La Abogacía se retira de la causa contable contra los independentistas del procés
Se ampara en la tesis de que los fondos que se emplearon para los planes independentistas procedían de la Administración autonómica y no estatal.
La Abogacía del Estado se retira del procedimiento seguido contra ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas. Este es el criterio unánime al que ha llegado este miércoles, amparándose en la tesis de que los fondos que se emplearon para los planes independentistas procedían de la Administración autonómica y no estatal.
La permanencia de la Abogacía del Estado en el procedimiento en esta situación entraría en colisión con la doctrina del propio Tribunal de Cuentas sobre la función que corresponde a los servicios jurídicos dependientes del Gobierno en defensa de los intereses de la Hacienda Pública.
Precisamente, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, se ha pronunciado sobre este tema en los micrófonos de RNE. Ante la pregunta de si éste es un primer paso para la retirada del expediente, Calvo ha defendido que no hay debate porque la Abogacía del Estado no puede estar ahí como indicó la Justicia en 2018.
Según la vicepresidenta primera, la Abogacía del Estado no puede actuar en esta causa “porque no se están ventilando fondos de la Administración General del Estado, sí de la Generalitat”. Además, la integrante del Ejecutivo ha criticado que hay formaciones que están haciendo política de “filibusterismo constante” que acaban confundiendo a la ciudadanía y deterioran las instituciones.
La Fiscalía continuará en el procedimiento
Por su parte, la Fiscalía, sí se mantendrá en el procedimiento. Frente a la defensa, argumenta que no existió vulneración de derechos fundamentales ni indefensión de los investigados. Asimismo, Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana también continuarán como parte de la acusación.
Los investigados tendrán ahora un plazo de cinco días para presentar un recurso contra la responsabilidad contable impuesta por el Tribunal de Cuentas, fjada inicialmente en un total de 5.422.879,48 euros.
El órgano administrativo comunicó la cuantía provisional este martes a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull, así como a otros 37 ex altos cargos de Cataluña. Se les reclama la práctica de la liquidación provisional complementaria de los gastos de Diplocat vinculados al 1-O.