La Justicia europea falla de nuevo contra el asalto al poder judicial en Polonia
Penaliza el mecanismo que autoriza al ministro de Justicia a nombrar a los magistrados de los altos tribunales en materia penal.
Las nuevas reglas del sistema legal de Polonia que permiten al Ministro de Justicia del país nombrar o destituir libremente a los segundos jueces para tribunales penales superiores violan la ley de la Unión Europea, dictaminó el martes 16 de noviembre el Tribunal de Justicia de la UE.
La decisión se produce tras una disputa de larga data entre la UE y Varsovia sobre las reformas judiciales polacas que, según los críticos, violan el estado de derecho, frenan la independencia judicial y socavan la primacía de la legislación europea.
La opinión jurídica del tribunal de la UE había sido solicitada por el Tribunal Regional de Varsovia en relación con siete casos penales pendientes, utilizando la opción de decisión prejudicial que permite a todos los tribunales nacionales de los Estados miembro de la UE solicitar apoyo para interpretar la legislación de la UE.
El régimen actual de Polonia pone en peligro los principios de independencia judicial y presunción de inocencia, y el ministro de justicia puede nombrar libremente jueces adicionales a los tribunales penales y poner fin a su adscripción sin ningún criterio oficial sobre la decisión o el derecho a apelar contra ella, concluyó el tribunal de la UE.
Sostuvo además que este sistema no brinda “las garantías y la independencia que todos los jueces deberían disfrutar normalmente en un Estado regido por el imperio de la ley” porque los nombramientos pueden ser utilizados como un medio de control político sobre el contenido de las decisiones judiciales.
La sentencia preliminar no obliga directamente al Gobierno polaco a cambiar la legislación, pero puede convertirse en otro argumento importante en la disputa del bloque con Varsovia.
En octubre, el Tribunal de la UE impuso una multa diaria de un millón de euros al Gobierno polaco por no cumplir con su anterior fallo exigiendo la suspensión de las actividades de la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo.
La Comisión Europea también suspendió la aprobación del plan de recuperación post-covid de Polonia y el desembolso de EUR 36.000 millones en fondos de recuperación debido a la falta de garantías sobre la independencia judicial.
