Juicio a la Política

Esta es una realidad: la política española se ha movido más en base a sentencias durante estos últimos años que por leyes en el Parlamento. Estos comicios del 10 de noviembre están marcados por el fallo del Tribunal Supremo sobre el procés, y la propia moción de censura por la que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa fue impulsada por las condenas de la Audiencia Nacional por Gürtel.

Los políticos en los últimos años han dejado el devenir del país en manos en los jueces, fiscales y abogados del Estado. Lo de hacer política se ha quedado en una cosa de titulares, tuits y vídeos para Instagram. Los ciudadanos así lo entienden y sitúan ya a nuestra clase dirigente como segundo problema del país, según la encuesta del CIS.

Y el mundo judicial está harto. Ya en la propia sentencia del procés, por ejemplo, se cuestionaba que un partido pueda ejercer esa labor de acusación, como hizo Vox. La presencia en un proceso penal de una formación política no es “positiva”, admitía en el fallo el Tribunal Supremo, aunque sea una posibilidad legal.

Ese enfado, en este caso, de los fiscales ha marcado este miércoles, a escasos dos días de que acabe la campaña: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con Íñigo Alfonso en RNE ha señalado que la Fiscalía dependen del Gobierno. Todo a raíz de la ya polémica promesa que hizo durante el debate del lunes de traer a Carles Puigdemont a España para ser juzgado.

“La Fiscalía, ¿de quién depende?”. “Pues ya está”, contestaba el presidente. Auténtico estupor en el gremio al escucharlo. Hasta la propia Fiscalía General del Estado -a la que nombra el Gobierno- ha emitido un comunicado resaltando que la actuación durante el juicio del procés se ha hecho bajo la “autonomía funcional” del Ministerio Público y bajo los principio de la legalidad y la imparcialidad.

¿Un traspiés? ¿El giro de guión?

Las palabras de Sánchez se enmarcan dentro del giro de guión hacia una posición muy dura con el independentismo en busca del voto del centro con propuestas como la tipificación en el Código Penal de la convocatoria de referéndums ilegales. Y hoy ha vuelto a saltar esa chispa con la Fiscalía, con la que el Gobierno ha mantenido en privado discrepancias por el juicio al separatismo. El Ejecutivo mantenía la postura de la Abogacía del Estado -delito de sedición- mientras que la Fiscalía tiró por la rebelión. El Supremo secundó la primera de las posturas.

Han sido estas declaraciones el gran patinazo en esta campaña del socialista. Posteriormente ha tenido que publicar un tuit, que no era una disculpa tal cual, pero matizando sus afirmaciones. Además, han servido al independentismo para azuzar y seguir con su discurso de que la Justicia española no es neutral y está a las órdenes del Gobierno.

Al presidente le han llovido las críticas de asociaciones de fiscales. Pero también de sus rivales políticos: Pablo Casado (PP) ha hablado de la “indignación lógica” de los fiscales y se ha preguntado por qué Sánchez no ha actuado ya contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Para Pablo Iglesias, Sánchez “no es tonto” y que con esas afirmaciones “estaba mandando un mensaje a la derecha”: “Cataluña puede ser una excusa para gobernar juntos”. Y Albert Rivera le ha acusado de echar por tierra” el trabajo de jueces y fiscales y ha asegurado que él nunca les dirá “cómo tienen que actuar”.

¿Hasta cuándo la judicialización?

Cataluña ha sido el ejemplo más claro de la judicialización de un problema político. El PSOE siempre se lo echó en cara al Partido Popular. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría siempre optaron por llevar este tipo de asuntos al Constitucional y al Supremo. Pero el socialismo también se ha encontrado con que ha tenido que llamar a las puertas de los jueces ante nuevos desafíos como las declaraciones impulsadas por el Parlament o el plan de diplomacia exterior del Govern. Los intentos de diálogo acabaron con el famoso ‘relator’ y el voto de ERC y Junts contra los presupuestos, lo que provocó adelantar al 28-A las elecciones.

Un culebrón judicial hasta con escenarios internacionales: este mismo miércoles ha habido por la mañana otra mala noticia para la Justicia española. Las autoridades del Reino Unido tildaban de “desproporcionada” la orden de detención europea por la que España reclama a la exconsejera catalana Clara Ponsatí para ser juzgada por sedición y han rechazado tomar ninguna medida contra ella. 

Al final del día, el Gobierno ha explicado que Londres le ha informado de que la orden de detención sigue cursada y pendiente de ser admitida, y que las autoridades británicas responsables de tramitarla retiraban lo de “desproporcionada”.

La Justicia se ha convertido también en un gran espectáculo mediático, que ha lanzado estrellas como Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo. Y en prime time se ve a abogados que son ya familiares para todos los españoles: de Andreu Van den Eynde a Gonzalo Boyé. Incluso el letrado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dado el salto a las listas del Congreso.

Un año de Poder Judicial interino

El enfado en el mundo judicial también es patente por otra anomalía: la renovación del Poder Judicial. Desde hace casi un año el órgano de gobierno de jueces está en funciones, tras caducar el 4 de diciembre de 2019. No ha habido acuerdo para nombrar sucesor a Carlos Lesmes, que entiende que esto provoca desconfianza entre los ciudadanos. Y no solo eso: hubo un pacto frustrado para nombrar a Marchena, que renunció, tras publicarse unos whatsapps del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, diciendo que así dominaría “desde detrás” la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Una situación que no solo afecta al CGPJ, ya que la inestabilidad y la falta de acuerdos han hecho que estén pendientes renovaciones como la de RTVE o la del Defensor del Pueblo.

Y desde los tribunales nos llegaba la otra gran noticia que ha marcado este miércoles de campaña: se ha filtrado el sumario de la Operación Judas. Y, según consta, los CDR tenían el plan de encerrarse con Torra en el Parlament, durante una semana, y que diera tiempo a proclamar la independencia otra vez.

Ferran Jolis, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, confesó al juez instructor que detrás del plan para ocupar el Parlamento catalán estaba el president Quim Torra “para echar pa’lante lo de la independencia”. Por cierto, estos grupos tenían seudónimos para hablar de Torra y de Puigdemont: Gandalf y Lisa.

Una campaña de debate sobre euroordenes, indultos, acusaciones populares, sediciones… Una clase de Derecho en constante evaluación. Y el juicio a la política llegará este domingo. ¿Cuál será la sentencia?