La factura del último decreto de ayudas del Gobierno: 2.425 millones

El Gobierno ha cifrado en 2.425,64 millones de euros el impacto presupuestario del decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, con medidas fiscales, laborales y de protección social frente a los efectos provocados por la pandemia del virus Covid-19.

El grueso de esta factura se concentra en las medidas de carácter fiscal, especialmente en los cambios en los pagos fraccionados del impuesto de Sociedades y en el IVA a productos sanitarios, pues dejará de recaudarse con estas dos medidas 2.122 millones de euros.

Así lo cuantifica el Gobierno en la memoria de impacto presupuestario que acompaña al citado decreto ley, en la que señala que el impacto en la recaudación de las medidas de carácter tributario, como el cambio en los cálculos para pagar sociedades e IRPF será temporal, afectando principalmente en 2020 y que este coste “pueda revertirse en la mayoría de los casos” el próximo año.

Así, el cambio en los cálculos para pagar estos impuestos quedará compensado con ingresos adicionales en 2021 en el momento de presentar las declaraciones anuales de IRPF y Sociedades, y a través de unas mayores cuotas diferenciales, de duración limitada en 2020, en el supuesto del tipo de gravamen aplicable en el IVA para operaciones en el ámbito sanitario.

Concretamente, respecto al Impuesto de Sociedades, la habilitación de una opción extraordinaria de la forma de cálculo en sus pagos fraccionados, junto con la posibilidad de renunciar al método de estimación objetiva y a los regímenes especiales del IVA y del Impuesto General Canario se estima en un impacto de 1.100 millones de euros.

Asimismo, la exención del IVA, a tipo 0% hasta el 31 de julio para la importación de material sanitario de terceros países y compras dentro de la UE y España a entidades públicas, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, tiene un impacto de hasta 1.022 millones.

Por otro lado, se prevé un impacto de 24 millones de euros anuales el impacto recaudatorio en la rebaja del IVA a libros, periódicos y revistas digitales, repartido en términos de caja en 15 millones para este año y 9 millones en 2021.

Respecto a los pagos fraccionados del IRPF, el Gobierno estima que podría beneficiar a 362.000 contribuyentes, con un coste recaudatorio de 17,8 millones de euros por la reducción en los pagos fraccionados del primer trimestre, y de una cantidad aún no estimada por los del segundo, en función de cuánto se prolongue el estado de alarma.

También tendrá coste el método de estimación objetiva del IRPF, tanto en los pagos fraccionados de este año como en 2021 en las cuotas diferenciales referidas a este año que se liquiden en el ejercicio posterior, sin que se cuantifique por parte del Ejecutivo.

Sí que se cifra en 11,6 millones de euros la reducción de las cuotas del primer trimestre de este año podría afectar a cerca de 200.000 sujetos pasivos del IVA acogidos al régimen simplificado. A ello hay que añadir los menores ingresos que se puedan producir posteriormente, en el momento de liquidar los pagos fraccionados del segundo trimestre, cuya incidencia el Gobierno no ve posible estimar, por no conocer cuánto se prolongará el estado de alarma.

En relación con la concesión de avales del Estado, por un máximo de 1.200 millones de euros para cubrir los créditos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad, el Gobierno estima hasta un total 450.000 operaciones, por un importe medio de unos 2.660 euros, con una cobertura de seis mensualidades de renta como máximo.

Para asumir los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, se han modificado los límites presupuestarios del Ministerio de Transportes por un importe de 123,6 millones de euros para atender el pago de intereses, así como gastos de administración y gestión derivados a la puesta en marcha de esta línea de avales.

En materia laboral, el Gobierno apunta que el coste de la prestación contributiva de desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos ascenderá a 54 millones de euros, teniendo en cuenta que habría unos 15.000 afectados y suponiendo que el coste medio mensual de la prestación contributiva de desempleo para este colectivo, es de 1.200 euros al mes, incluyendo la nómina, 820 euros mes, y la cotización, 380 euros mes, y que la duración de la prestación será de hasta 90 días.

Por su parte, el Ejecutivo estima que considerar la extinción de la relación laboral en el período de prueba como situación legal de desempleo supondrá un coste de 41,74 millones de euros para 2.700 personas, de las cuales 2.300 accederían a una prestación contributiva (38,64 millones) y 400 a un subsidio por desempleo (3,10 millones).

Asimismo, el Gobierno también anticipa “reajustes presupuestarios” en el traspaso de las competencias en materia de gestión de clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el fin de que dicho Ministerio “pueda cumplir debidamente sus funciones”.

Por último, el decreto ley amplía el plazo de ejecución para las ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para reparar daños por el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011, con una transferencia con cargo al Fondo de Contingencia, hasta un total de 29,3 millones de euros.

Por otro lado, el decreto ley también habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito y se permite el aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDEA en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables.

En su memoria de impactos, el Gobierno estima que podrán acogerse hasta un total de 845 préstamos a este aplazamiento, con vencimientos mensuales de entre 1,2 millones y 1,3 millones de euros.

Respecto a la aportación derivada de la habilitación al Consorcio de Compensación de Seguros para desarrollar actividades de reaseguro del crédito y de caución a partir de 2020, se estima una cobertura de transacciones económicas por valor de 150.000 millones de euros, dando mayor seguridad a las operaciones comerciales.