitucional.  Necesitamos que la ley que regula la elección del gobierno de los jueces refuerce la independencia del poder judicial, no lo contrario, y necesitamos que Bruselas intervenga si el Gobierno se equivoca de camino. ¿Por qué? Porque esa independencia es la clave de bóveda del sistema de separación de poderes: es lo que nos protege de la deriva arbitraria. Un factor vital para que la corrupción no lo inunde todo poco a poco, para que la democracia no naufrague.

Por eso hemos arropado la iniciativa de los 2.500 jueces ante el Gobierno de la UE, que va a escuchar sus razones a finales de mes en el marco de la elaboración del informe sobre el estado de derecho 2021. Es tiempo de proteger al poder judicial para comenzar a generar una nueva cultura de respeto de su independencia en lo más profundo. Es tiempo de achicar cada espacio a las nuevas —pero tan viejas— tentaciones de los populistas.