La justicia declara que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a los Franco su devolución
La jueza considera que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al jefe del Estado, no al dictador a título personal.
El juzgado primera instancia número 1 de A Coruña ha declarado este miércoles el Pazo de Meirás propiedad pública. La magistrada Marta Canales ha condenado a la familia del dictador Francisco Franco a devolver al Estado la residencia veraniega ubicada en el municipio coruñés de Sada que usó el tirano mientras ocupó la jefatura del Estado. Los Franco, no obstante, todavía pueden interponer un recurso contra esta decisión ante la Audiencia Provincial.
La magistrada ha concluido que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal. Además, Canales ha negado la indemnización de los gastos en los que haya incurrido la familia Franco en el Pazo en todos estos años.
El juicio sobre el Pazo, el primero en los casi 45 años que han transcurrido desde la muerte de Franco, quedó visto para sentencia tras cuatro jornadas de vista oral el pasado mes de julio.
Durante los tres días del juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de A Coruña, un total de 17 testigos comparecieron durante tres días para ayudar a la magistrada a dilucidar la propiedad de la finca. El Estado reclama a la familia Franco la propiedad.
El Gobierno se ha congratulado este miércoles por la decisión de la Justicia. “Siempre es bienvenido que se pueda recuperar aquel patrimonio que es de todos”, ha comentado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en Moncloa tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
En la causa ha figurado como parte demandante la Abogacía del Estado y la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña han estado como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad al patrimonio común.
En la última jornada del juicio, el abogado de la familia del dictador defendió que la propiedad fue entregada al autócrata “a título personal”, como, arguyó, demostraría el hecho de que desde 1975 dejase de ser una residencia oficial para los jefes de Estado de de Gobierno de España.
La Justicia, pues, ha dictaminado que la compraventa del inmueble, que se produjo el 24 de mayo de 1941, y con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una simulación, algo “que determina la nulidad de la misma”. Es decir, la operación careció de legitimidad.
Canales rechaza la existencia de retraso en la presentación de la demanda y subraya que la posibilidad de presentarla “nace de un importante estudio histórico y de un consenso social logrado tras muchos años”.
La historia de un enclave histórico
La escritora Emilia Pardo Bazán fue quien mandó construir el Pazo, de estilo Romántico, en 1893. Allí, la literata pasaba varios meses al año e instaló su biblioteca en la Torre de la Quimera, la más alta de la finca, donde trabajaba.
El inmueble tiene tres torres almenadas de planta cuadrada y distintas alturas. Las dos más bajas sirven de residencia. Las torres se edificaron sobre las ruinas de una antigua fortificación del siglo XIV que ordenó construir Ruy de Mondego, señor de las Mariñas. El enclave perteneció a las familias Dejo, Taibo, Ribadeneyra. Desde el siglo XVI, a los Patiño de Bergondo. El Pazo fue destruido por las tropas francesas en 1809 durante la Guerra de la Independencia.
Fotografía facilitada por el Gobierno las que se ve el estado en el que ha quedado el interior del panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio
