La Junta Electoral manda a los mossos a retirar los lazos y lleva a Torra a la Fiscalía
El máximo órgano de supervisión de las elecciones ha decidido también la apertura de un expediente sancionador
El culebrón no cesa. La Junta Electoral Central ha acordado este jueves dirigirse al conseller de Interior, Miquel Buch, para que ordene a los mossos d’esquadra la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos, según ha adelantado laSexta y RTVE. El plazo termina este viernes a las 15 horas.
El máximo órgano de supervisión de las elecciones también ha decidido la apertura de un expediente sancionador al president de la Generalitat, Quim Torra, y el envío del caso a la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal tendrá que estudiar ahora si Torra ha cometido un delito de desobediencia al no retirar los símbolos independentistas, como había exigido la Junta Electoral y había recomendado el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán).
El delito de desobediencia al que se enfrenta Torra viene tipificado en el artículo 410 del Código Penal. Su comisión implica una pena de multa de tres a 12 meses y la inhabilitación para ejercer cargo público entre seis meses y dos años.
La Junta considera que Torra ha inclumplido varios artículos de la ley electoral (LOREG). El expediente sancionador podría terminar con una multa de 3.000 euros.
La decisión se ha tomado en una reunión celebrada en las dependencias del Congreso, después de que el president de la Generalitat haya sustituido este jueves por la mañana la pancarta con el lema “libertad de los presos políticos y exiliados” y el lazo amarillo que había colgada del balcón del palacio de la Generalitat por otra similar que tiene un lazo blanco tachado con una franja roja.
Torra decidió sustituir esta pancarta tras la recomendación del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el que aconsejaba la retirada de los lazos amarillos y de las banderas esteladas para que se mantenga el principio de neutralidad por parte de las administraciones públicas.
La Junta Electoral había solicitado a la Delegación del Gobierno en Cataluña, dirigida por Teresa Cunillera i Mestres, que enviara fotos de los edificios de la Generalitat con el objetivo de comprobar si se había cumplido la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas.