La intolerancia toma las calles
De todo lo que está pasando en la sociedad española, una de las cosas más preocupantes es que cada vez hay más gente convencida de que es legítimo no permitir la libertad de reunión y de expresión de aquellos que nos les gustan. Empezaron los separatistas catalanes. En una auténtica inversión de valores, se decidió que todo el que no comulgara con el nacionalismo catalán era “facha” y, por extensión, no tenía derecho a expresar sus ideas. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, los separatistas impidieron un homenaje a Cervantes. El hecho de que en una universidad, que debería ser el templo de la libertad y del intercambio de ideas, se impida dar una conferencia es un hecho gravísimo que no motivó ni la más mínima condena de los miembros del anterior Gobierno de Sánchez ni, por supuesto, del Gobierno de Torra. Pero esto no es más que la punta del iceberg. Otra universidad catalana, en este caso la UAB, ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad ideológica del colectivo de estudiantes constitucionalistas. Y eso mientras que los aprendices de matones que se hacen llamar “antifascistas” intentan impedir sistemáticamente, llegando incluso a la violencia física, cualquier acto que pretendan llevar a cabo los valientes estudiantes de “S’ha acabat”. Y, de nuevo, un silencio atronador en los diferentes gobiernos y en la mayor parte del ámbito universitario e intelectual de Cataluña.
Por otra parte, en Cataluña se ha considerado una provocación que los diputados vayamos a algunos pueblos pese a que ganamos las últimas elecciones autonómicas. Si los separatistas deciden que no podemos ir a un municipio, tienen carta blanca para insultarnos, escupirnos o lanzarnos objetos. Y no solo eso: en algunos pueblos han llegado a desinfectar con lejía por las calles que hemos pasado. No es de extrañar que animalicen de esa manera a los adversarios políticos cuando los separatistas invistieron como presidente a Quim Torra, que ha dejado plasmada su xenofobia por escrito en multitud de artículos en los que nos ha llamado, por ejemplo, “carroñeros, víboras, hienas” y “bestias con forma humana”, o cuando decidieron premiar con la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert, que llamó “cerdos” a Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, entre otros.
Luego, esa intolerencia se ha ido extendiendo y se consideró también una provocación que fuéramos a Alsasua. El PSOE, por ejemplo, lo tachó de “grave irresponsabilidad” y nos llegó a comparar con perros. Otra vez la animalización. Ni que decir tiene las funestas consecuencias que ha tenido a lo largo de la historia intentar despojar al adversario de su humanidad. Y resulta curioso que el PSOE no tenga nada que decir sobre los homenajes a etarras pero que le parezca que no es de recibo que Maite Pagazaurtundúa pueda hacer un acto en su tierra junto a sus compañeros. Algo similar sucedió cuando hicimos un acto en Rentería y Pablo Echenique dijo sobre Albert Rivera: “Va a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebaña votos de odio en otros territorios”. Resulta realmente curioso que alguien considere que visitar un pueblo u otro de tu país va en contra de la convivencia o que los españoles votan por odio a sus vecinos. Parece difícil que pueda llegar a gobernar alguien que tiene en tan poca consideración a sus compatriotas como este dirigente de Podemos. Echenique señala y los radicales actúan: en Rentería también desinfectaron las calles al paso de los compañeros de Cs.
Así pues, según los nacionalistas, el PSOE y Podemos no es posible que vayamos a visitar diferentes lugares de Cataluña y el País Vasco y por ese motivo, si después sufrimos insultos o incluso agresiones, la culpa es nuestra porque hemos ido a provocar.
La libertad de reunión y de expresión son pilares básicos de cualquier democracia y mirar hacia otro lado o incluso justificar los intentos de impedir esos derechos a los ciudadanos de una u otra ideología tiene terribles consecuencias, entre ellas normalizar lo que es absolutamente inadmisible. Hagamos una sencilla prueba: sustituyamos en cualquiera de los ejemplos anteriores el colectivo acosado por cualquier otro colectivo. ¿Se imaginan? El escándalo sería mayúsculo y con razón. Entonces, ¿por qué no causa la misma condena cuando las personas atacadas pertenecen a un partido o simplemente son constitucionalistas?
El problema es que después de mucho tiempo mirando hacia otro lado o incluso justificando las agresiones en lugares donde el nacionalismo campa a sus anchas, eso se ha ido extendiendo y en cuestión de días, Begoña Villacís, a 48 horas de dar a luz a su hija, tuvo que ser escoltada por la policía mientras se protegía la barriga ante el acoso de los miembros de la PAH. Y Marta Sánchez tuvo que abandonar un concierto para garantizar su integridad física por el lanzamiento de huevos. Por increíble que parezca, no ha habido una condena unánime a estos dos ataques a mujeres. Parece que la solidaridad de algunas personas que reparten carnés de feministas está bastante restringida. De hecho, miembros de Podemos y sus confluencias acabaron justificando el ataque a Begoña Villacís. Y pocas horas después, los radicales lanzaron objetos a Ignacio Aguado y Jordi Cañas mientras hacían un mitin en Lavapiés. Ir a según qué pueblos de Cataluña o el País Vasco es una provocación, pero ahora parece que ir al centro de Madrid también lo es.
Mientras unos miren para otro lado y otros justifiquen estas actitudes, tendremos un grave problema de democracia. No podemos permitir que la intolerancia gane las calles porque entonces perdemos todos. Desde luego, a nosotros no nos callarán porque nuestro amor a la libertad es más fuerte que su odio.