La fortuna de Juan Carlos I se fraguó, supuestamente, con la venta de armas a países árabes
Según adelanta el diario 'Público', habría perpetuado un supuesto fraude junto al que fue su administrador privado, Colón de Carvajal.
Las acusaciones contra el rey emérito se acumulan. Juan Carlos I habría fraguado su fortuna a través del tráfico de armas en países árabes, según ha adelantado este domingo en exclusiva el diario Público. El supuesto fraude habría sido perpetrado junto al que fue su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal.
El medio se remonta hasta 1977, cuando el rey emérito nombró a su amigo Colón de Carvajal senador por designación real, “así como administrador solidario al 50% –como pantalla de su propia participación– de todos sus negocios, empezando por el más rentable que hay: la venta de armas”. En ese momento, en una visita a Riad –capital y principal centro de negocios de Arabia Saudí–, Juan Carlo I inició las negociaciones para la fundación de la empresa que canalizaría “el comercio entre los dos países”: Alkantara Iberian Exports.
El príncipe Fahd –“en aquel momento hombre fuerte del régimen del rey Jaled, sucesor de Faisal”– nombró delegado saudí de la empresa al traficante de armas Adnan Khashoggi, mientras que Juan Carlos I designó a Manuel Prado como presidente de la compañía. Además, según señala el texto, la empresa estaría financiada con fondos públicos en la mitad española: “El Instituto Nacional de Industria (INI) pondrá un 25% y Focoex (Fomento del Comercio Exterior, que forma parte del Banco Exterior de España, pero opera desde Panamá) el otro 25%”.
La elección de los cargos de Alkantara –constituida en Londres el 6 de julio de 1978– la completarían Borja Prado Eulata, hijo del socio y testaferro del rey, quien trabajó para Focoex de 1980 a 1988; y Francisco Jiménez Torres, quien acabaría asesorando como abogado a Khashoggi en operaciones comerciales internacionales.
Información “clasificada”
El artículo destacada también la falta de transparencia en todas la operaciones internacionales de ventas de armas, dado que “eran consideradas materias clasificadas”. Al tratarse de “asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos el conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”, con lo que estaban amparadas por el artículo 2 de la ley 9/1968, de 5 de abril sobre secretos oficiales. “Una ley que todavía hoy sigue vigente e impide obtener los documentos de esos contratos gestionados por Alkantara”, destacan.
El 13 de agosto de 1982 Prado y Khashoggi registraron la compañía en el paraíso fiscal de Chipre, según Público, lo que demuestra la voluntad de ambos de “hacer negocios opacos de tráfico de armas a través de Alkantara”. De esta forma la compañía puede operar fuera del control de tanto del gobierno saudí como del español.
En 1985, ya con Felipe González como presidente, el Gobierno hizo su primer informe oficial sobre las compañías más importantes de venta de armas españolas. Este situó Alkantara al frente de la lista, a pesar de admitir que ni la misma Moncloa “controla el destino final de las exportaciones de material bélico español” ni las comisiones de esta.
En 1989 el INI decide disolver Alkantara tras el escándalo por imputación de Khashoggi en el caso Irán-Contra por la venta de armas a Irán para financiar a los mercenarios que combatían el Gobierno de Nicaragua (1985-1986). Antes, sin embargo, le pasa la empresa al traficante de armas Abderramán El Assir, a quien introdujo en el círculo de poder de Marbella.
El negocio de la venta de armas de la empresa continuó dos años más, hasta que fue finalmente disuelta el 14 de noviembre de 1990.
12.500 millones de pesetas en comisiones
Hasta entonces, los movimientos de la empresa lograron cantidades millonarias en comisiones por la venta de armas. Entre las diversas operaciones, el medio destaca las realizadas en Marruecos durante años por un importe total de 570 millones de dólares, más de 62.000 millones de pesetas.
“Esa operación es la mayor venta de armamento del Gobierno español a Marruecos de la época y las comisiones que se reparten los mediadores sumarían unos 12.500 millones de pesetas, explica el artículo. Sin embargo, aseguran que “los comisionistas que trabajaban con Alkantara hacían tráfico de armas con todos los países que podían, aprovechando todas las guerras y conflictos de aquellos años,” según declaraciones de uno de los amigos del rey consultados.
Rumbo a Suiza
Manuel Prado, para “ocultar mejor sus actividades lucrativas a medias con Juan Carlos”, fija en 1983 su residencia en Suiza y funda allí la compañía Trébol S.A. Desde allí, pudo “evadir fiscalmente los beneficios del holding Trébol en España”, eso sí, manteniendo estrechas relaciones con la Zarzuela.
“En 1984 Alkantara Iberian Exports Ltd es ya la mayor exportadora de armas de España y su mejor cliente acaba siendo Egipto, que compra buques de guerra y vehículos militares a empresas españolas”, añade el artículo. Sin embargo, “en 1985 Egipto suspende pagos en plena crisis financiera internacional y nunca devuelve aquellos créditos en España”.
El resultado para el rey y sus socios fue el mismo: “Las empresas fabricantes españolas cobran la totalidad del facturado y los socios de Alkantara se embolsan sus comisiones millonarias íntegras, a cuenta de estos préstamos del Estado”.
“Diez años después, España tendrá finalmente que condonar a Egipto 18.800 millones de pesetas, con los que se han financiado esos negocios. Por tanto, toda la operación, incluidas las comisiones del rey y sus socios, se pagan con fondos públicos”, tal como recogerán José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en su obra El dinero del poder. La trama económica en la España socialista, según denuncia Público.