La ley de protección de la infancia prohibirá desnudar a los niños inmigrantes para determinar su edad

El Senado ha aprobado este miércoles la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia con el apoyo de todos los partidos excepto Vox, incorporando novedades como prohibir desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los niños que llegan solos a España.

La norma ha salido adelante por 259 votos a favor y tres en contra. Se amplía, de esta forma, el amplio consenso que ya se había alcanzado en el Congreso. La también conocida como ley Rhodes –en alusión al pianista británico que sufrió abusos durante la infancia y que ha impulsado la campaña para reclamar esta norma– empezará a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años –y no 18 como ahora–. Volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva en los próximos días, al haberse tramitado por el procedimiento de urgencia.

Con esta nueva ley, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación. La norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.

“Reforzada y mejorada”

Del Senado sale “reforzada y mejorada”, han coincidido todos los grupos que la han apoyado y que han destacado el consenso alcanzado en torno a una ley necesaria. Entre los cambios incorporados en la Cámara Alta, está la prohibición de realizar desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas para determinar la edad de los niños no acompañados.

En los centros de menores, se limitará al máximo las medidas de contención física, que no podrán aplicarse a menores de 14 años o adolescentes embarazadas, y que deberán hacerse bajo un estricto protocolo y cuando no sea posible aplicar medidas menos lesivas.

Respecto a la difusión en los medios de comunicación de cualquier tipo de imagen de la víctima y su familia, se incluye la obligación de contar con la autorización expresa de familiares de la víctima, incluso tras el fallecimiento del menor, para evitar situaciones de “uso cruel en las redes sociales” como ha denunciado la madre del niño Gabriel.

El texto legal en su paso por el Senado incorpora al Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia en la elaboración de una estrategia de infancia. “Todos hemos renunciado a cosas en aras a alcanzar un consenso y un texto enriquecido, que mejora e incorpora propuestas de todos los grupos”, ha señalado la senadora socialista María Fernández.

La diputada del PP Carolina Agudo ha elogiado también el consenso, aunque ha pedido reducir los plazos para ponerla en marcha cuanto antes, además de garantizar el presupuesto de la ley, petición defendida también por Carlota Santiago, de Ciudadanos.

Vox ha justificado su voto en contra a “una la ley intervencionista y totalitaria” y que supone “una intromisión insólita en la familia, con la excusa de proteger a los menores”, según el senador Jacobo González-Robatto.