La muerte digna divide Francia: las cuatro claves para entender el caso de Vincent Lambert
Los médicos reintegraron el martes 21 la alimentación artificial que le habían retirado un día antes, en cumplimiento de una decisión judicial.
El final de Vincent Lambert, un francés que lleva desde 2014 en estado vegetativo, no encuentra su momento. Los médicos interrumpieron el lunes 20 de mayo sus cuidados –es decir, han desconectado las máquinas que, hasta entonces, lo mantenían alimentado e hidratado– pero no consiguieron frenar la ardua carrera judicial que sus padres emprendieron hace seis años para que ese día no llegara. Bastaron 12 horas para que uno de sus movimientos provocara la marcha atrás a una decisión en proceso avalada por la Justicia.
El jefe del equipo facultativo del Hospital de Reims que atiende a Lambert explicó el lunes a la emisora France Info que el enfermo estaría sometido desde entonces a una sedación “controlada, profunda y continuada” hasta su muerte y que le sería administrada una dosis de analgésicos “por precaución”.
Eso fue a primera hora de la mañana. Al filo de la media noche, el Tribunal de Apelación de París ordenó que se diera marcha atrás y se volviera a alimentar al paciente hasta que el Comité para los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, al que habían recurrido los padres, dictaminase.
La decisión está balanceándose con soltura. Sobre este último impedimento, la ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, ya se había pronunciado, asegurando que las decisiones del comité de la ONU no son legalmente vinculantes para Francia: “Hoy en día, jurídicamente hablando, todos los recursos han llegado al final y todas las instancias jurisdiccionales, nacionales y europeas, confirman el hecho de que el equipo médico encargado de este caso tiene derecho a poner fin al tratamiento”.
Lo acontecido en menos de 24 horas da ideal de lo complicado que resulta el caso Lambert. Ha dividido a una familia y ha involucrado a políticos y organismos internacionales más allá de la ONU. Estas son las cuatro claves para entender por qué este caso vuelve a poner la muerte digna en primera línea.
La Ley Claeys-Leonetti, adoptada en el 2016 y conocida como ley del final de la vida, permite la sedación profunda con el fin de evitar el sufrimiento a enfermos terminales pero prohíbe la ayuda activa para morir a través de la eutanasia o del suicidio asistido.
Al mismo tiempo, señala que los cuidados médicos “no deben prolongarse con una obstinación irrazonable” y permite a los facultativos retirar el tratamiento que mantienen a estos pacientes vivos de forma artificial “cuando parecen inútiles, desproporcionados o sin otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida”.
La ley da la última palabra al paciente y establece que el equipo médico debe respetar su voluntad, redactada previamente, o la de una persona de confianza designada también de forma previa y por escrito por el enfermo.
Vincent Lambert sufrió un accidente de tráfico en 2008. Tenía entonces 31 años, era enfermero psiquiátrico y, como la mayoría de gente con esa edad, no había pensado en la muerte ni en la posibilidad de que, un día cualquiera, su vida quedara paralizada en un estado vegetativo.
Desde entonces, se le ha mantenido con vida gracias a la administración artificial de comida y agua a través de un tubo gástrico. Lambert puede respirar sin ayuda y, ocasionalmente, abre los ojos.
En una década, no ha habido más avances en su estado pese a los continuados intentos médicos de mejorar su condición. Por eso, en 2013, el equipo facultativo que lo trata recomendó que se detuvieran los procesos artificiales que lo mantienen con vida.
El problema es que Lambert no había hecho un testamento vital donde se especificaran sus deseos. Su situación ha puesto de relevancia una cuestión que está en el seno del debate sobre la muerte digna: quién tiene el poder de decisión para terminar con la vida de una persona que no ha expresado su voluntad sobre el fin de su vida por escrito.
Rachel Lambert, la pareja de Vincent, ha pedido en múltiples ocasiones que dejaran de retener en vano su muerte y critica que todos estos años ha estado sometido a un ensañamiento terapéutico. “Nunca hubiera querido que lo mantuvieran en este estado”, ha dicho a los medios. Seis de sus hermanos y su sobrino también son partidarios de que se paralicen las máquinas de vida artificial.
En la otra parte de la balanza, están Pierre y Viviane, los padres de Vincent –descritos por la prensa francesa como católicos fervientes–, que junto a dos de sus hermanos llevan seis años batallando para que no le desconecten. En 2015, publicaron un vídeo en una web católica mostrando cómo Lambert era capaz de reaccionar ante estímulos familiares, aunque los médicos lo criticaron y lo tacharon de engañoso.
El lunes, tras anunciarse la interrupción de los cuidados, uno de los abogados de los padres expresó a AFP el ánimo de los progenitores: “Es una vergüenza, un escándalo absoluto, ni siquiera pudieron besar a su hijo”. La misma Viviane gritó al pasar por las puertas del centro hospitalario ”¡son unos monstruos! ¡monstruos!” y otra familiar anunció que comenzará una huelga de hambre contra esta decisión “inaceptable”. “Va más allá de mi familia. Si aceptamos que hoy Vincent sea asesinado, quiere decir que (...) podemos matar a todos los discapacitados que no pueden alimentarse solos”, alegó Hélène Liaud, prima de Lambert.
Frente a la intención del equipo médico, los padres optaron por activar la vía judicial en 2013, cuando, según contaron a Libération, “por casualidad, durante una visita, uno de los hermanos de Vincent descubrió que no se le alimentaba desde hacía 16 días”.
El Consejo de Estado francés dictaminó que la decisión de los médicos de interrumpir los cuidados de Lambert estaba sujeta a derecho. Ya se había pronunciado de la misma forma el tribunal de Châlons-en-Champagne, cercano a Reims.
No en vano, los padres llevaron estos dictámenes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó el recurso que pedía suspender la puesta en marcha de la decisión ratificada por el Consejo de Estado e impedir un posible traslado del paciente –ante la posibilidad de que fuera trasladado a un país donde la eutanasia está legalizada–.
Los progenitores acudieron, en última instancia, al Comité sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, una decisión que, según el Defensor de los Derechos de la República Francesa, “está en contradicción con las decisiones judiciales nacionales y europeas”.
La ONU pidió a principios del pasado mes de mayo que el Estado francés frenara el proceso mientras analizaban el caso, pero recibió una negativa como respuesta y el equipo médico de Lambert fijó para iniciar el proceso la semana del 20 de mayo. Aunque, con él en marcha, ha habido una nueva vuelta de tuerca de manos del Tribunal de Apelación de París que responde a un recurso presentado por los padres horas antes.
El pasado fin de semana, con el contador en marcha, los padres apelaron al presidente del país, Enmanuel Macron. “Vincent Lambert morirá sin hidratación en la semana del 20 de mayo si no hace nada y usted es el último y el único que puede intervenir. En Francia, en 2019, nadie debe morir de hambre y sed”, indicaron en una carta abierta los abogados de los progenitores, que dicen que no han agotado aún los recursos legales. El Elíseo no se ha pronunciado.
El último en referirse al tema ha sido, este lunes, el Papa Francisco, quien ha pedido a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter que no se ceda ante la “cultura del descarte”. “Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte”, ha señalado el Pontífice.
