La espiral secesionista y la estrategia del PP

La espiral secesionista y la estrategia del PP

J. F. L. A.

En anteriores escritos he mostrado mi preocupación con el auge de la extrema derecha a todo lo largo de la UE. Sus variaciones son múltiples en el paisaje político y electoral europeo, pero en su conjunto describen hilos conductores comunes: nacionalismo reaccionario, no pocas veces teñido de un neoconfesalismo que encubre, bajo un señuelo de integrismo religioso, una posición regresiva en materia de libertades, netamente antigualitaria y furiosamente identitaria (y por ello antieuropea), minada por el rechazo contra la inclusión del diferente (sean éstos gitanos, musulmanes, extranjeros, LGTB...). Asimismo, he sostenido que la eficiencia electoral del PP español se cimentó, durante décadas, en su capacidad para conglomerar en su seno muy diferentes matrices liberal-conservadores, abarcando, a su derecha, toda la extrema derecha española (que nunca dejó de estar ahí) y a la sociología nostálgica del franquismo.

A partir de ahí, cobra cuerpo la intuición de la principal causa essendi por la que, en España, hemos venido asistiendo a la reciente emergencia de una pujante formación de extrema derecha. Vox surge, es evidente, como gemación del PP o desprendimiento de éste. Pero galopa, ante todo, y preponderantemente, un tigre hipernacionalista harto de la presión secesionista catalana y de su contaminante impacto sobre la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España. Viene a afirmarse así que, más que la tecla antieuropea, machista, homófoba y xenófoba -que de todo ello hay también en el repertorio de Vox- el caballo de batalla de la variante española de extrema derecha electoral reside en la reivindicación de un contraataque implacable contra las pretensiones de los separatistas. Un contraataque que se ensancha hasta la debelación misma del Estado de las Autonomías, con una apuesta rabiosamente recentralizadora ("desacomplejada", dicen).

Vengo insistiendo hace mucho que el más peligroso efecto tóxico del populismo reaccionario (que engloba a la extrema derecha) reside en su potencial irradiación contaminante sobre los discursos políticos de la derecha mainstream, colonizando sus respuestas ante desafíos principales: en España, un PP relanzado hacia su ADN más ultraconservador, que empeora el aznarismo; y un C's que desdibuja su ADN liberal para acentuar su cariz cada vez más antiautonómico.

Es claro que pretenden dar miedo. Pero quienes rechazamos firmemente las formas y el fondo de sus estrategias, ni podemos ni debemos hacer concesiones al miedo.

Como resulta evidente, viene todo esto a cuento de la manifestación convocada el domingo 10 de febrero en Colón por las derechas españolas. Las hemos visto a todo trapo. Abocadas "sin complejos" hacia su relectura patrimonalizadora de la "Constitución", la "patria", la "bandera" de España y los símbolos que debieran unirnos en el pluralismo y en la diversidad. Mediante esa expropiación confiscatoria, a las bravas, de lo que nos pertenece a todos, tanta vociferación excluye a una mayoría real de la ciudadanía española. A cuantas mujeres y hombres comparten preocupación cívica e incluso rechazo por el inaceptable mantra secesionista -ese infumable documento de sus "21 exigencias" contra el "Estado español"-, pero no pueden compartir su altisonante retórica de choque y confrontación: "¡usurpador!, ¡ilegítimo!, ¡okupa!, ¡felón! ¡alta traición!, ¡hay que echarles!, ¡a prisión!...".

Es claro que pretenden dar miedo. Pero quienes rechazamos firmemente las formas y el fondo de sus estrategias, ni podemos ni debemos hacer concesiones al miedo. No debemos temerles ni responder con estridencias simétricas a las suyas. En particular, la izquierda de este país -que es el nuestro, que nos pertenece a todos, no solamente a los que gritan- está moral y políticamente obligada a reafirmar su posición ante la España constitucional que cumple 40 años. Y que desde luego no es la caricatura grotesca y exasperada que exudan caceroladas que remedan el lenguaje apocalíptico de la CEDA sobre los "males de la patria" casi 90 años después.

Sí que debe preocuparnos, empero, el impacto (contrastado) de esta estrategia del PP sobre la cuestión litigiosa capital: Cataluña. Y su futuro en la España Constitucional.

Inevitable preguntarse: ¿qué futuro le espera, nos espera, de prevalecer esa respuesta (ya ensayada) del PP? ¿Hay algo ahí en ese horizonte, que no sea su bloqueo y enquistamiento, por la cronificación de un 155 perpetuo? ¿Pero hay alguien que no vea que de tal regresión hacia la "suspensión indefinida" de toda autonomía en Cataluña sólo puede esperarse el imparable empeoramiento de la cuestión litigiosa, que es la de la convivencia en un espacio común que siga llamándose España? ¿Que sólo sería cuestión de tiempo que la demografía hiciera el resto del trabajo hasta que el independentismo bajo un Gobierno del PP, por el mismo patrón con que ascendió de desde un 12% hasta alcanzar más del 40%, se abriese paso hasta ser irreversiblemente mayoritario?

El debate tan ruidoso, y a ratos tan irrespirable, como el que padecemos, ha empeorado sin duda nuestra convivencia y, lamentablemente, nuestra reputación e imagen en el exterior.

Tal estrategia del PP la hemos sufrido muchas veces, tantas como hemos constatado sus efectos más nocivos: ¿O es que no recordamos su ruidosa crispación contra las leyes de despenalización de la interrupción del embarazo (¡nunca hubo "consenso" de ningún PP sobre el aborto! ¡Siempre votaron NO, siempre lo recurrieron ante el TC, a cañonazos!), contra el matrimonio igualitario (que "desnaturalizaba y rompía la familia" y era incluso ¡la "antesala de zoofilia o poligamia!"), contra el Gobierno ZP (por "accidental" e "ilegítimo" tras la "matanza de los trenes"), contra la memoria histórica ("desenterrar unos huesos"), e incluso contra el fin de ETA (por "traicionar a los muertos"... sin parar en el empeño de patrimonializar el dolor de las víctimas).

Sólo que es en Cataluña donde esa estrategia del PP ha alcanzado su peor tinte, políticamente suicida: al objetivo de "acabar con el Gobierno ZP", el PP no paró en mientes. No reparó en perjudicar la integración constitucional española de su diversidad. Con su ofensiva de campañas y sus "mesas petitorias", sus "recogidas de firmas" y su recurso de inconstitucionalidad masivo contra el Estatut de 2006, por más que fuese en todo idéntico a los de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón o Baleares, entre otros posteriores (y manipulando después la propia composición del TC al descabellado servicio de sus objetivos partidarios), el PP renunció, sí, a toda representación electoral en Cataluña (en cuyo Parlament son ahora inexistentes), con la calculada premisa de que ello les permitiría aspirar a una mayoría mesetaria en la España no periférica.

  Concentración por la unidad de España en la madrileña plaza de Colón.Getty Images

¿Cómo ignorar que la STC 31/2010, forzada por el agravio de un recurso contra el Estatut que no alcanzó a ningún otro de los llamados "Estatutos de tercera generación", desató en el independentismo la chispa que prendió el incendio? ¿Cómo ignorar, visto lo visto, el daño que ese recurso causó al TC y, como consecuencia, a la capacidad integradora de la Constitución y el pacto constitucional?

Su cuenta de resultados está a la vista. España está ahora sumida en una migraña identitaria sobre su organización territorial que apenas nos deja espacio para que hablemos de otra cosa.

Porque un debate tan ruidoso, y a ratos tan irrespirable, como el que padecemos, ha empeorado sin duda nuestra convivencia y, lamentablemente, nuestra reputación e imagen en el exterior (de eso se han encargado a tope la malversación de fondos de la Generalitat).

¿Es que no hay responsables políticos en sus cabales que no prevean que, antes de que "ese camello pase por el ojo de esa aguja", la indeseable secesión continuará sumando fanáticos dispuestos a la inmolación de toda convivencia?

Pero también porque tampoco es aceptable la reciprocidad, sin más, en la longitud de onda del rechazo a ese PP sin el que no es posible acometer un debate sobre la actualización de la Constitución ¡a sus 40 años!, pero para el que "nunca es momento" de abordar ese debate sin el que no hay solución a los desafíos planteados. ¡Como tampoco procede estigmatizar como "fascista" a todo quien se sienta agredido por el insoportable secesionismo unilateral, porque eso equivale a hacerle el juego a la cabreante caricatura de España -"franquista, sin remisión"- que el separatismo perpetra!

¿Acaso debemos resignarnos? ¿Debemos esperar a que se cierren todas las compuertas para una solución de futuro que no sea la de la "rendición incondicional" de quien ha sido reducido a la condición de "enemigo"? ¿Es que no hay responsables políticos en sus cabales que no prevean que, antes de que "ese camello pase por el ojo de esa aguja", la indeseable secesión continuará sumando fanáticos dispuestos a la inmolación de toda convivencia a costa de arruinarlo todo por la calle de en medio?

No podemos permitirlo. Es claro que el obsesivo secesionismo catalán nos ha empeorado la vida, la convivencia, todo lo que nos importa. No es tan sólo la política: basta observar la cuenta de resultados del Brexit, minado todo él de mentiras y fake news propaladas por iluminados irresponsables e intoxicadores corruptos: emerge tras tanta crispación una sociedad dividida, fracturada, empeorada toda ella por la confrontación que debió haberse evitado.

Siempre hay otro camino. Siempre tenemos elección. Diálogo dentro de la Ley, con respeto al Estatuto y a la Constitución hasta para reformarla. Para que Cataluña siga siendo España con l@s catalan@s dentro, por una ciudadanía (catalana, española, europea) de círculos compatibles. Abierta a España, a la UE y a la globalización.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).