La Fiscalía se opone a investigar a Torra por usurpación de funciones como pidió el PP

La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella por usurpación de funciones que el PP presentó contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por mantenerse en el cargo pese a habérsele retirado el acta de diputado.

En un escrito remitido al TSJC, la Fiscalía Superior de Cataluña mantiene que no es la jurisdicción penal la que debe dirimir si Torra “se halla o no legitimado” para seguir siendo presidente de la Generalitat, una vez el Parlament le retiró la credencial de diputado por orden de la Junta Electoral Central”.

En su querella, el PP argumentaba que la pérdida de la condición de diputado de Torra -derivada de una decisión de la Junta Electoral tras su condena por desobediencia- comporta de forma automática su cese en el cargo de presidente de la Generalitat, de acuerdo tanto con la Constitución como con el Estatuto de Autonomia.

“No es en sede de un tribunal penal”

No obstante, para el ministerio público, “no es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si en la situación actual quien ejerce las funciones de presidente de la Generalitat se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio de aquellas que, sin oposición de nadie, viene en la práctica ejerciendo”.

Para la Fiscalía, “más allá de la especulación” que pueda derivarse de la simple lectura de la Constitución y el Estatut, la “certeza y taxatividad de la norma penal” exige que exista un “pronunciamiento previo por parte del órgano competente con relación a la -sin duda controvertida- cuestión suscitada”.

Sostiene además el ministerio público que, ya en 1995, fue despenalizada “la conducta de quien, debiendo cesar, continuase en el ejercicio de la función pública”, por lo que los hechos no encajan en el delito de usurpación de funciones en que se fundamenta la querella del PP.

De hecho, abunda la Fiscalía, ese delito queda reservado en la actualidad a quienes, sin serlo, “suplantan la formal condición de agente de la autoridad”, atribuyéndose falsamente una función pública para obtener ventajas o cometer otros delitos con mayor facilidad.

“Incongruencia del planteamiento”

La Fiscalía está de acuerdo con los querellantes en que, en cualquiera caso, sería la sala civil y penal del TSJC el órgano competente para conocer de la querella por usurpación de funciones contra Torra.

Sin embargo, resalta en su escrito la “incongruencia del planteamiento” de los querellantes, que de acuerdo con sus tesis deberían haber considerado competentes los juzgados de instrucción de Barcelona, y no el TSJC, “en cuanto partido judicial donde el querellado estaría ejerciendo su, según se señala, impostada actividad pública”.

“Ciertamente, habiendo perdido el querellado su formal condición de diputado en el Parlament (hecho que no se cuestiona) y siendo hipótesis de la querellante que dicha pérdida llevaría aparejada la pérdida de condición de president de la Generalitat, nos hallaríamos frente a un ciudadano particular, desprovisto ya de su condición de autoridad, y consecuentemente, del inherente aforamiento”, aduce la Fiscalía en su escrito.

Tras recibir el informe de la Fiscalía, el TSJC debe decidir ahora si admite a trámite la querella del PP contra Torra, que a su condena por desobediencia suma ya otra causa judicial por desoír una orden del alto tribunal catalán para que descolgara una pancarta de apoyo a los políticos presos de la fachada del Palau de la Generalitat.

“Funciones que no le corresponden”

En su escrito de 19 páginas, presentador por el PP el pasado 5 de febrero ante el TSJC, el partido liderado por Pablo Casado señalaba que la continuidad “en la delictiva actuación” de Torra, asumiendo “funciones que no le corresponden”, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y “de España como nación”.

Añadía, además, que la actitud de Torra es “gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe poner fin de inmediato a tan ilícito proceder”.

“La presente querella se interpone ante esa Sala dado que el querellado, nombrado en su día presidente de la Generalitat de Cataluña por ser miembro de su Parlament, a pesar de que ya no puede ostentar ni ejercer tal condición por haber perdido la cualidad de Diputado, se empecina en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto de Cataluña, actuando de facto como presidente”, denunciaba el PP.