La Audiencia de Sevilla da diez días a Griñán para su ingreso voluntario en prisión

Nuevo giro judicial en el caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros de los sentenciados por el caso ERE. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado este martes un auto en el que deniega la suspensión de las penas privativas de libertad, mientras se tramita el indulto solicitado por ocho de los nueve condenados a cárcel por la misma causa.

Entre ellos se encuentra el propio Griñán, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por lo contrario, la justicia sí ha acordado suspender la ejecución de la pena de cárcel de tres años impuesta al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, también mientras se tramita su solicitud de indulto.

Ahora Griñán y el resto de afectados disponen de dos días para presentar un recurso contra esta decisión. De no hacerlo o no prosperar en caso de presentarlo, deberá entrar en la cárcel.

Los otros condenados afectados

Concretamente, la Sección Primera de la Audiencia deniega suspender las penas de cárcel que afectan a Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

A comienzo de mes, la Fiscalía Anticorrupción ya había reclamado el ingreso inmediato de Griñán en prisión, manifestándose contra las peticiones de suspensión de los otros condenados. Finalmente, esta es la senda que ha recorrido la Audiencia Provincial.

A la espera de un hipotético indulto

Con esta decisión judicial, Griñán y el resto de condenados antes mencionados cuentan ahora con un plazo de diez días para entrar en la cárcel. No obstante, sobrevuelan este caso dos factores fundamentales. El primero, la posibilidad de que el Gobierno acabe acordando un indulto, una opción que no cuenta con el beneplácito de los socios del PSOE en la coalición, Unidas Podemos.

La otra gran clave pasa por la reforma del delito de malversación, que, según ha publicado este martes El País, el Ejecutivo mantiene como “línea roja” aquello que afecte a los condenados por asuntos de corrupción. Sin embargo, esta posibilidad de reforma se ha enfriado en las últimas horas. Precisamente, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo no valora “ninguna otra iniciativa” más allá de la reforma del delito de sedición.