La huelga de los examinadores de tráfico se enquista hasta los presupuestos de 2018

Incertidumbre, cansancio y desánimo. Esas son las sensaciones que transmiten los dueños de muchas de las 9.000 autoescuelas que hay en España y miles de aspirantes a obtener el carnet de conducir desde el pasado verano. Desconocen cuándo les tocará realizar la próxima prueba. Los examinadores de tráfico iniciaron una huelga el 2 de junio ante el incumplimiento por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de un compromiso adquirido en 2015.

Esta huelga, que se realiza cada lunes, martes y miércoles y que acumula más de 60 jornadas con un seguimiento en torno al 60%, ya ha tenido consecuencias. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) asegura que ha ocasionado el cierre definitivo de 34 autoescuelas en el país. Por su parte, la DGT cifra en 193.978 las pruebas aplazadas hasta el 20 de noviembre.

"Me está costando muchísimo llegar al práctico de conducir. Llevo desde septiembre que me saqué el teórico y todavía no he podido examinarme. Parece que será la semana que viene, pero veremos a ver. Ya me pasó a mediados de noviembre, que en el último momento me dijeron que no", lamenta Rubén, un joven almeriense de 22 años, en declaraciones al HuffPost.

Su caso no es el único. Cada día de huelga la mitad de los 6.000 exámenes que se convocan diariamente no se realizan y tienen que aplazarse. Los examinadores dejan de percibir en torno a 65 euros en su nómina en cada jornada que no acuden a su puesto de trabajo. A pesar de los cambios, entre junio y noviembre se han realizado más de 400.000 exámenes prácticos, los que más se han visto afectados por la huelga.

¿Qué piden los examinadores?

El origen del conflicto se encuentra en octubre de 2015. Los examinadores piden a la DGT que se cumpla el acuerdo alcanzado entonces cuando, tras seis semanas de huelga, la que era directora general de Tráfico, María Seguí, se comprometió a dar "garantías de seguridad a los funcionarios" tras las denuncias de agresiones e insultos por parte de los alumnos y una compensación retributiva por la carga de trabajo. Unos compromisos que nunca se cumplieron.

Este complemento de 250 euros en 14 pagas es el principal punto de conflicto. La DGT, que dirige en la actualidad Gregorio Serrano, asegura ahora que el acuerdo firmado se limitaba a 215 euros. Por el momento, el organismo únicamente ha ofrecido 125 euros a los examinadores por trabajar entre una hora o una hora y media suplementarias a la semana para disminuir la lista de espera. "Propuesta que no ha sido aceptada por el colectivo en huelga", señala la DGT en una nota de prensa.

"Este conflicto se debe a la incompetencia de la DGT. Este mismo Gobierno firmó un acuerdo, que luego no ha cumplido. Les han ofrecido la mitad de lo acordado y los examinadores han decidido no aceptarlo", señala Pablo Bellido, portavoz del PSOE en la comisión de seguridad vial del Congreso. "El conflicto se podía haber resuelto antes del verano. Tanto el Ejecutivo como el colectivo tienen que llegar a un acuerdo ya", apunta Irene Rivera, su homóloga en Ciudadanos.

¿Cuánto cobra un examinador?

Los examinadores cobran entre aproximadamente 1.250 y 1.360 euros, dependiendo de la categoría funcionarial a la que pertenezcan, bien el subgrupo C2 (la mayoría) o el C1. Ahora, el Ministerio de Hacienda ha creado la especialidad de Tráfico para unificarlos dentro del subgrupo C1. La DGT ha lanzado un plan de promoción interna, con 435 plazas, para que suban de categoría y de sueldo el 60% de los examinadores que se encuentran en la inferior.

¿Servicios mínimos en esta huelga?

La DGT impuso esta semana por primera vez servicios mínimos del 50% durante el mes de diciembre al considerar que la huelga se había convertido en "indefinida". Una medida que no parece que vaya a rebajar el conflicto, aunque ha sido aplaudida por la Confederación de Autoescuelas:

Las críticas de la oposición a la gestión de la DGT son constantes. "Peor, ni queriendo. El Estado ha dejado de ingresar 15 millones de euros, por no gastarse tres a los que se habría comprometido en una administración que genera en torno a 300 millones de superávit", critica Bellido. La DGT no ha respondido a este medio sobre estas cifras.

El lunes 4 de diciembre fue el día que se estrenaron los servicios mínimos, en el que la DGT aseguró que el seguimiento de la huelga había sido del 25,36% y que únicamente se habían suspendido 1.221 pruebas.

Como suele ocurrir en estos casos, las cifras de seguimiento difieren. La asociación de examinadores (Asextra) asegura que, a pesar de que existía la obligación de que la mitad de la plantilla acudiera, solo fue a trabajar el 39%.

El comité de huelga recurrió este martes ante la Audiencia Nacional los servicios mínimos al considerarlos ilegales, según adelantó Servimedia. Una semana más tarde se ha conocido que el tribunal ha desestimado las medidas cauterales del recurso, que incluían la suspensión de servicios mínimos, según ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado al ser preguntado por las medidas para poner fin al conflicto.

A la espera de los presupuestos...

Las relaciones entre ambas partes no pasan por su mejor momento. El acercamiento de posturas que hubo a mediados de noviembre, parece ahora lejano. Sin embargo, queda una última oportunidad, a raíz de un documento llamado "propuesta consensuada" por el colectivo de examinadores que está en manos de la DGT, que podría poner fin al conflicto. Ciudadanos confía en que se llegue a un acuerdo pronto. "Espero que nos den una buena noticia antes de Navidad", afirma Rivera.

Si esta solución no sale adelante, todo apunta a que tardará en llegar. El conflicto está tan enquistado que la mayoría de los afectados ya solo confía en que la solución llegue con la tramitación y la aprobación de los presupuestos generales de 2018, que el Gobierno de Mariano Rajoy todavía no ha llevado al Congreso ante la falta de apoyos, puesto que busca un pacto con el PNV que asegure su aprobación. "El conflicto se solucionará con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que se van a cumplir cuando el Gobierno quiera presentar los presupuestos", afirma Bellido.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se han comprometido a impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los próximos presupuestos se incluya un aumento del complemento específico para los examinadores. "Hemos asegurado vía enmienda a los presupuestos que haya un incremento en el complemento de productividad, que supone 2,5 millones de euros", relata Rivera.

¿Qué pasa con las autoescuelas?

Tanto el PSOE como Ciudadanos piden al Gobierno que busquen vías para ayudar a las autoescuelas, que han visto cómo caían las matriculaciones. "Hay que encontrar una solución para las 30.000 familias que viven de este sector, que en su mayoría son autónomos y no van a aguantar", señala Rivera. "La huelga, unida a la falta de examinadores que ya existía, está teniendo como consecuencia que se arruinen las autoescuelas", apunta Bellido.

Los liberales presentaron una proposición no de ley en la que instaban al Gobierno a compensar a las autoescuelas, a través de una línea de créditos ICO, por las pérdidas que estos negocios han sufrido en los meses de huelga. "Se trata de que consigan un crédito para salir adelante", resume Rivera.

¿Hay suficientes examinadores?

La DGT es consciente de que necesita aumentar su personal. El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció en enero en sede parlamentaria que faltaban 176 examinadores. El organismo cuenta con 742 examinadores en plantilla, según las últimas cifras disponibles, de principios de octubre. La previsión del organismo es que se aumente mediante diversas convocatorias hasta alcanzar el entorno de los 900 a finales de 2018, a los que habría que restar las jubilaciones.

Según la planificación de la DGT, en diciembre se incorporarán 20 funcionarios que se convertirán en examinadores. Posteriormente, otros 32 que provienen de personal laboral de las Fuerzas Armadas, en abril de 2018, y, finalmente, 70 plazas más de nueva creación nacidas de una Oferta de Empleo Público, en julio.