La abstención del PP a los Presupuestos para el 2021

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son una herramienta necesaria para desarrollar las funciones del Gobierno, pero también son una herramienta fundamental para ejercer la función de control que le corresponde a la oposición. Los presupuestos son útiles e indispensables para la toma de decisiones, la fiscalización y el análisis de la situación de las cuentas del Estado.

España necesita unos nuevos PGE para el 2021 adaptados a las circunstancias que vivimos con la pandemia del coronavirus. Los que tenemos prorrogados son una “caricatura” de la realidad de las cuentas públicas. Los últimos aprobados por el Parlamento fueron los del 2018 y llevamos dos años con Presupuestos prorrogados. La IGAE pone de manifiesto que el presupuesto prorrogado no cuenta con las dotaciones suficientes para las necesidades actuales de gasto público. Entre enero y junio de 2020, se han aprobado modificaciones presupuestarias que incrementaron los créditos para gastos en 49.848,5 millones de euros, lo que supone un 17,9% del presupuesto inicial prorrogado a 2020. De dichas modificaciones 31.403 millones de euros se ejecutaron en la Sección de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (que incluye los actuales Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), lo que supuso un incremento del 113% de los créditos iniciales de esta sección. Y eso sólo en los seis primeros meses del año, y en el primer trimestre la pandemia todavía no había tenido efectos presupuestarios.

Lo más destacable de los efectos de la pandemia en la ejecución presupuestaria es una caída importante de la recaudación en los tributos, un aumento sustancial del nivel de endeudamiento y un aumento del gasto público con las medidas puestas en marcha en la lucha contra la covid-19, en parte por el aumento de transferencias a las comunidades autónomas (CCAA). Esta evolución de las cuentas públicas no se ajusta en absoluto con lo que figura en los Presupuestos prorrogados, por lo que la herramienta de que dispone el Gobierno no es válida. En vez de tener un traje a medida, el Gobierno tiene un traje viejo que se mantiene útil a base de remiendos.

El cuadro de mandos de un Gobierno son los PGE, donde se cuenta con todos los indicadores de gestión de los gastos de los distintos ministerios, la Seguridad Social, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles pertenecientes a la Administración Central. En ellos también se explicita las previsiones de ingresos de la política fiscal, las transferencias que va a recibir de la UE y de otras administraciones, la deuda pública a emitir y los ingresos patrimoniales del Estado.

La elaboración del proyecto de PGE para el 2021 corresponde al Gobierno de coalición, quien requiere de la colaboración de otras fuerzas parlamentarias para conseguir la mayoría de votos afirmativos a la hora de su aprobación. Nos encontramos ahora en la fase de elaboración de los PGE para el 2021. Algunos grupos parlamentarios, como PNV, Ciudadanos, ERC y otros grupos minoritarios, han mostrado su disposición a negociarlos, pero el problema en esta negociación son los vetos cruzados que existen entre algunos de ellos, “o conmigo o con él”. El PP y Vox, por contra, se han negado a negociarlos. En concreto, Pablo Casado ha dado una negativa sin argumentos razonables y convincentes a Pedro Sánchez al respecto.

El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la unidad por parte de todos los partidos en un momento tan crítico y complejo como el que estamos viviendo. El 15 de Octubre, España tendrá que presentar ante la UE su plan presupuestario y para entonces debe estar definido el proyecto de PGE para el 2021, donde se incorporen los recursos que van a venir de la UE, de los 140.000 millones de euros que se han pactado, más de la mitad en transferencias no reintegrables y el resto en préstamos. También se deben incluir proyectos en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia que se va a poner en marcha en nuestro país para crear empleo de calidad, recuperar el crecimiento económico y abordar las transformaciones digital, ecológica, de cohesión social e igualdad que necesitan nuestra economía y nuestra sociedad. La presentación y aprobación de los PGE para el 2021 daría crédito y confianza sobre nuestra economía en Europa y en el mundo. Daría un claro mensaje de que estamos poniendo todo de nuestra parte, al igual que lo han hecho los gobiernos en el seno de la UE.

Pero independientemente de esta oportunidad política, la oposición también debiese estar interesada en la aprobación de unos nuevos PGE para el 2021.

En el debate y trámite de aprobación, los grupos de la oposición tienen la oportunidad de presentar las enmiendas que dibujen sus presupuestos alternativos. La oposición debe y puede dar a conocer al ciudadano sus políticas fiscales, políticas financieras y políticas de gasto alternativas.

En la fase de ejecución la oposición debe de utilizar los indicadores presupuestarios para hacer un seguimiento de la gestión de los ingresos y de los gastos públicos. Con un presupuesto prorrogado esta labor de control y fiscalización tampoco se facilita, y la herramienta presupuestaria es inválida para quienes ejercen la democrática labor de oposición.

Los grupos parlamentarios que negocien y acuerden con el Gobierno los PGE darán su voto afirmativo, pero quienes no lleguen a un acuerdo pueden votar en contra o abstenerse. Con una abstención responsable también se puede colaborar a que los PGE salgan adelante, para que el Gobierno cuente con la herramienta necesaria que facilite el máximo de eficiencia y utilidad a los recursos públicos y la oposición disponga de una herramienta válida para desarrollar su labor de control. El PP, una vez ha dado su negativa a negociar los PGE para el 2021, debe plantearse la abstención para que salgan adelante, por el bien de todos. Seria una estimable y honrosa contribución a la salida de la crisis social y económica provocada por la pandemia del coronavirus.