La Ley Trans llega al Consejo de Ministros: los 'más' y los 'menos' de la nueva norma

Tras meses de negociaciones, polémicas y paralizaciones, la autodeterminación de género llega al Consejo de Ministros de la mano del Gobierno de coalición. No es ni la ley elaborada en febrero por el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, ni la presentada por el pasado 18 de mayo por ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís en el Congreso de los Diputados para desbloquear el escollo en el Gobierno.

Finalmente, el Gobierno de coalición ha acordado fusionar la Ley Trans y la LGTBI en una sola que sí reconocerá la autodeterminación de género, que es la medida que más roces ha causado en el Ejecutivo y entre algunos grupos de feministas y el colectivo LGTBI. Para algunos de estos colectivos esta nueva ley que llega un día después de la celebración del Orgullo al Consejo de Ministros se queda corta comparada con la que había redactado Igualdad.

De hecho, debido al lío político en esta cuestión, el Orgullo de este año estará enfocado a las personas trans, además del rechazo al auge de la ultraderecha y los movimientos ultraconservadores. Este lunes 28 tuvo lugar la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid, con el lema ‘furia trans contra toda autoridad’ y el próximo sábado 3 de julio se celebrará el organizado por el MADO, cuya consigna es ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans ya. Ni un paso atrás’.

Una norma que no acababa de gustar a parte del PSOE

La nueva norma admite una de las demandas históricas del colectivo trans: la autodeterminación de género. Cualquier persona podrá cambiar su nombre y su sexo en el DNI a partir de los 14 años con la declaración expresa. Se trata de una forma de despatologizar las identidades trans, cosa que ya hizo la OMS en 2018. Esta medida no gustó al PSOE, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, por inseguridad jurídica.

Durante las negociaciones, parte de los socialistas y parte del movimiento feminista ha rechazado la legislación de la autodeterminación argumentando que “no se pueden legislar sentimientos” y que se trata de una forma de “borrar a las mujeres” y contradecir las leyes de violencia machista.

Los socialistas ya mostraron en 2020, en un documento interno del partido, su oposición a la autodeterminación de género por dos cuestiones. La primera porque “desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico”; y la segunda porque el género “no existe”, sino que es un conjunto de “estereotipos” que se asignan a hombres y mujeres y que “configura expectativas y oportunidades”.

“Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad”, señaló Calvo en una entrevista en la Cadena SER. La vicepresidenta ha encabezado las principales críticas públicas hacia esta norma y defendió, en su lugar, la ley de Igualdad de Trato, conocida como ‘Ley Zerolo’, que impulsa el PSOE.

Dos leyes en una

En el acuerdo que se presenta en el Consejo de Ministros, la principal diferencia con la ley que redactó en febrero Igualdad es que ya no son dos proyectos de ley, sino una norma donde quedan fusionadas las dos propuestas -trans y LGTBI-. Tras varios tira y afloja, los de Irene Montero decidieron aceptar la unificación, como quería Carmen Calvo, ya que algunos colectivos como la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) llamaban a acercar posturas. Cabe destacar que los grupos que apoyaron la fusión de ambas leyes no eran específicos de personas trans y “no representan ni a un 5% del colectivo”, como explica Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

La autodeterminación de género

El anteproyecto recoge que el proceso para la rectificación registral se iniciará mediante la comparecencia de la persona interesada en el Registro Civil -este paso también se puede hacer online- en donde se le hará entrega del formulario que recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que se proceda a la correspondiente rectificación.

En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de la existencia de las medidas voluntarias de apoyo que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento, incluyendo medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato.

Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.

Tres meses que son cuatro

Tras suscribir la persona solicitante que está conforme, deberá ser citada de nuevo en un plazo máximo de tres meses para comparecer de nuevo en el Registro Civil y ratificar la solicitud, aseverando la persistencia de su decisión.

Firmada y presentada la solicitud se dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Es decir, el proceso completo para el cambio de sexo duraría un máximo de cuatro meses.

Ni menores de 12 ni no binaries ni inmigrantes

Otra de las diferencias es que este cambio de sexo registral podrá ser solicitado por mayores de 14 años, aunque el primer borrador se refería a los 12.

Se elimina también la opción de una tercera casilla en el DNI para las personas de género no binario.

La ley tampoco incluye a las personas trans migrantes como beneficiarias del cambio de nombre y sexo en los documentos administrativos, tarjeta de residencia, permiso de trabajo o tarjeta sanitaria, entre otros.

Otros temas que trata la norma

El Ministerio de Igualdad ha celebrado la inclusión de medidas para garantizar los derechos de las personas intersexuales, o que las parejas lesbianas no necesiten estar casadas para aparecer ambas mujeres como madres de un bebé. Además, prohíbe las terapias de recoversión.

Reacciones de los colectivos

Este anteproyecto recoge, aunque no completamente, algunas de las medidas que la FELGTB, la Fundación Triángulo y ‘Chrysallis’, asociación de familias de menores trans, trasladaron al Gobierno en una reunión que mantuvieron a principios de este mes de junio.

Tal y como explicaron a los medios en rueda de prensa, se propuso, como seguridad jurídica a la autodeterminación, establecer un plazo máximo de tres meses para completar el proceso de cambio registral (que en la actualidad es de unos tres años), así como que la autodeterminación fuera posible para menores hasta los 12 años, mientras que los niños con menos edad pasaría por una primera fase de cambio de nombre únicamente. Además, no se oponían a la unión de las dos normas, como proponía el PSOE, siempre que se mantuviera el “nombre de las personas trans por delante”.

Se ha “cargado” la ley

En una posición muy diferente se encuentran las organizaciones trans, que considera que el Ejecutivo se ha “cargado” la ley que garantizaba los derechos de su colectivo y pedían que se tramitara de forma individual.

Tal y como ha denunciado la Federación Plataforma Trans, el Gobierno está “incumpliendo” su acuerdo, que hablaba de desarrollar dos leyes y considera que han “dejando en el limbo a las personas trans” y a los menores, al “excluir” a los de menos de 14 años de la posibilidad de realizar el cambio registral, así como al colectivo de no binaries, o a las personas trans migrantes.

Una vez que la ley salga del Consejo de Ministros, aún queda un proceso que durará meses y a lo largo del cual se pueden introducir modificaciones, así como las enmiendas que se pueden incluir durante su debate en el Congreso.