La nueva ley universitaria y la virgencita de Lourdes

Una cosa hay que tener clara: las universidades públicas de la Unión Europea son democráticas sin innecesarios aspavientos de llorosas plañideras, aunque no sean asamblearias y sus rectores no sean elegidos por su propia cerrada comunidad. Un método apolillado por la ‘praxis’ y que huele a parámetros que, según la forma, parecen una hijuela de la democracia ‘orgánica’ del franquismo, con un trasunto encima de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. 

Otro apunte: de momento no he encontrado ningún indicio de que constituciones de Estados europeos contemplen expresamente la ‘autonomía’ universitaria. Aunque la verdad es que la española la contempla pero de manera tal que la acota y la restringe, frente a lo que predica una mayoría académica, que habla de oídas. Artículo 27.10: La Constitución ‘reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca’. La ley, pues, es quien dice qué es eso de la autonomía de las universidades.

El profesor Ángel Cabrera, madrileño, cuya ‘alma mater’ fue la Universidad Politécnica de Madrid, es hoy uno de los rectores de la ‘liga de las estrellas’ de EEUU, y parte del mundo mundial.  Después de estar al frente de la ‘Thunderbird School of Global Management’ (parte actual de la Arizona State University) fue fichado en 2012 por una de las mejores universidades USA, la ‘George Mason’ (GMU) de Nueva York, con rotundo éxito de crítica, público y datos: Presentó un programa de trabajo, y lo cumplió con creces. 

Hasta tal punto que a mediados de 2019 la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia lo fichó como nuevo rector del ‘Instituto Tecnológico de Georgia’ (Georgia Tech), centro en el que este ingeniero se doctoró hace casi quince años. Los datos clave para su elección han sido, entre otros, los siguientes, y como decía el investigador Manuel Luque en unos anuncios de TVE en que promocionaba el detergente ‘Colón’: ‘Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo’. Es considerado uno de los mejores eslóganes publicitarios de España. 

Pues bien, la GMU bajo el liderazgo del profesor Cabrera  aumentó el número de matriculaciones, mejoró los resultados académicos de sus estudiantes (algo que en muchas universidades españolas sería una extravagancia), alcanzó el primer nivel de las universidades de investigación en la clasificación Carnegie. 

Encima, o ‘a mayores’, como se dice en Galicia, estableció alianzas para ampliar los programas en línea y la contratación internacional, ha construido varias instalaciones nuevas, ha adoptado un nuevo sistema presupuestario y ha mejorado la calificación crediticia. Ah, y duplicó las contribuciones filantrópicas consiguiendo en diciembre de 2019 unos 690 millones de dólares. 

Ángel Cabrera pese a este impresionante curriculum… no podría ser rector de una universidad española mientras esta tenga el actual sistema de gobernanza, donde lo que prima para el voto corporativo del tercio docente, el tercio administrativo y el tercio estudiantil es exactamente lo contrario de sus méritos. Con papel celofán de colores va que chuta.

Dicho de otra manera: salvo contadas excepciones, como que toque el Cuponazo de la ONCE, el Euromillones o el Gordo de Navidad, una mayoría de los rectores españoles no están avalados por una previa gestión innovadora y eficiente en sus vice rectorados y decanatos. Hay excepciones, por supuesto, pero lo cierto también es que asimismo son excepciones los rectores que concurren a un segundo mandato con un muestrario de éxitos demostrable científicamente: o sea, con números.

Los periodos electorales son como un mercado persa. La oferta ‘política’ no consiste en plantear nuevos retos en la gestión y en ambiciosos objetivos de interés general y mayor eficiencia sino en ofrecer mejoras que van directamente contra la calidad y el buen gobierno en función de un populismo clientelista en ocasiones (frecuentes) de muy baja estofa: rebajar la presunta pero indemostrada ‘dureza’ de las Norma de Progreso y Permanencia,  cortina de humo espeso para ocultar el fracaso académico de innumerables asignaturas ‘cuello de botella’; menoscabar las funciones supervisoras del Consejo Social, una seña de identidad implantada por la LRU, la ley socialista – el PSOE y la izquierda responsable no lo debe olvidar- que ya estableció en su preámbulo una obviedad que se sigue ignorando por la endogamia reglamentada y organizada. La universidad pública no es un cortijo de la comunidad universitaria. 

Unos representantes  de la Junta del PDI de la ULPGC lo tenían claro clarísimo en 2016: la ‘llamada endogamia’, sostenían a la par que frivolizaban, no es otra cosa que la ‘acumulación tectónica de derechos laborales legalmente conseguidos por la vía sindical’… que, por lo visto, podía ciscarse en la legislación vigente. 

El problema es que en la universidad rigen las leyes: la que toque, ahora todavía la LOU,  y no solo las normas que establezca la maquinaria interna. La autonomía de las universidades, que no es tal, insisto, al menos en su concepción evolutiva hacia el infinito,  suele entenderse encima como soberanía, al modo, me da igual, Puigdemont, Mas, Torra, Rufián, Otegui y cualquier iluminado del montón.  

En otras palabras: si el Ministerio encargara un estudio de la gestión y los estatutos de los últimos ‘veintipico’ años, la mayor parte de las universidades se habrían ido situando fuera de la ley por manifiesta insumisión, vestida de remilgada objeción de conciencia.  De las leyes universitarias y de las que se crucen en el camino. Una ‘resistencia’ que se visualiza en la cerrada actitud de la CRUE frente a cualquier clase de control que no dependa en todo o en la mayor parte del Rectorado. 

Vetar, salvo contadas excepciones el control horario de los docentes, a pesar de que la mayoría del profesorado esté de acuerdo, ante la proliferación del gandulismo y el absentismo injustificado, sobre todo en periodos de gobierno  académico buenista y místico contemplativo; desatender reiterada e insolentemente las peticiones del Tribunal de Cuentas para establecer un sistema de contabilidad analítica, porque eso, seguramente, destaparía algunas irregularidades o incongruencias en el sistema universitario ‘very tipical spanish’;  autorizar un número de créditos inferior al mínimo legal; que las publicaciones y patentes no se correspondan con los descuentos de docencia por supuesta investigación…. Etcétera y más etcétera, aunque sea ociosa la repetición.

Ahora, con la ‘Ley Castells’, que ya ha fracasado aunque salga con fórceps, las presiones del ‘stablihsment’, que no quiere salir de la zona de confort que ha ido logrando a la chita callando, el enemigo a batir son los Consejos Sociales creados por la LRU cuando todavía se sentaban en los escaños numerosos ‘padres constituyentes’. La estrategia es quitarles poder e influencia y que sean, al fin y al cabo, los rectores los que los controlen y designen a la mayoría inequívoca e ‘inempatable’ de sus miembros. 

Pero eso plantea un problema serio, de gran calado político, y más en estos momentos en que se afianzan las identidades regionales.

Vamos a ver: la composición y la elección de la mayor parte de sus miembros – menos los de la Academia- son competencia de las Comunidades Autónomas. Primero, porque lo permite la Constitución y, segundo e igualmente importante, porque así lo establecen distintos Estatutos de Autonomía, algunos más avanzados que otros en la igualación con la UE, y que son, no se olvide, Leyes Orgánicas. ¿Permitirán de buena gana o incluso a regañadientes los presidentes, el gobierno o la oposición, de Galicia, Asturias, Canarias, País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, Aragón, Extremadura, Baleares, las dos Castillas, Cantabria, Navarra, La Rioja, Murcia….todo el mapa autonómico del Estado que el que paga no pueda controlar la gestión del presupuesto y que se les ampute un derecho estatutario? Otra cosa sería que el rector fuese ‘fichado’ y contratado con participación del Gobierno autonómico. Pero ese no es el caso, por ahora, ni la cosa, de momento.

La ignorancia es muy atrevida. Se ha abierto un nuevo frente que, en el mejor de los casos, empeorará la situación de las universidades públicas, que ya están sufriendo severamente las consecuencias de su renuencia al cambio y al progreso con la fuerte competencia de las privadas. 

Un catedrático canario de acendradas convicciones religiosas me cuenta, a modo de moraleja, el viejo chiste del inválido que va en su silla de ruedas a Lourdes para pedir un milagro, y en esto que se rompen los frenos cuesta abajo, y el hombre empieza a gritar…”¡virgencita, virgencita, déjame como estoy!”.

Pues eso. Esperen a otro momento en el que el Gobierno y el Parlamento puedan tener más fuerza, independencia y autoridad para acometer la verdadera reforma que la universidad pública necesita.