La Audiencia Nacional imputa a CDC y el PDeCAT por el caso del 3%
Investiga los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de la presunta financiación irregular de Convèrgencia -el conocido como 3 por ciento-, ha imputado a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política, en forma encubierta mediante "donaciones" a fundaciones ligadas a dicho partido, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política.
Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las fundaciones y, por ende, por CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con "vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".
Donaciones irregulares
Según el auto, el monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626 euros) y las prórrogas (4.539.755 euros), es decir, aproximadamente 175 millones de euros. En cuanto a las donaciones irregulares ligadas a estas adjudicaciones, ascienden a más de un millón.
El magistrado ha dictado este auto después de que pasaran por la Audiencia Nacional alrededor de una veintena de imputados en el caso del 3 por ciento. Los interrogatorios se concretaron una vez que el juez asumió esta instrucción, que provenía del Juzgado de El Vendrell (Tarragona) y, tras escuchar a todos, De la Mata ha decidido ampliar la investigación a Convergència como persona jurídica y su sucesor, el PDeCAT.
El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.
Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC conocían las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política "carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación".