La Fiscalía pide aumentar la pena a Iñaki Urdangarin hasta 10 años de cárcel
Es la tercera versión diferente que dan desde la oficina del fiscal del TS en un mismo día. La Audiencia de Palma le condenó a seis años y tres meses de prisión.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado hoy un recurso de casación por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el llamado caso Nóos, en la que pide incrementar a 10 años de prisión la condena de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina.
Diez años. Esa parece ser la cifra final, pese a los vaivenes que se han ido produciendo en la información a lo largo de este lunes. En un primer momento, la noticia difundida por las principales agencias y publicada por todos los medios decía que la Fiscalía solicitaba rebajar la condena, no subirla. Según han explicado la agencia Efe y Europa Press, el error se ha cometido porque la nota de prensa enviada por la propia Fiscalía era incorrecta. La información era una sorpresa tremenda, ya que medios como El Mundo ya habían adelantado que precisamente el fiscal iba a pedir más mano dura contra el yerno del rey Juan Carlos, no suavizar su pena.
Más tarde, se explicó de manera extraoficial que "a primera interpretación del recurso apunta a una petición de 14 años y medio, si bien existe otra alternativa que la limitaría a 10 años de prisión, sin que desde la Fiscalía se haya aclarado". A las 19.30 horas se ha emitido un comunicado, finalmente, explicando cómo quedaba la esperada petición.
LO QUE SE PEDÍA Y LO QUE SE PIDE
La Audiencia de Palma condenó a Urdangarin a seis años y tres meses, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la pena en un complejo recurso de 105 folios presentado hoy por la fiscal María Ángeles Garrido, que también pide aumentar la condena al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y al expresidente balear Jaume Matas y condenar a cuatro de los absueltos de la rama valenciana del caso.
En cuanto a Urdangarin, el recurso aboga por un incremento de la pena inicial en tres años y nueve meses al entender que se le debe condenar por la malversación continuada de caudales públicos por los Fórum Illes Balears de 2006 y de 2005.
A juicio de la fiscal, en los foros que el Instituto Nóos organizó en Palma los acusados se concertaron "prescindiendo absolutamente del procedimiento, prevaricando, para permitir la salida contraria a la ley de fondos públicos por importe de más de dos millones de euros".
Para la fiscal, hay una desproporción "flagrante" cuando por dos millones de euros "se ofrece como contraprestación la celebración de un seminario durante dos o cuatro días sobre turismo y deporte". "Si a ello se une que no se requiere justificación alguna, el desfalco está servido", añade. La contratación de Nóos, insiste la fiscal, "sólo obedeció a la identidad de don Ignacio Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición del yerno del entonces Rey de España".
Respecto al resto de los delitos, la fiscal cree que el delito de fraude a la administración por el que se le condenó a siete meses de cárcel debe ser castigado con dos años de prisión, y acepta la condena a 1 año de prisión por tráfico de influencias (aunque pide una multa adicional) y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.
SUBE TAMBIÉN PARA TORRES Y MATAS
En cuanto a Diego Torres, exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos condenado a ocho años y medio, la fiscal reclama una condena total de 12 años y cuatro meses al considerar que, como Urdangarin, cometió un delito de malversación continuada con los foros que organizó para el Govern balear.
Respecto al expresidente balear Jaume Matas, condenado por la Audiencia de Palma a tres años y ocho meses de prisión, la Fiscalía solicita que se amplíe su pena por razones idénticas a las anteriores a cuatro años y ocho meses.
También propone la fiscal agravar las penas del resto de los acusados de la trama balear: el entonces director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el entonces gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía y el asesor jurídico de la entidad, Miguel Ángel Bonet.
Asimismo, la representante del Ministerio Público discrepa de la sentencia en lo que refiere a la rama valenciana del caso, que tuvo cinco acusados, todos ellos absueltos, incluido el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.
El recurso de la fiscal no afecta a este último, pero pide que se condene a cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y ex responsable jurídica de dicha entidad, por falsificar tres informes.