La brecha 'odiosa'
El conflicto institucional y social en Cataluña ha abierto un intenso debate sobre modelo territorial y encaje constitucional que tiene que ver con la relación entre Estado central y comunidades autónomas, mucho más allá de la dicotomía España/Cataluña. Inserto en este marco, y con más de tres años de retraso a causa de la desidia del PP, se desarrolla otro debate sobre reforma del sistema de financiación autonómica en un clima de crispación y contraposición de intereses entre fuerzas políticas y territorios.
Aunque el sistema de financiación en vigor, del año 2009, ha provocado la falta de financiación generalizada de todas las comunidades autónomas, ha penalizado a algunas más que otras. Andalucía ha sido una comunidad infrafinanciada, viéndose privada de recursos preciosos que han mermado su autonomía y han provocado un endeudamiento inducido por la infrafinanciación.
Además, la insuficiencia de recursos y la infrafinanciación se han amplificado debido a las políticas fiscales austeritarias, promovidas y constitucionalizadas con la reforma del artículo 135 de la Constitución y la normativa presupuestaria de carácter centralista del PP. Los resortes de la convergencia están presos de la infrafinanciación, de las reglas de gasto y de un gobierno andaluz incapaz de cerrar las brechas "odiosas" de desempleo, de desigualdad y pobreza dentro de Andalucía y con el resto de España.
El Partido Popular nunca ha creído en el Estado de las autonomías, siempre se ha opuesto a su evolución federal y ha utilizado políticamente la crisis para asfixiar y deslegitimar el gobierno de las autonomías. El Fondo de Liquidez Autonómica sirvió para establecer planes de ajuste y atarlas en corto. La infrafinanciación y limitación del gasto autonómico tiene una doble consecuencia: el recorte de la autonomía real y de los derechos por la vía de la externalización y privatización de los servicios públicos fundamentales.
Hay cuatro elementos clave en este debate: cantidad, reparto, autonomía fiscal y convergencia. El tamaño es importante cuando hablamos de financiación autonómica. Debe existir una voluntad común de que el tamaño de la tarta de la financiación se amplíe, dada la insuficiencia global para garantizar los servicios públicos fundamentales. La suficiencia de los recursos es una condición necesaria para evitar el enfrentamiento territorial. Para conseguir este objetivo es preciso pasar de un techo de gasto que limita nuestros derechos, a un suelo de ingresos que los garantiza. Es necesario derogar el 135 y constitucionalizar el blindaje de los servicios públicos fundamentales.
Desde Andalucía, hay que reclamar la puesta en marcha de una reforma fiscal general que responda a los principios de progresividad e igualdad. Y esto será posible si existe una corresponsabilidad fiscal real entre el Estado central y las comunidades autónomas: no vale pedir más financiación a Madrid con una mano y menguar las arcas públicas de Andalucía con la otra.
En segundo lugar, tan relevante como la cantidad es el reparto. En estos momentos, el cálculo de población ajustada perjudica a Andalucía. Nuestra participación en el sistema de financiación autonómica está por debajo de nuestra participación poblacional. Debemos aspirar a un modelo de financiación autonómica que no deje a nadie fuera, a unos mecanismos de reparto donde la población ajustada se asemeje a la población real. Y el reparto justo incluye la realización de una valoración de la deuda inducida por la infrafinanciación que ha sufrido Andalucía durante esta etapa y evaluar una reestructuración de la misma vía FLA. Hace falta una revisión sustancial del mecanismo para garantizar mayor margen en gasto social e inversiones, y que no sea destinado a pre-amortización de deuda privada. En este sentido, el cambio radical de la actual regla de gasto también es fundamental.
En tercer lugar, la autonomía fiscal debe salvaguardarse y potenciarse evitando comportamientos fiscales desleales que han aprovechado comunidades con mejor situación de partida y que erosionan la percepción sobre la tributación. Esto se conseguiría con niveles mínimos de tributación comunes y horquillas estrechas de gravámenes para determinadas figuras tributarias. Otro de los elementos que garantizan la autonomía fiscal y financiera es la transparencia entre haciendas central y autonómicas. En este sentido, una hacienda integrada que sería la mejor herramienta para la lucha contra el fraude fiscal.
En cuarto lugar, la brecha social "odiosa", que deja a Andalucía en los últimos lugares en empleo y en los primeros en desigualdad y pobreza, requiere mecanismos de solidaridad interterritorial que favorezcan la convergencia real entre territorios, tanto interna como externamente al sistema de financiación, con reglas objetivas y criterios de reparto que tengan en cuenta las peculiaridades económicas y sociales. No se puede dejar a la negociación bilateral entre fuerzas con intereses partidistas los niveles de inversión en las distintas comunidades.
Por último, la financiación de los entes locales, muy penalizados por las reglas de control fiscal y presupuestario que los ahogan, requiere un debate para poner en marcha un proceso de reforzamiento tanto financiero como político de nuestra administración local, como instituciones fundamentales por su cercanía a la ciudadanía.
El debate sobre financiación autonómica es, ante todo, un debate sobre un modelo de convivencia y de cohesión social, y lo es por varios motivos: el primero, porque el modelo de financiación requiere definir qué servicios públicos vamos a sostener en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas; el segundo, porque la financiación autonómica es un mecanismo de solidaridad territorial y social, nos puede definir iguales o desiguales en los hospitales, colegios o en los servicios sociales; el tercero, porque bajo la financiación autonómica subyace el marco fiscal, un pacto colectivo mediante el que contribuimos a las arcas públicas y recibimos; el cuarto y último, porque el sistema de financiación incorpora mecanismos de reparto y nivelación entre comunidades autónomas que funcionan a modo de pegamento social.
Nos parece prioritario centrar el debate sobre los elementos del sistema de financiación autonómica para reducir la brecha financiera y territorial "odiosa" en términos de suficiencia, reparto y convergencia. Junto al aumento del tamaño de la tarta de financiación autonómica hay que impugnar el marco que estrangula a las comunidades y cuestionar un status quo de amplias diferencias que, en estos momentos, impide la cohesión social. Se trata de alcanzar un modelo que fortalezca la autonomía y no la debilite, como quisieran Partido Popular y Ciudadanos. Los grandes pactos que están erosionando la convivencia en este país y ampliando la brecha "odiosa" acaban en cinco: 135 y 155. Y los han hecho entre PSOE y PP.
El cambio del actual modelo de financiación puede recorrer dos caminos. El primer camino es el de la defensa de la autonomía política de los territorios y de la recuperación de los derechos perdidos corrigiendo la situación general de infrafinanciación de todas las comunidades autónomas, y de super-infrafinanciación de comunidades como Andalucía. El segundo, es el camino de la recentralización, porque el gran peligro que esconde el debate sobre la reforma del sistema de financiación es la vuelta a una recentralización segregadora y excluyente, a la España de las regiones.
El gran peligro sería la pérdida de la ya tristemente quebrada autonomía de gobierno para Andalucía, una tremenda derrota política que representaría un retroceso social de 40 años. El PP ha encontrado en los jacobinos Ciudadanos, un socio perfecto, de anchas espaldas, que acompaña también a un PSOE derechizado en Andalucía por Susana Díaz.
