La Justicia británica avala la extradición de Assange: ¿y ahora qué?
El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido reactiva el proceso y dictamina que el Gobierno de EEUU muestra “garantías suficientes” de que el acusado recibirá “un trato adecuado”.
Estados Unidos gana. La Justicia de Reino Unido ha avalado este viernes el recurso presentado por el país norteamericano para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueda ser extraditado a EEUU, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión.
De este modo, el Tribunal de Apelaciones reactiva el proceso al revertir el veredicto de un juzgado de primera instancia, que decidió frenarlo al considerar que había motivos suficientes de salud y un alto riesgo de suicido para el acusado si seguía adelante.
Este viernes, los magistrados británicos Ian Burnett y Timothy Holroyde han dado la vuelta a la causa dictaminado que el Gobierno estadounidense muestra “garantías suficientes” de que Assange recibirá “un trato adecuado”, según ha adelantado la BBC.
EEUU ha asegurado ante el tribunal que, en caso de ser extraditado, Assange no será sometido a régimen de aislamiento y no será enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado). En este sentido, Washington ya adelantó que, si era condenado, la pena podría ser cumplida en su país natal, Australia. Unas condiciones que la defensa pone en duda por su difícil aplicación y que, según apunta, “podrían ser revocadas en la práctica”.
¿Y ahora qué?
¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora, el caso volverá al Tribunal de Magistrados de Westminster, donde el asunto deberá ser tratado. Assange aún puede recurrir el auto.
La decisión supone un revés para el activista y programador informático, que está acusado de 18 delitos por haber supuestamente violado la Ley de Espionaje estadounidense cuando publicó documentos militares y diplomáticos clasificados. En total, fueron difundidos 400.000 relacionados con la guerra de Irak, otros 90.000 de la guerra de Afganistán y 250.000 del Departamento del Estado (conocido como el “Cablegate”), más cientos de documentos relacionados con la prisión de Guantánamo.
El periodista se enfrenta a un cargo de conspiración por haber recibido información de defensa nacional, siete por la obtención de dicho material, nueve por haber revelado y difundido la misma, y un último por conspirar para acceder a un puesto informático.
La acusación ha reiterado que el australiano “alentó a fuentes con acceso a información clasificada a que la robaran y la entregaran a Wikileaks para su divulgación”. Mientras que, por su parte, la defensa argumenta que tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU por su condición de periodista, lo que también se extiende a la publicación de los documentos filtrados.
Tanto sus abogados como la Fiscalía —en representación de la Justicia estadounidense— podrán recurrir esta decisión.“Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”, ha aclarado en un comunicado su equipo legal.
“Un grave error judicial”
Tras conocer el fallo, la prometida de Assange, Stella Moris, también ha insistido en que apelarán “lo antes posible” y ha descrito la decisión como un “grave error judicial”, “peligroso y equivocado”. ”¿Cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo”, ha expresado.
En la misma línea, el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, ha reiterado que “la vida de Assange está una vez más bajo una grave amenaza, al igual que el derecho de los periodistas a publicar material que los gobiernos y las corporaciones consideren inconvenientes. Se trata del derecho de una prensa libre a publicar sin ser amenazada por una superpotencia intimidatoria”.
Los principales grupos en defensa de los derechos civiles, incluidos Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, ACLU y Human Rights Watch, han calificado los cargos contra el fundador de WikiLeaks como una “amenaza a la libertad de prensa en todo el mundo”. Asimismo, sindicatos de periodistas, incluido el Sindicato Nacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, señalan que “la libertad de los medios de comunicación está sufriendo un daño duradero por su enjuiciamiento continuo”.
Para Amnistía, las llamadas “garantías” en las que se basa el gobierno de Estados Unidos “dejan al Sr. Assange en riesgo de malos tratos”, son “intrínsecamente poco fiables” y por ello, “deben rechazarse”. “Las informaciones de que la CIA consideró secuestrarlo o matarlo plantean todavía más dudas”, asevera su directora, Agnès Callamar.
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