La juez cita como investigado a Torrent por desobedecer al Constitucional
El expresidente del Parlament está en el punto de mira por tramitar las resoluciones a favor de la autodeterminación.
El pasado del procès llama a la puerta. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado este lunes a declarar como investigados para septiembre al actual consejero de Empresa (y expresidente del Parlament), Roger Torrent, y a los tres miembros de Junts y de ERC de la Mesa de la Cámara, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret verá el próximo 15 de septiembre a Torrent y a los también investigados Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de Junts, y a Adriana Delgado, de ERC, contra quienes la Fiscalía se querelló por desobedecer al órgano encargado de interpretar la Constitución al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
Torrent ha advertido de que hay un intento de “limitar la libertad de expresión” en la Cámara catalana y ha lamentado que se le cite como investigado por haber tramitado como presidente ambas resoluciones: “La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión”, ha remachado en un tuit.
Esta causa parte de una querella de la Fiscalía. Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella. Pero el tribunal los rechazó y la magistrada instructora ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.
El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación.
También se refiere a una resolución tramitada el mismo día y que “reiteraba la reprobación” al rey después de que el Constitucional ya había declarado ilegales los apartados de otra resolución en el mismo sentido.
El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al TC, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.