La Justicia británica rechaza la inmunidad del rey emérito y abre vía a la demanda de Corinna

El Tribunal Superior de Londres ha dictado este jueves que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y por tanto puede proceder la demanda por presunto acoso interpuesta en su contra por su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, conocida en España como Corinna Larsen.

Precisamente, esta cuestión había sido una de las principales líneas de la defensa legal del rey emérito para justificar que no podía ser juzgado en Reino Unido, alegando que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso.

“En aras de la claridad, se requerirá que la Demandante modifique detalles de la reclamación para aclarar que los hechos imputados contra el General Sanz Roldán se habrían llevado a cabo por él a título personal”, ha señalado el magistrado.

¿En qué consiste la demanda de Corinna?

Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a “acoso” desde 2012 hasta el presente, personalmente o bien a través de “agentes” a su servicio. Esas acciones “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, asegura la demandante. Tal y como ha explicado la examiga del emérito, esta supuesta presión le provocó ansiedad y angustia que se tradujeron en tratamiento médico, además de la pérdida de clientes multimillonarios en sus distintos negocios.

La mujer ya había manifestado en repetidas ocasiones anteriores que había recibido amenazas por parte del entorno del rey emérito, en particular del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, como aseguró en enero de 2021 en su declaración como testigo en el juicio contra el excomisario José Villarejo, acusado de calumnias al exdirector del CNI. Según Larsen, el objetivo de esta vigilancia sería el de poder recuperar los 65 millones que ella misma asegura que le regaló Juan Carlos I “por gratitud”.

De acuerdo con el argumento de la defensa, el emérito tendría inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia a la inmunidad de extranjeros. La tesis, firmada por el abogado Daniel Bethlehem y la profesora Philippa Webb, ambos expertos en relaciones internacionales, ha sido finalmente rechazado.

El Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que respeta la decisión que ha adoptado la justicia británica de no aceptar la inmunidad del rey emérito, a la vez que ha recordado que los asuntos que tenía pendientes en España han sido archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La ministra ha afirmado que el Ejecutivo central respeta las decisiones que adoptan los sistemas judiciales extranjeros en el ámbito de sus propios procedimientos judiciales y procesales, y que la decisión en materia de estrategia de defensa que tenga que adoptar el rey emérito la tendrá que anunciar su propia defensa.

El último frente legal de Juan Carlos I

Cabe destacar que este es el último frente legal que el rey emérito tiene pendiente en los tribunales, después de que la Fiscalía española diese carpetazo a las tres líneas de investigación sobre su patrimonio. Concretamente, al archivo relativo al presunto cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.

Tras el archivo, el siguiente movimiento del rey emérito fue el de anunciar su intención de fijar su residencia en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos a la que se trasladó en agosto de 2020, y de volver periódicamente a España.

Asimismo, la Fiscalía suiza también cerró en diciembre del año pasado la investigación que realizaba sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen y diversos gestores, como Arturo Fasana y Dante Canonica, y banqueros. Esa fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares, 65 millones de euros, realizada en 2008 por el rey Abdalá de Arabia Saudí.