La Justicia suspende exigir el certificado covid para acceder a locales en Canarias

Un revés judicial para frenar la quinta ola de la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la medida impuesta por el Gobierno de las islas para exigir el certificado covid o alguna prueba diagnóstica para acceder a los locales de restauración y hostelería.

El Gobierno autonómico había establecido esta medida para las islas que se encuentran en nivel 4 y requería que el 50% del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa realizada en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses.

La medida del Ejecutivo fue recurrida por una asociación de empresarios a los que ahora el TSJC ha dado la razón de forma cautelar. El altro tribunal, además, ha suspendido el cierre total entre las 0.00 y las 6.00 de los locales y el límite de aforo en el interior de los establecimientos, que para las islas en nivel 4 estaba fijado en un 50%.

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha admitido que le “impresionan” las decisiones de los tribunales, aunque poco después ha afirmado que la miran con “mucho respeto”: “Llama la atención que algunas de estas decisiones han sido consensuados con los sectores afectados”.

Sin acuerdo

El varapalo de la Justicia canaria llega apenas 24 horas después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejara caer que las autonomías, dentro de sus competencias, podían implementar la exigencia del certificado.

Pese a que no se debatió la medida en el consejo interterritorial de este miércoles Darias defendió que es una opción en manos de las comunidades. Eso sí, no especificó si se aplicaría a bares u otro tipo de locales.

“Las comunidades, dentro de su competencia como autoridad de salud pública, pueden requerir este tipo de documentación, como la prueba de vacunación o una prueba de diagnóstico activa. Está dentro de sus competencias”, zanjó. De momento, no se lo plantea a nivel nacional. Y la Justicia canaria ya la ha tumbado en una de las primeras comunidades en implementarlo.