La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Álvarez-Cascos por cargar a Foro Asturias gastos personales por 5.550 euros

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión para el impulsor del partido Foro Asturias y expresidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar que cargó a las cuentas de la formación política gastos personales por valor de 5.550 euros.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en el Juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado

indemnice a Foro Asturias con 5.550,51 euros por el dinero apropiado, más los intereses legales correspondientes.

La Fiscalía sostiene que el acusado ostentó diversos cargos de relevancia en el partido político Foro Asturias de Ciudadanos (FAC) desde su constitución, en febrero de 2011.

En los meses inmediatamente anteriores a la constitución de este partido, al encausado se le realizó una oferta profesional, encaminada a liderar un proyecto político, para lo cual, además de un alineamiento en ese proyecto, se incluía una retribución a cambio de dedicación exclusiva. Facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos (lo que incluía alojamientos 2 en Asturias, desplazamientos con o sin conductor, gastos inherentes al desplazamiento, etcétera).

Y capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido en el territorio que considerase (si bien sujeto a control posterior).

Esta oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, gastos de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política. Una vez aceptada la oferta profesional, el acusado fue nombrado presidente del partido desde su primer congreso, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2011, y hasta el 14 de marzo de 2015, momento en que pasó a ostentar el cargo de secretario general, hasta el 15 de noviembre de 2019. No obstante, desde la constitución, fue la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma, sostiene el Ministerio Público.

En el escrito de acusación pública, la Fiscalía señala que en el partido, desde su origen, no se había nombrado tesorero, y la comisión directiva, como órgano de máxima relevancia en su funcionamiento, se centraba principalmente en la actividad política, delegando tal función económica de facto y despreocupándose del sistema ofrecido a la máxima figura de la formación.

En realidad, se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido, sumado a la existencia de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas (que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos).

A ello se sumaba la existencia de un procedimiento basado en la confianza, conformado por ciertas personas que ejercían de facto la gestión y control del gasto, si bien, dado que no ostentaban la función de tesorero, su labor se centraba en el correcto funcionamiento formal, sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto. Se trataba, por tanto, de personal con competencias para abonar los gastos pero no de fiscalizarlos y que, tras gestionarlos, los pasaban a un supuesto filtro de firma y autorización, que era

automático, basado en la confianza y huérfano de toda calificación sobre la procedencia o improcedencia de los cargos.

Para la Fiscalía, el acusado era “plenamente conocedor” de este sistema de pagos de los justificantes que remitía y mantuvo el mismo como máximo responsable del partido e integrante de la comisión directiva (pues no en vano era el principal beneficiario del mismo).

“De este sistema se sirvió el acusado para cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios”, señala el escrito.

“Y de este modo desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio personal o de sus personas vinculadas. Así, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el acusado cargó a las cuentas del partido gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad política, que suman en su totalidad la cantidad de 5.550,51 euros”, añade.

Tales gastos vienen constituidos, según la Fiscalía, por los siguientes: “Gastos de Procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y Procurador por un asunto personal; psicotécnico para carnet de armas; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entradas para la ‘Copa Davis’, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida”.