La guerra sin cuartel por un paraíso fiscal llamado Madrid
Los choques Gobierno-Comunidad durante la pandemia serán meras peleítas ante la batalla definitiva entre Ayuso y Sánchez: los impuestos.
Suenan tambores de guerra. La pelea entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno durante la pandemia fue solo un preludio de lo que se avecinaba. La verdadera batalla sin cuartel entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se librará en la política fiscal. El enfrentamiento por los impuestos que pagan los madrileños acaba de comenzar.
El nuevo choque entre ambos Ejecutivos se inició tras las palabras de uno de los aliados del Gobierno central. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció un preacuerdo para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 a cambio de una serie de cesiones.
ERC había acordado con el Gobierno la creación de una comisión bilateral para reformar el sistema fiscal español y la formación de un grupo de trabajo específico para reformar el impuesto a las grandes fortunas.
Por si alguien dudaba a qué se refería con esto, Rufián lo dejó muy claro. “Con el objetivo de acabar con el dumping fiscal de Madrid. Acabar con el paraíso fiscal de facto que ha instalado la derecha en la Comunidad de Madrid”, afirmó.
Sonó a declaración de guerra en Madrid, región donde el PP gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. “Seré la peor pesadilla de quien toque el bolsillo del contribuyente madrileño”, ha asegurado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Antena 3.
Anteriores presidentes autonómicos como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes hicieron de las rebajas fiscales uno de sus reclamos electorales. La propia Díaz Ayuso prometió una rebaja de impuestos de 300 millones durante la campaña electoral. Sin embargo, la pelea entre los tres partidos que sustentan al Gobierno autonómico impidió su aprobación.
A pesar de que el anuncio lo realizó Rufián, los conservadores han dirigido sus balas directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que consideran el cabecilla de la idea y general del bando contrario.
“Esto no es cosa de ERC, es de Sánchez, de Montero, que llevan dos años seguidos diciendo quieren acabar con los impuestos bajos de Madrid”, ha asegurado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso, en una entrevista en COPE. “No creo que esto se lo haya arrancado ERC. Es el PSOE el que quiere freír a impuestos a los madrileños”, ha reiterado.
El propio presidente no ha dudado en responder a esos ataques. “Si habla con presidentes del PP también le dirán que tenemos un problema que resolver de armonización fiscal”, ha afirmado Sánchez en una rueda de prensa junto al primer ministro italiano Giuseppe Conte tras la cumbre bilateral con Italia celebrada en Palma.
Unos 48.000 millones menos de ingresos
Las sucesivas rebajas fiscales y las exenciones de impuestos aplicadas por los Gobiernos conservadores en la región han tenido un importante impacto en las arcas públicas regionales. La Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 48.292 millones de euros en los últimos 15 años, entre 2004 y 2019, según los cálculos de la consejería de Hacienda.
El Gobierno de Sánchez y sus socios consideran que la Comunidad de Madrid realiza competencia desleal frente a otras regiones porque tienen los impuestos más bajos. El Ejecutivo de Díaz Ayuso realiza a nivel estatal una maniobra similar a la que hacen Irlanda o Países Bajos en la Unión Europea.
En el lado contrario, el PP madrileño defiende que la baja fiscalidad sirve para atraer inversiones y estimular la economía. Ningún político conservador acepta que Madrid sea un paraíso fiscal o que haga competencia desleal a otros territorios. “Eso de que Madrid es un paraíso fiscal es una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los trabajadores madrileños, a todas las personas que madrugan, que pagan impuestos”, ha asegurado Díaz Ayuso.
“El dumping fiscal es una cosa que no existe porque Madrid tiene las mismas reglas que todas las comunidades excepto País Vasco y Navarra”, ha señalado Lasquetty.
Incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha metido en medio de la refriega. “Aquí no hay un paraíso fiscal. Hay una región que aplica la legalidad”, ha asegurado.
El impuesto sobre el patrimonio en la diana
El impuesto sobre el patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, que pueden bonificarlo de manera parcial o total, como hace la Comunidad de Madrid. Las formaciones de izquierdas piden que exista una armonización entre las diferentes regiones para que no exista esa disparidad.
“Hay una enorme disparidad entre regiones que genera un problema de inequidad. La restitución de esos dos impuestos, patrimonio y sucesiones, me parecerían centrales para recuperar un poco la coherencia de todo el sistema”, señala Amadeo Fuenmayor, profesor de hacienda pública y sistemas fiscales y director del departamento de economía aplicada en la Universitat de València.
Este gravamen fue suprimido en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque lo resucitó en 2011 ante la caída de ingresos que se produjo por la crisis. El entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, se comprometió a eliminarlo en campaña electoral, pero una vez llegó a La Moncloa no lo hizo y subió muchos impuestos debido al desplome de los ingresos tributarios.
Este impuesto afecta a una parte muy pequeña de la población. Solo 206.037 contribuyentes presentaron una declaración de patrimonio en 2018 frente a los 20,6 millones de ciudadanos que presentaron la Renta, según los datos de la Agencia Tributaria. “El 99% de los ciudadanos que presentan la declaración de la Renta, no declaran patrimonio”, recuerda José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda.
“La opinión pública está muy en contra del impuesto de patrimonio y de sucesiones, cuando son impuestos que afectan a los ricos. Yo puedo entender que un rico esté en contra porque le afecta, pero alguien que no tiene un millón de euros no lo entiendo”, afirma Fuenmayor.
A diferencia del IVA y el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio no tiene un gran poder recaudatorio. Apenas supuso 1.063,5 millones de euros de ingresos en las arcas públicas en 2017. Un año más tarde se incrementó ligeramente hasta los 1.123,4 millones de euros.
“El impuesto de patrimonio ingresa unos 1.100 millones. Si no existiera la bonificación madrileña, ni el 70% que existe en La Rioja, estaríamos hablando de unos 2.200 millones”, apunta José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda.
Las exenciones fiscales aplicadas en Madrid benefician especialmente a los ciudadanos más ricos, que se libran de pagar el impuesto del patrimonio —bonificado al 100%— y el de sucesiones y donaciones —bonificado al 99%—.
La región bonifica al 100% el impuesto de patrimonio desde 2008. Esto beneficia a unos 18.000 ciudadanos madrileños que atesoran un patrimonio superior a los dos millones de euros.
“Lasquetty dice que todos los años se pagan 5.900 millones de menos de impuestos en la Comunidad de Madrid que en Asturias, en términos comparados. Si analizas quiénes son los beneficiarios descubres que más del 90% son fundamentalmente unas 15.000 o 20.000 personas, los grandes ricos, que no pagan el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones”, señala Eduardo Gutiérrez, economista y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid,
Una batalla que viene de lejos
A pesar de que la polémica ha resurgido ahora, la reforma del impuesto de patrimonio no es algo nuevo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja desde hace meses en una reforma completa del sistema tributario en la que se pretende incluir una armonización de los impuestos autonómicos.
El acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos a finales del año pasado ya ponía el foco sobre los pocos impuestos que pagan los más ricos en España. “Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”, aseguraba el texto en su décimo apartado.
Incluso, el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió una homogenización del impuesto de donaciones y sucesiones entre las diferentes regiones. El presidente del Gobierno ha recordado que la armonización de los impuestos autonómicos ya fue defendida por el comité de expertos que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2017.
“El informe final del comité de expertos recomienda poner un suelo a las competencias autonómicas en materia fiscal para que no exista una competencia fiscal a la baja, como es a la que se ha apuntado la Comunidad de Madrid”, recuerda Gutiérrez.
Los planes de la ministra de Hacienda pasan por establecer unos límites mínimo y máximo en los impuestos autonómicos para que las comunidades no puedan sobrepasar esos topes. “La LOFCA que se puso en marcha en 2010 no recoge un suelo mínimo para esos impuestos, para que ninguno actúe con dumping fiscal que es lo que hace la Comunidad de Madrid”, recuerda Gutiérrez.
Este cambio no se puede hacer mediante los presupuestos y se pretende vincular a la reforma del sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009 y que perjudica a regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Montero pretende iniciar la negociación sobre este nuevo modelo en febrero, una vez que se hayan aprobado definitivamente los presupuestos.
Asimismo, los expertos señalan que no basta con establecer unos topes, sino que se ha de realizar una reforma profunda eliminando exenciones para que el impuesto de patrimonio pueda ser efectivo.
“Los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones tienen grandísimas exenciones. La vivienda habitual no se computa hasta los 300.000 euros, el negocio familiar tampoco y hay una exención global de 700.000 euros. Hay tantas reducciones que el tipo efectivo es muy bajo”, señala Fuenmayor.
La batalla no será fácil. Un cambio de ese calado requiere la modificación de dos importantes leyes orgánicas: la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
Además, el PP y la Comunidad de Madrid están dispuestos a ir hasta el final. “Cualquier intento de limitar la capacidad normativa de la Comunidad será ilegal y anticonstitucional, y será un ataque directo al pluralismo político”, advirtió Lasquetty.
