La esperanza de las víctimas sin justicia marca el cuarto aniversario de la disolución de ETA

El 3 de mayo de 2018, ETA anunció su disolución definitiva. Ya antes había puesto fin a su actividad armada (octubre de 2011) y se había desarmado (abril del 2018), pero con su “declaración final al pueblo vasco” llegó el fin. De la banda terrorista no queda nada en el plano logístico, no tiene comandos ni cúpula y su material fue entregado hace mucho, la violencia no es un problema pero sí queda, de fondo, la deuda pendiente de la memoria, del relato y de la justicia.

En este último flanco, el cuarto aniversario del fin de la banda terrorista trae esperanza de la mano del Parlamento Europeo, que ha pedido investigar como crímenes de lesa humanidad los crímenes que quedan sin resolver, 379 casos pendientes. Ocurrió el pasado día 21 de abril, cuando los diputados aprobaron el informe de una delegación que se había trasladado a España (a Madrid y a Vitoria) el pasado noviembre y que recomendaba a las autoridades considerar la especificidad de estos asesinatos y, por tanto, la necesidad de que no prescriban.

El informe definitivo -que no es vinculante, pese a todo- propone “a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía”.

“Se reconoce que la cifra, apoyada por el Defensor del Pueblo español, de 379 asesinatos impunes en la actualidad se ajusta a la magnitud de la situación. (...) Se ha constatado que en un porcentaje significativo (aproximadamente el 44% de los asesinatos de ETA) no existe sentencia judicial”, expone también el texto final.

La primera acción contra ETA por crímenes contra la humanidad y actos de genocidio se interpuso en agosto de 2013, ante la Audiencia Nacional, por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, hoy representante de la asociación Dignidad y Justicia, cuya petición al Europarlamento acabó provocando el viaje de los políticos y, al fin, su informe y la petición de la Cámara comunitaria, que salió adelante con 27 votos favorables, tres en contra y otras tantas abstenciones. Una batalla larga, dirigida contra los jefes de la organización etarra por su responsabilidad por el mando jerárquico, que consta de más de 1.700 páginas de documentación.

El informe final de la Comisión de Peticiones señala que “España es el Estado que ha resuelto el mayor número de atentados terroristas”, pero constata que, aun así, aproximadamente el 44% de los asesinatos de ETA siguen sin sentencia judicial. El informe parlamentario recomienda “crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto”.

Además, sugiere que se modifique la legislación española para supeditar los beneficios penitenciarios a la colaboración de los terroristas condenados en la investigación de atentados de los que puedan tener información.

Buena parte de los 379 asesinatos que siguen sin resolverse diez años después del fin de la violencia de la banda datan de finales de los 70 y principios de los 80, cuando era mucho más difícil investigar estos crímenes debido a la falta de recursos, por lo que no podrían juzgarse bajo una definición incluida en el Código Penal en 2004. El PSOE había tratado de eliminar esta sugerencia a través de una enmienda alegando precisamente que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución. Al final, no procedió.

El informe recuerda que ya se han presentado “varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional”, una opción de reforma que ya apuntaron durante los debates en comisión otros diputados españoles.

También propone establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un atentado específico o promover esfuerzos para “evitar la glorificación pública” de terroristas condenados cuando salen de la cárcel, así como formar una comisión de juristas para elaborar informes sobre cada uno de los casos no resueltos de asesinato.

Otra recomendación apunta a explorar la posibilidad de que los miembros de la cúpula de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como instigadores del crimen. “Desde el Parlamento Europeo estamos enviando un mensaje contundente, claro y firme de apoyo a las víctimas del terrorismo. Nada de complacencias con los terroristas. Cuesta entender la postura de los socialistas españoles presentando este tipo de enmiendas”, señaló en un comunicado la diputada popular y presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat.

También Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), cuyo hermano Joseba fue asesinado por ETA en 2003, celebró el día de la votación que el informe ponga “en negro sobre blanco la historia de la persecución de una parte de la población vasca y el difícil y sacrificado trabajo de quienes mantuvieron el estado democrático de derecho”.

Desde Bruselas y Estrasburgo se ha dado un impulso a una de las deudas pendientes tras el fin de ETA, la del reconocimiento de la injusticia de su violencia y la rendición de cuentas. Por más que Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, dijera el pasado otoño a las víctimas: “Sentimos su dolor y nunca debió haberse producido”, quedan casi 400 casos sin justicia. Han desaparecido los atentados, pero queda el vacío de la espera, que se complica con la tentación del olvido, del pasar página rápido, y la falta de una memoria compartida sólida.

Ahora la pelota está en el tejado de las administraciones.