La jueza belga recibe la demanda contra Llarena de Puigdemont y fija la próxima vista el 25 de septiembre
La vista preliminar celebrada este martes ha sido un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones.
La sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas ha recibido este martes la demanda de Carles Puigdemont y varios exconsejeros huidos contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por el 1-O.
Durante la vista introductoria, la magistrada no se ha pronunciado sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación.
La jueza belga se ha limitado a recibir los alegatos por escrito de las partes, estando representado Llarena por el abogado Hackim Boularbah y los demandantes por los letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros.
La magistrada ha llamado a las partes de cada demanda de las varias decenas en agenda este martes en el Tribunal y ha dado fecha para una segunda vista, que en el caso de la demanda de Llarena será el próximo 25 de septiembre a las 09.00 hora local (8.00 GMT).
El abogado que representa a Llarena ha pedido a la jueza que la vista del 25 se celebre en una sala con tres jueces en lugar de uno, algo que no plantea problema a los demandantes.
El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se ha presentado en el juzgado. Sí lo hicieron los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluis Puig, aunque no han intervenido.
Lazos amarillos
El edificio donde se encuentra el tribunal ha amanecido con lazos amarillos de plástico en las barandillas hasta que un funcionario ha procedido a retirarlos cuando comenzó la actividad del juzgado.
La vista preliminar celebrada este martes ha sido un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones.
Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.
Para éstos, el juez belga debería admitirla a trámite porque se trata de una cuestión privada de Llarena, pero el Gobierno consideró su defensa una "cuestión de Estado" y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del juez.