La juez deja en libertad a Trapero con medidas cautelares
La Fiscalía había pedido prisión por un delito de sedición
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, con comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, después de que la Fiscalía haya pedido prisión incondicional, según fuentes jurídicas.
Lamela ha acordado esta decisión después de tomar declaración a Trapero durante casi dos horas como investigado por sedición y, aunque rechaza la petición del Ministerio Público, advierte al mayor de los Mossos de que en caso de incumplir alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas.
Se trata de las mismas medidas cautelares que ha acordado horas antes para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.
En el auto, la juez precisa que su actuación en los hechos del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes.
No obstante la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición y que existen elementos que vinculan al jefe policial con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.
En concreto se refiere al contenido del documento incautado durante el registro del domicilio del ex número dos de Economía Josep Maria Jové Lladó, la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, o el contenido de las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia".
Tras esta decisión, ahora comparecerán los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
Se trata de la segunda ocasión en la que todos ellos acuden a la Audiencia Nacional en calidad de investigados ante los nuevos datos que aportaron los atestados de la Guardia Civil entregados a la juez Lamela pocas horas antes de su primera comparecencia el pasado 6 de octubre, lo que motivó que fueran citados de nuevo.
Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada había citado este lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y la letrada de la administración de justicia -antiguamente denominada secretaria judicial- del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ordenó los registros el 20 de septiembre que motivaron las movilizaciones donde se registraron los incidentes. Los tres testigos han sido los primeros en declarar ante la magistrada.
Concretamente, el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional establece dos comités en el camino hacia la independencia, uno estratégico, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.