La gestión china ante el coronavirus: ¿una ‘excusa’ para encubrir violaciones de derechos humanos?

“Detengan la censura, respeten la libertad de movimiento y frenen la discriminación”. La organización Human Rights Watch se muestra contundente con las autoridades chinas: el brote de coronavirus no puede servir para violar derechos humanos en un país, que ya de por sí –en su estado natural, sin epidemia– tiende a ello.

Desde que oficialmente China comunicara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que habían aparecido una serie de casos de neumonía cuyo origen era desconocido en la ciudad de Wuhan ha pasado más de un mes, pero el tratamiento de la cuestión por parte del Gobierno se ha puesto en entredicho prácticamente desde el inicio por considerarse que la respuesta ante la crisis ha sido poco transparente y ajustada a la realidad.

“Se ha tratado de controlar el flujo de información sobre la epidemia –en muchos casos erróneo– y en vez de contrarrestarse con datos verídicos y fuentes fiables, se ha disipado con críticas silenciadas y detenciones que sobrepasan los límites de la proporcionalidad”, señalan desde HRW.

“La insistencia de las autoridades chinas por controlar la narrativa de las noticias y sofocar la cobertura negativa ha continuado impulsando la censura de información a veces legítima sobre el virus”, apunta por su parte Amnistía Internacional. “Numerosos artículos han sido censurados desde el comienzo de la crisis, incluidos de los principales medios como Beijing Youth Daily”, añaden.

Dicha retención de información puede suponer incluso un riesgo, asegura el director del sudeste asiático de AI, Nicholas Bequelin: “Las autoridades chinas se arriesgan a ocultar información que podría ayudar a la comunidad médica a enfrentar el coronavirus y a las personas a protegerse de la epidemia. El hecho de que parte no esté disponible para todos retrasa una respuesta efectiva”, argumenta.

Lo cierto es que además de dificultar el acceso a la misma, el acoso y la detención por parte de la policía china a ciudadanos por haber supuestamente “difundido rumores e información falsa en línea relacionada con el coronavirus”, ha sido confirmado por los mismo agentes del país. Según revelaron, ocho personas fueron detenidas para su posterior interrogatorio, una de ellas médico del hospital donde se trataba a pacientes infectados. Un día antes, el individuo habría enviado mensajes en un grupo privado de WeChat alertando sobre la entonces desconocida enfermedad, y tras ser advertido por los funcionarios del hospital, la policía le obligó a firmar un documento por el que se comprometía a detener actividades ilegales y acatar la ley. Finalmente, el 12 de enero, el médico ingresó en el hospital por síntomas de neumonía después de tratar a los pacientes y ahora se encuentra en estado crítico.

No ha sido el único caso. “Decenas de personas han sido detenidas por las autoridades chinas durante las últimas semanas por diversas publicaciones”, denuncia Human Rights Watch. Una censura en redes sociales que han sufrido incluso familias de personas afectadas que solicitaban ayuda desde sus ciudades acordonadas. Tanto la activista por los derechos de las mujeres Guo Jing como el abogado y periodista Chen Qiushi, que publicó imágenes de hospitales de Wuhan, han sido ejemplos de ello al asegurar haber sido acosados.

“Si bien refutar afirmaciones falsas sobre el virus es crucial, cerrar el contenido legítimo periodístico y de redes sociales sobre el tema no es ningún síntoma de salud pública”, afirmaba Nicholas Bequelin.

Lamentablemente, la censura en redes y las detenciones no han sido violaciones de derechos excepcionales denunciadas por la organización. Desde el pasado 23 de enero, la ciudad de Wuhan ha estado sometida a unas restricciones extremas de movimiento, tanto en el epicentro del coronavirus –Wuhan– como en los alrededores más próximos, lo que ha provocado el aislamiento de cerca de 56 millones de personas. La suspensión del tráfico de vehículos, salvo en áreas muy concretas, ha supuesto que muchos residentes hayan expresado sus dificultades para acceder a algunos servicios básicos.

La ONG se hace eco de un hombre que en el estado de Weibo informó de que la medicación que tomaba para su diagnóstico del VIH se estaba agotando, y a pesar de haber informado a la policía local para obtener el tratamiento, los agentes decidieron informar a la familia del estado del paciente, algo que él había optado por mantener en privado. En la misma línea un enfermo de cáncer y una embarazada denunciaron no haber podido acceder al centro de salud.

“El argumento básico para este tipo de situaciones excepcionales es que en escenarios de emergencia, los derechos individuales deben ser sacrificados por el interés colectivo. Si bien es cierto que en algunos países la base constitucional que regula la cuarentena es tenue o prácticamente inexistente, una imposición como la que está llevando a cabo China en un país de occidente sería inconstitucional”, señala James Hodge, profesor de derecho de la salud en el estado de Arizona, quien constata la violación de derechos humanos en el país ante el brote de coronavirus.

El derecho internacional y en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recuerdan que en situaciones de cuarentena los derechos humanos son inquebrantables y deben garantizarse, a pesar de las restricciones.

La colaboración de la sociedad ante este tipo de medidas ha de ser acorde con los esfuerzos de lo gobiernos, sin embargo, éstos han de actuar con transparencia, equidad y proporcionalidad.

En el caso de China, y en concreto, en la provincia de Xinjiang, estos principios son prácticamente inexistentes. Sometidos a regímenes de adoctrinamiento en los llamados “centros de reeducación”, hasta un millón de personas pertenecientes a la comunidad musulmana uigur –según el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial– carecen de toda protección, y si su vida ya está en peligro en condiciones normales, con la epidemia el riesgo es todavía mayor. Ya hay al menos dos casos confirmados en la región, según el medio RFA, Asia.

“Se confirman las infecciones por coronavirus en Xinjiang, informa la televisión estatal china. Hemos escuchado de exprisioneros que las condiciones sanitarias en los campos de adoctrinamiento pueden ser muy pobres. Si se suceden los brotes allí, puede convertirse en un problema enorme y probablemente que no vea la luz”, afirmaba por su parte el periodista del New York Times asentado en Hong Kong, Austin Ramzy.

El director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, critica por su parte que, ante el brote, las autoridades chinas están aprovechando para potenciar aún más su ninguneo hacia esta población –de la cual se estima que un millón ha sido forzado a campos de trabajo desde 2017– con medidas desproporcionadas, y advierten del riesgo que supone la propagación del virus en dichos campos, donde las condiciones de saneamiento son deficientes y la atención médica muy limitada.

″Se está denegando la renovación del pasaporte a uigures que viven fuera para que tengan que regresar sí o sí a China con grandes posibilidades de ser detenidos y adoctrinados a la fuerza”, describía.

Algunos miembros de la comunidad uigur en Canadá se concentraron este domingo para hacer un llamamiento a los líderes y visibilizar unos hechos que podrían devastar a esta minoría étnica.

Desde Naciones Unidas distintos informes han advertido del ”énfasis desproporcionado puesto en marcha por las autoridades y que coartan los derechos de las minorías poniendo en riesgo su seguridad”.

“Erosionan profundamente los cimientos para el desarrollo social, económico y político de esta sociedad en su conjunto”, concluyen.