La Fiscalía se ha opuesto a que el Supremo decrete la libertad provisional para Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, presos preventivos del “procés”, al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva que “podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia”.
Es lo que ha expuesto el ministerio público en un escrito remitido esta mañana al Tribunal Supremo en el que indica que “el ambivalente dato del transcurso del tiempo” desde que están en prisión debe valorarse en todo caso como un “aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena” para los acusados.
Aunque en un primer momento se planteó la oposición a la libertad de los primeros cuatro, posteriormente se incluyó a Forn y Bassa, todos acusados de rebelión. Ellos solicitaron la libertad una vez el juicio quedó visto para sentencia el pasado miércoles al entender que ya no era necesario asegurar su presencia en la vista y que no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar.
Pero para el ministerio fiscal, el mantenimiento de la prisión preventiva es “incluso más necesario una vez terminado el juicio” ante la inminencia de la sentencia, que adquiriría “inmediatamente firmeza”, un dato que, destaca, “no se puede obviar”.
Es decir, que “se acrecienta la obligación de asegurar el cumplimiento y ejecución” de la sentencia.
Los fiscales tienen en cuenta lo expresado por los acusados en el turno de última palabra, en el que, “lejos de cualquier sentimiento de arrepentimiento, han insistido hasta el final en el frontal rechazo a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento”.
Un ejemplo, a juicio de la Fiscalía, de que concurre la reiteración delictiva, además de los otros dos presupuestos a tener en cuenta para mantenerles en prisión provisional: la gravedad del delito y el riesgo de fuga.
La gravedad del delito se plasma en las conclusiones definitivas del ministerio público y el riesgo de fuga en la “imposibilidad de ejecución de una eventual sentencia condenatoria” y la “posibilidad evidente” de frustrarla cuando se encuentra “en los albores de su gestación o redacción”.
Pero no solo la Fiscalía se apoya en la futura sentencia para justificar el riesgo de fuga sino en “la conexión con otros procesados -siete, entre ellos Carles Puigdemont- que se han sustraído a los tribunales españoles y cuyos pasos podrían seguir” estos seis.
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