La Fiscalía mantiene abiertas 110 diligencias penales por la situación en residencias de ancianos
Los datos son sensiblemente superiores en materia penal a los aportados la semana pasada, cuando se elevaron a 86.
La Fiscalía mantiene a fecha de este miércoles un total de 110 diligencias penales abiertas por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia de Covid-19, según datos facilitados por la Fiscalia General del Estado por comunidades autónomas y provincias.
Las cifras aportadas añaden el número las diligencias fiscales que se abrieron en su momento y han sido archivadas y también las que han decaído en la competencia del Ministerio Público al haber sido ya judicializadas. Madrid sigue estando a la cabeza de las actuaciones con 42 diligencias en trámite, y le sigue Cataluña con 24.
Tras ellas siguen en este orden, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1). En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.
Los datos son sensiblemente superiores en materia penal a los aportados la semana pasada, cuando la Fiscalía elevó hasta 86 el número de residencias investigadas por posible delito.
160 más por la vía civil
A estas investigaciones penales, se suman más de 160 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.
No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.
Cataluña concentra 78 investigaciones civiles, si bien el resto están muy repartidas por todo el territorio nacional. Le siguen Andalucía y Comunidad Valenciana con 14 cada una, mientras que Asturias y Baleares son las únicas regiones en las que no existen procedimientos abiertos.
Llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid, que lidera las investigaciones penales pero que en el caso de las civiles tan solo tiene cuatro procedimientos abiertos por Fiscalía.