La historia del PP y su oposición al derecho al aborto

El jueves 20 de octubre, mientras los y las diputadas del Partido Popular se burlaban de que algunos de los compañeros de Más Madrid llevasen traje en una especie de episodio ridículo por el cuál el grupo del PP piensa que solamente las personas de derechas pueden ponerse una camisa y una chaqueta, y mientras Ayuso llamaba a los partidos de izquierdas “el trío vallecano” en un tono despectivo como si Vallecas fuera un lugar del que sentir vergüenza y del que ella no debe considerarse su Presidenta, el Grupo Parlamentario de Más Madrid, en un ejercicio de responsabilidad, llevábamos una iniciativa para que el derecho al aborto en la Comunidad de Madrid deje de ser un derecho vulnerado y un derecho que esta en peligro en nuestra región.

La iniciativa no era especialmente polémica, ni pedía cosas extrañas que no estén ya garantizadas en otras zonas de España y de Europa. Nos centramos en algo básico, como que la libre interrupción voluntaria del embarazo se pudiera practicar en la Sanidad Pública y que se cumpliese la ley.

Lo que sucedió en el pleno, como no cabía esperar otra cosa, es que la derecha votó en contra, una vez más, de garantizar este derecho. Y es que la historia del Partido Popular con el aborto es una historia de oposición de más de 35 años. Ya en 1985 este partido comenzó su lucha contra la libertad de las mujeres para decidir cuándo queríamos y cuándo no queríamos ser madres y mientras en el Congreso de los Diputados sacaba adelante la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, donde se despenalizaba el aborto inducido en tres supuestos, el Partido Popular llevó esta Ley al Tribunal Constitucional para que no se pudiera reconocer este derecho y finalmente el Tribunal Constitucional acabo fallando en su contra.

En 2010 vuelve a revisarse la Ley del aborto y gracias a la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se amplian nuestros derechos y el aborto pasaba a depender de tiempos de gestación y no de supuestos, en este caso el Partido Popular vuelve a votar en contra de este derecho.

Ni cortos ni perezosos, el PP, con Alberto Ruiz Gallardón al frente, vuelve a ponerse la manta en la cabeza y presenta una reforma de la Ley del aborto que vulneraba tanto los derechos y las libertades de las mujeres que hasta los casos de malformaciones del feto dejan de ser un motivo válido para tomar la decisión de abortar. Cómo acaba esta historia nos lo sabemos todas, acaba con la dimisión de Ruiz Gallardón y con un Partido Popular muy cuestionado en términos sociales y políticos.

El Partido Popular cambia entonces su estrategia, en lugar de ser una batalla política pública, comienza a ser una batalla clandestina contra el aborto. Hacia afuera y con la boca pequeña se reconoce este derecho, hacia dentro y con la boca bien grande, se dificulta el acceso en la mayor medida posible.

Sin ir más lejos, este verano el Parlamento Europeo aprobó una resolución para incluir el Derecho al Aborto en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Esta resolución obtuvo 324 a favor, 155 en contra y 38 abstenciones. Los partidos que se opusieron a esta resolución fueron la Hungría de Orban, la derecha ultra de Polonia, el diputado de la Liga de Salvini, los nazis de la Alternativa por Alemania, el Frente Nacional de Le Pen y el Partido Popular. El Partido Popular votó alineado con toda la extrema derecha europea, alejándose del conjunto de partidos liberales que promovieron reconocer el derecho al aborto y demostrando, una vez más, que el Partido Popular de liberal no tiene nada y lo que es, es un partido ultra.

En octubre de 2022, hablando ahora a escala regional, el Partido Popular retoma su negativa a que en Madrid las mujeres podamos abortar en la Sanidad pública y votan en contra de la iniciativa presentada por Más Madrid en la que exigíamos, primero: que se garantice que las chicas con 16 años pueden abortar sin consentimiento paterno. Si las chicas son mayores para trabajar, son mayores para abortar. Si son mayores para tener relaciones sexuales, lo son para decidir cuándo quieren o no ser madres.

Segundo, crear un Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos que genere informes anuales de cómo están nuestros derechos en esta Comunidad y qué está fallando para que así podamos hacer políticas públicas que se adapten a nuestras necesidades.

Tercero, poner en marcha una mesa de seguimiento de la Ley que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados sobre Derechos Sexuales y Reproductivos porque no nos fiamos de que este Gobierno pase de puntillas por esta ley y no garantice cada uno de sus puntos en Madrid. Tenemos numerosas experiencias que demuestran que el Gobierno de Ayuso tiene tintes independentistas y tendencia a saltarse las normativas estatales y no vamos a permitir que también lo hagan con nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Por supuesto, queremos que se garantice la objeción de conciencia sin que eso entre en contradicción con el derecho al aborto, porque los derechos no se pelean entre sí y en Madrid el único que no se garantiza de estos dos es el derecho al aborto.

Y por último, que el aborto se pueda practicar en la sanidad pública y que se garanticen medios anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud ya que, una vez más, somos la única comunidad de toda España que no garantiza los métodos anticonceptivos de manera gratuita.

El Servicio Madrileño de Salud dispone de 38 hospitales en su red hospitalaria y en todos ellos cuentan con los medios personales y materiales para realizar interrupciones del embarazo.

Tenemos las infraestructuras, tenemos las leyes, tenemos los derechos. Solo falta que el Partido Popular se tome en serio que las mujeres somos mayores de edad y no necesitamos tutelajes, que vamos a decidir sobre nuestros cuerpos y que asuman que cuando un partido está en el Gobierno debe gobernar para todas y no solo para aquellas que quieren que las mujeres no podamos decidir sobre si queremos o no queremos ser madres.