La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad al periodista turco Hamza Yalçin
Considera que el escritor, crítico con el Gobierno de Ankara y acusado de terrorismo, está en riesgo de fuga ya que no tiene arraigo en España.
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional, en espera de su posible extradición a Turquía, del periodista turco-sueco Hamza Yalçin, detenido el pasado 3 de agosto en Barcelona y acusado por la justicia turca de dirigir desde el extranjero un grupo terrorista.
El ministerio público informó en contra de la excarcelación de Yalçin, de 59 años, y ahora la sección cuarta de la Sala de lo Penal confirma su prisión porque considera que hay riesgo de fuga ya que no tiene arraigo en España.
La defensa del periodista recurrió su detención con el argumento de que la acusación de Turquía es de carácter político y aportó para ello recortes de prensa e informes sobre el país de organismos de defensa de los derechos humanos.
En cambio, la sala no entra a valorar esos argumentos, ya que considera que "no es el momento de entrar en consideraciones sobre eventuales vulneraciones de derechos fundamentales, desviación en la motivación de la reclamación y eventual persecución por razón de la actividad política" de Yalçin.
Tampoco valora los efectos que de cara a la extradición "pueda tener la circunstancia de que le haya sido concedida la protección internacional por parte de Suecia", ya que todo ello son cuestiones que se debatirán a la hora de decidir si se le entrega.
PERSEGUIDO POR CRÍTICO
Numerosas organizaciones de periodistas, de abogacía y políticas han denunciado que Turquía persigue a Yalçin por ser un periodista crítico con el régimen turco y han pedido que España desatienda la petición de extradición y lo ponga en libertad.
Turquía le acusa de insultar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y de tener "vínculos terroristas" con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C). Yalçin fue detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando iba a volar a Londres, en cumplimiento de una orden de detención de Interpol que cursó Turquía.
SIGUE LA 'RAZZIA'
La persecución a los críticos con Ankara no cesa. Hoy se ha sabido que el Gobierno de Turquía ha emitido hoy dos decretos por los que despide a 928 funcionarios, cierra dos periódicos prokurdos y crea un órgano de coordinación de los servicios de inteligencia bajo el control del presidente Erdogan. Esas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, han sido dictadas al amparo del Estado de Emergencia establecido tras la fallida intentona golpista de julio de 2016 y que permite al Ejecutivo gobernar mediante decretos que son debatidos en el Parlamento sólo treinta días después de su aprobación.
Según el decreto, los 928 trabajadores públicos han sido despedidos por su vinculación "a organizaciones terroristas, estructuras o grupos" que se considera actúan contra la seguridad nacional. Entre los despedidos se cuentan 205 militares, 120 funcionarios del Ministerio de Justicia, 120 académicos de diferentes universidades y 166 empleados municipales, la mayoría de localidades del sureste del país, donde se concentra la población kurda.
Esas 928 personas se unen a los 140.000 empleados públicos que han sido suspendidos o despedidos en el último año acusados de pertenecer a la guerrilla kurda del Partido de los trabajadores del Kurdistán (PKK) o a la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el Gobierno acusa de organizar el intento de golpe de Estado.
Por otro lado, los decretos anuncian la contratación de 32.000 nuevos miembros de las fuerzas de seguridad y 4.000 jueces.
