La hora de la verdad

Llegó la hora de la verdad. Meses de declaraciones, de desplantes mutuos, de pulsos dialécticos, de titulares rimbombantes. Pero este miércoles las palabras deben empezar a convertirse en hechos de cara al supuesto referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

La política española vive unas tensas horas, llenas de estrategias de despacho, que marcarán el futuro territorial y de convivencia en el país. "Todo es imprevisible", reconoce un alto dirigente catalán con sillón en el Parlament.

El principal escenario será el Pleno del Parlament que arranca este miércoles a las diez de la mañana. El orden del día solo incluye la sesión de control al Govern y una serie de debates de segundo rango. Pero la idea que tienen los independentistas es aprovechar previsiblemente esta sesión para aprobar las leyes de referéndum y de transitoriedad, de las que colgarán la convocatoria oficial de la consulta y la posterior maquinaria para poner en marcha un Estado independiente y cuya tramitación han ido retrasando.

Ni la Generalitat ni los grupos que defienden la independencia en el Parlament (Junts pel Sí y la CUP) han detallado cómo concretarán esa aprobación, pero todo apunta a un trámite exprés utilizando la polémica reforma del reglamento aprobada recientemente -con el rechazo de PSC, Cs y PP-. A pesar de no estar en el orden día, Junts pel Sí y la CUP podrían introducir el debate de estas leyes invocando el artículo el 83.1 del reglamento y gracias a su mayoría en la Mesa del Parlament.

TRAMITACIÓN EXPRÉS

En ese momento, se activaría una tramitación exprés, casi al estilo de lectura única, que les permitiría aprobar en la Cámara ese mismo día las normas. De todas formas, la sesión ordinaria está convocada para este miércoles y también el jueves. A última hora, los grupos de Junts pel Sí y la CUP han solicitado que el viernes haya una pleno extraordinario, lo que da todavía más margen de maniobra. Estrategias, despistes, ambigüedades. El plan se irá desvelando minuto a minuto.

Una de las diferencias, según fuentes independentistas consultadas por El HuffPost, ha sido la de aprobar a la misma vez la ley de referéndum con la de transitoriedad. La CUP ha reiterado que sigue en pie el acuerdo de aprobar durante esta semana las dos normas. Es uno de los misterios que se conocerá durante estas trepidantes jornadas.

En este camino, el siguiente paso debe ser la publicación de la ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en su versión digital. Tocaría el momento del Govern, que en mente tiene reunirse de inmediato -podría ser en el mismo Parlament- para firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. La idea es que esa orden sea rubricada por todo el Ejecutivo catalán, no solo por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los soberanistas buscan una imagen de cohesión con esa actitud y, además, una responsabilidad colectiva para que la respuesta de Moncloa no solo se centre en la figura de Puigdemont. Asimismo, mucha expectación generan los otros posibles decretos que podría aprobar la Generalitat, además del de convocatoria, como los relacionados con el censo electoral o la financiación de la consulta.

Esta es la hoja de ruta más comentada ente los miembros del Parlament, pero hay otros escenarios. Uno de ellos sería la convocatoria de la consulta vía decreto-ley de la Generalitat, lo que, según fuentes de la oposición, sería otra jugada de despiste y evitaría a los independentistas las "quejas de los letrados" y el "espectáculo" en el Parlament. No obstante, esa opción no ha sido utilizada durante la reunión semanal del Govern.

EL GOBIERNO Y EL CONSTITUCIONAL, PREPARADOS PARA ACTUAR

En el momento que ya haya decreto se acabaron las meras palabras y existirá un documento oficial con firma. El Gobierno de Rajoy hasta el momento ha optado por no calentar el debate, por no actuar judicialmente contra estas futuras leyes al no haberse aprobado su tramitación. Pero La Moncloa, según fuentes gubernamentales, está preparada para todos los escenarios. La consigna es "prudencia", pero una respuesta "firme" ante el desafío.

Todos los ministros están disponibles para acudir de manera rápida a un posible Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. La impugnación de la norma ante el Alto Tribunal llevaría pareja la suspensión de la ley una vez sea admitida por ese órgano judicial. El Constitucional tiene previstas sesiones tanto el miércoles como el jueves, por lo que podría paralizar las leyes en pocas horas. Sería el momento de poner la maquinaria del Estado en marcha. El momento de la Brigada Aranzadi. Si se aprueba la ley por parte del Parlament, serviría una ampliación del recurso del Gobierno existente por el reglamento, mientras que si es decreto-ley del Govern, debería presentarse un nuevo recurso.

¿Hasta qué punto llegará la respuesta del Gobierno? Esta es otra de las grandes incógnitas. En ese recurso el Ejecutivo podría pedir alguna medida extraordinaria contra los firmantes de la ley, como una sanción económica o la suspensión en su cargo. El presidente del Gobierno no quiere sobresaltos, no ha querido levantar la voz, pero una parte de su partido pide ya un gesto de autoridad frente a las díscolas instituciones catalanas.

LA FACTURA DEL 9-N Y LAS INCÓGNITAS DEL FUTURO

Este escenario llega justo después de conocerse que el Tribunal de Cuentas ha citado para el 25 de septiembre a Artur Mas y otros exaltos cargos de la Generalitat para reclamarles una fianza de 5 millones de euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre. Para la Generalitat, esto es un paso "cualitativo" en la estrategia del Gobierno para infundir "miedo" y que no se celebre la consulta.

Una auténtica montaña rusa. ¿Y qué pasará una vez que el Constitucional suspenda esas leyes? Puigdemont sigue defendiendo que habrá urnas y Rajoy ya ha avisado de que se impedirá ese referéndum. Más dudas: ¿Obedecerán los Mossos la orden del Constitucional o seguirán las directrices del conseller independentistas Joaquim Forn?

Son muchas las "incógnitas" que quedan por resolver, comenta a El HuffPost el periodista de El PaísXavier Vidal-Folch, que recuerda que Puigdemont ha dicho que irá "hasta el final". Pone el acento en que se verá el grado de "inmolación" política de todos los miembros del Gobierno catalán, que firmarán también el decreto de convocatoria. Y será el momento de ver también, añade, el grado de "proporcionalidad y de eficacia" de la respuesta de Moncloa, que ha garantizado que no se producirá esa consulta. Todo ello en un contexto en el que no se descarta que pudiera producirse "un incidente o accidente". Con el trasfondo, subraya, de que las encuestas dicen que el 70% de los catalanes prefiere una opción autonómica, federal o de mejora de autogobierno frente a rupturas unilaterales.

Para el director de elnacional.cat, José Antich, este miércoles será "el inicio de algo, no el final de todo" porque hasta el momento solo se han visto las "cartas" del Ejecutivo catalán y falta saber qué hará Rajoy. Además, incide en que próximamente se celebrará también la Diada Nacional de Catalunya (11 de septiembre), por lo que existe la posibilidad de que el Ejecutivo no actúe duramente para no calentar las movilizaciones. Esta es una de las hipótesis que se barajan en Barcelona ahora mismo. Otra de las posibilidades que existe es que el Gobierno, añade, pueda aplicar la ley de Seguridad Nacional para evitar posteriormente el referéndum.

Y es que esta sería una opción frente al artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, una vía que no suscita tanto apoyo incluso entre los partidos unionistas, como el PSOE. Uno de los aspectos cruciales en este pulso será el entendimiento entre los constitucionalistas. Rajoy se ha reunido este mismo martes con el presidente de Cs, Albert Rivera, y se ha mostrado dispuesto a sentarse con los socialistas para hablar de la comisión propuesta por Pedro Sánchez para buscar una solución sobre Cataluña en el Congreso a partir del 2 de octubre. ¿No veremos entonces urnas? Una fuente del PDeCat contesta: "Apostaría que sí. Si el Gobierno abusa de su posición de fuerza, pierde".

Los miembros de Podemos han avanzado que se abstendrán en la votación de la ley del referéndum. Los comunes están en tierra intermedia, defendiendo que es una "movilización legítima" pero sin garantías. Su papel será determinante, y lo saben, después de unas posibles elecciones autonómicas.

Se acabaron las palabras. Este miércoles comienzan los hechos. Todos los escenarios están abiertos. "No sé qué va a pasar", confiesa a escasas horas un diputado del Parlament.